domingo, 31 de julio de 2011

INFORMACIÓN REGIONAL...Municipalidad de Piura agobiada por tres mil procesos judiciales

Piura, jul. 31. Una grave amenaza para la buena marcha económica de la Municipalidad, constituyen los cerca de tres mil procesos judiciales que enfrenta la Municipalidad de Piura, la mayoría de ellos, de contenido laboral, que conllevan necesariamente una carga monetaria.

El procurador municipal abogado Carlos Cárcamo Ladines, dijo que son alrededor de mil 500 procesos laborales en que la Municipalidad es la demandada.

La gran parte de demandas son por reincorporación, reconocimiento de beneficios sociales, acciones contenciosas administrativas (nulidad de resoluciones municipales) reclamando un derecho, pero casi en su totalidad solicitan beneficios económicos.

Cárcamo recordó que las gestiones pasadas dejaron una pesada carga judicial porque no supieron manejar el tema del personal. Se contrató en forma desordenada, se dejó vencer plazos, se otorgó certificaciones dudosas y con ello, los extrabajadores que fueron contratados por unos días, hoy demandan reposición.

Hoy, intenta corregirse esta situación para evitar que por equivocación, error o picardía se dé pie a un reclamo judicial de quienes no tienen derecho. Esto debido a que el Poder Judicial de Piura tiene un criterio que a nuestro entender es equivocado, que a veces da la razón a quienes no lo tienen, expresó.

Casi todas las demandas son declaradas fundadas y lo que trae con ello, es que se obligue a pagar a la Municipalidad sumas exorbitantes o se reponga a trabajadores que no tienen derecho, sostuvo.

Uno de los casos más saltantes es la demanda formulada por el exdirector de la Orquesta Sinfónica, el maestro Manuel Cuadros Barr, a quien el Poder Judicial ha ordenado el pago de 222 mil nuevos soles por beneficios sociales.

Así, como ese caso hay muchos, inclusive en algunos se ha ordenado embargos contra los bienes municipales, todo por la desidia de la gestión anterior que no hizo valer el derecho a tiempo, pues cuando existe una sentencia que obliga a una entidad pública a pagar sumas de dinero, dentro de los seis meses se puede solicitar que esta sea fraccionada hasta en cinco años, pero no se hizo, manifestó Cárcamo Ladines. (Colaboración: Fiquique)

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