Escribe:
Ricaldi Ramírez Ruiz (*)
En primer término, a diferencia del comentario, soy un peruano convencido que el gobierno del Presidente Ollanta Humala se va desplazando con gradual eficacia. La situación de la economía mantiene su ritmo, no la afecta la crisis financiera internacional que mantiene preocupados a muchos países del orbe, como al mismo EE.UU. Se han aprobado en estos casi 3 meses de gobierno medidas muy necesarias al interés nacional y en estrecho vínculo con lo anunciado en el Plan de Gobierno.
No se puede pedir más ni ser exagerados; la prensa peruana y sus actores en algunos casos no vienen cumpliendo el rol responsable y en ello se sigue dando la impresión que con sus posturas y compromisos quieran causar una desestabilización al sistema democrático. Basta leer a los directores de muchos diarios o los mismos programas de noticias de la TV peruana para interpretar una intención abiertamente socavadora.
Volviendo a la referencia, hasta el momento casi 3 meses del nuevo gobierno el Ejecutivo viene entregando al país, un vagón de medidas que satisfacen, verbigracia: consulta previa a pueblos nativos i/o amazónicos, pensión 65, nuevo nivel remunerativo al salario mínimo vital; en eliminación de la corrupción enquistada en el aparato público del Estado, poda y reorganización en las Fuerzas Policiales y FF.AA.; decisión de cobranza por las sobre ganancias mineras que recupera 3 millones de soles por año en favor del fisco peruano. Otras más, como inclusión social.
Es precisamente por el contenido de la Ley de Consulta Previa, donde queremos comentar. Amén de ser una medida que las comunidades nativas y expresamente amazónicas esperaban, con esto se puso fin al predominio existente - como sigue ocurriendo ahora en muchas otras actividades- de volcar las riquezas de los pueblos sin reserva de ningún orden en favor de terceros. Valga la verdad, hasta el 28 de julio del presente año nunca se tomó en cuenta el parecer, la opinión de los pueblos dueños de la riqueza. Ha sido una medida tomada a tiempo que preservará racionalmente la actividad de explotación de recursos protegiendo el sistema, ecología y siendo equitativos con los pueblos que generosamente brindan su riqueza.
Precisamente, creyendo que esta ha sido una medida buena, oportuna, reivindicativa es que estableciendo una opinión y en la búsqueda de ampliar los beneficios que ella determina, decimos: Esta ley como cualquier otra no deben tener un espíritu exclusivista; las leyes no deben tener alcances o beneficios cortoplacistas que repercutan en trascendencia de nombre propio. Por qué no aprovechamos del espíritu de esta ley, para recomendar al gobierno que por analogía social, se extienda su criterio y se busque la consulta previa a otros pueblos que sin ser andinos, se ven afectados con sistema monopólicos, explotación ciega de recursos amparados en gravísimas desigualdades.
Si se entiende que el bien nacional -caso pueblos amazónicos- deben ser protegidos y consultados previamente, el mismo parecer, la misma intención, la misma cautela del Estado, debe reservarse a todos por igual. No creemos que la voluntad sea proteger a unos y a otros no. La voluntad de la ley debe ser nacional, es mas en todo el territorio nacional existen coyunturas urgentes que necesitan que a los pueblos se les consulte para no vivir aparentemente en un sistema democrático, pero sin derecho a la opinión.
Es el caso, por ejemplo, de los pueblos petroleros donde están asentadas empresas extranjeras que explotan y explotan, pero sus gentes no tienen derecho a dirimir una consulta. Los pueblos del sur del Perú donde las "dragas" se tragan en explotación la producción de oro; en el trapecio amazónico la explotación irracional de la madera, recursos alimenticios, medicinales, otras bondades. En el caso escueto de la actividad petrolera ha llegado la hora que a trabajadores y pueblo se le dé la prerrogativa de consulta. No negamos que la inversión es buena y oportuna, pero guardando la equidad, el respeto, la soberanía.
Si comprobamos que la intención nacionalista del nuevo gobierno es recuperar, devolver la soberanía de los peruanos sobre sus derechos, propiedades, riquezas. Y acabar con el entreguismo, la claudicación propiciada desde la dictadura de Fujimori; corresponde entonces, revisar a fondo todo el tinglado verificando cómo se entregaron los lotes petroleros a las transnacionales. Es hora de la verificación histórica para saber cuánto producimos en explotación del crudo, cuánto pagan las petroleras y cuánto ganan. Es la opinión del Perú la que debe consultarse, aquí también corresponde una Consulta Previa; salvo mejor parecer.
(*) Periodista
Director NoticiasTalara.Com
Prensa Digital
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