Escribe:
Francisco Miró Quezada Rada
Se ha cumplido, exitosamente, el proceso de transmisión de mando. El presidente Ollanta Humala asumió el gobierno del país en un clima de gran expectativa y con varios anuncios importantes en concordancia con algunas promesas de campaña, dentro del urgente objetivo de crecimiento económico con inclusión social.
Sin embargo, el mensaje estuvo también salpicado de preocupantes evocaciones simbólicas del plan inicial de corte estatista (“La gran transformación”), que deben ser despejadas en los próximos días cuando el jefe del Gabinete, Salomón Lerner Ghitis, presente al Congreso su plan general de gobierno. En política las formas importan, por lo que, a pesar de que los vicepresidentes Omar Chehade y Marisol Espinoza han aclarado que la mención a la Constitución de 1979 fue simbólica, se trata de un hecho provocador que podría acentuar la confrontación con otras fuerzas políticas, justo cuando se llama a la concertación nacional. A propósito de ello, es necesario explicar qué se entiende por nuevo contrato social y qué cambios implicaría.
En anuncios, no sorprende el lanzamiento de Pensión 65 y Cuna Más, casi lemas de campaña, pero se espera definiciones del universo por cubrir y del financiamiento. El tema de la masificación del gas natural y del gas licuado del petróleo resulta también positivo, siempre que se debata sobre bases realistas y sin forzar los mecanismos de mercado. Y, el aumento del salario mínimo en dos bandas y la revisión de las remuneraciones de los militares y policías son asuntos que merecen un análisis costo-beneficio dentro del gran marco de la reforma del Estado, en el que la relación con los gobiernos regionales y alcaldías es vital. Luego, es urgente que se publique el mapa de pobreza y la ubicación de los 800 distritos más pobres del país, requisito básico para el planeamiento de una estrategia integral y eficaz de inclusión social, que vaya más allá del simple asistencialismo.
El presidente Humala, lo que es positivo, ha reiterado su promesa de respetar las inversiones y los contratos del Estado, que se anclan en el ordenamiento constitucional vigente, con lo que pueda asegurarse tanto el sostenido crecimiento económico cuanto el l mayor empleo, la demanda interna y los programas sociales. La redistribución solo es posible con un engranaje político y económico estable y predictible. En ese contexto el énfasis en el impuesto a las sobreganancias mineras debe darse dentro de un clima de negociaciones y sin enconos. Un asunto conexo que debió merecer mayor atención es el manejo de los conflictos sociales.
Otro tema especialmente delicado, para ser debatido en el Congreso, es el nuevo papel que pretendería dársele al Estado, sobre todo porque nuevamente se mencionó el discutible y ambiguo término de “economía nacional de mercado”. La creación de una aerolínea de bandera, el reflotamiento del SIMA y el reforzamiento de Enapu son iniciativas polémicas. El papel regulador es indiscutiblemente necesario, pero debemos ser cautos, a partir de la experiencia velasquista, respecto de excesos intervencionistas que podrían llevar a desalentar a la empresa privada y las inversiones –puntal del crecimiento– y cobijar agendas clientelistas que solo llevan al despilfarro, la ineficiencia y la corrupción.
El combate contra la grave lacra de la corrupción, y la mayor drasticidad para este delito, es otro anuncio saludable. Lo mismo puede decirse de la lucha contra la informalidad y del combate contra el narcotráfico, en lo que destaca la tesis de la responsabilidad compartida y la reducción de las áreas cultivadas.
En el ámbito de las relaciones exteriores resulta adecuado que se remarque no solo el respeto del Perú al esperado fallo de La Haya en el diferendo limítrofe con Chile, sino también la necesidad de reforzar los vínculos de integración con la región, que debe hacerse sin limitarse solo a algunos bloques y considerando también los enormes beneficios de la apertura económica y comercial de los últimos años, con los tratados de libre comercio.
Ante un reto tan grande, se esperan los deslindes necesarios. En tanto, saludamos la declaración del presidente Humala de respeto a la libertad de prensa, opinión y expresión, así como su llamado a la responsabilidad y vigilancia democrática de la oposición. Eso debe caracterizar su gobierno, para que el crecimiento con inclusión social y en democracia alcance a todos los peruanos y, al cabo de cinco años, podamos participar de una sociedad más equitativa, pujante y solidaria donde se ejerzan de modo irrestricto y armónico los derechos humanos, políticos, económicos y sociales.
(*) Periodista
Director Diario El Comercio
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