¿Petroperú bajo control del Consorcio Camisea?
El rumor que crece en los medios petroleros es que el gobierno estaría a punto de importar desde París un nuevo presidente para PetroPerú, tomándolo prestado de la poderosa empresa de energía y agua Suez Energy, de nombre César Ortiz Sotelo, que para mayores señales fue el encargado de extender la invitación a los periodistas de la Cofradía, Rafael Hidalgo, Aldo Mariátegui y Hugo Chauca, a un inolvidable viaje en mayo de 2007, a las instalaciones de la Suez en Bangkok, Tailandia, que trajo a cuento el asunto de los conflictos de interés, tomando en cuenta que por aquella época la compañía franco-belga promovía la construcción de un anillo energético para abastecer el norte de Chile con Gas Natural peruano proveniente de Camisea y los hombres de prensa del cuento no se cuidaron de dejar huella de su apoyo a esta medida.
Suez es uno de los grandes operadores de energía en Chile, teniendo concentrada buena parte de sus inversiones en el norte de ese país bajo la forma de centrales eléctricas de gas que se quedaron sin abastecimiento cuando Argentina sufrió una crisis de insuficiencia de este producto para su mercado interno en el año 2004 y descontinuó la venta a su vecino a través de los gasoductos que surcan los andes secándole literalmente los tubos. En el Perú la empresa Suez había pasado por la amarga experiencia del “Arequipazo” de 2002, cuando Toledo quiso privatizar las eléctricas del sur y le otorgó la propiedad a la empresa europea, que sin embargo tuvo que devolver lo pactado ante la rebelión de la población de la Ciudad Blanca.
Suez ha estado también detrás de Sedapal, la más importante empresa de saneamiento y agua del país y se hizo posteriormente del proyecto hidroeléctrico Yuncán en Cerro de Pasco, que iba a canjear la entrega de la generación eléctrica en ese departamento por inversiones de agua potable en la ciudad de Cerro de Pasco. El proyecto está en plena operación, pero los habitantes de la más alta ciudad del mundo siguen sin agua potable. Finalmente Suez se convirtió en Calidda para asumir la distribución de Gas Natural al mercado de Lima, lo que como es evidente se ha hecho en cámara lenta, retrasando largamente la anunciada reconversión de la matriz energética en el país. Obviamente esta relación directa con el tema del gas, convierte a Suez en un asociado del consorcio Camisea, lo que haría tanto más preocupante la versión de la pronta llegada de Ortiz Sotelo para hacerse cargo de la única empresa pública que ha marcado un perfil nacionalista a sus inversiones, especialmente en los proyectos de modernización de la refinería de Talara y del retorno de PetroPerú a la extracción petrolera en forma asociada.
La hipótesis de que Ortiz Sotelo llegue al Perú para poner a la empresa petrolera del Estado bajo control del Consorcio Camisea, en momentos en que se ha trabado la ejecución del Gasoducto Andino que llevaría Gas Natural a los pueblos del sur, cuando la continuidad de Petrobras de Brasil está en veremos, cuando Repsol quiere vender La Pampilla y PetroPerú podría asociarse para adquirirla, es como para asustarse. De ser cierto el rumor que corre en los medios políticos, estaríamos sin duda ante un nuevo paso en el copamiento del Estado que lleva adelante el ministro Castilla y la tecnocracia que responde a sus directivas, en asociación con los más grandes grupos de inversión. De estas intenciones es algo que conviene estar advertidos para que no vuelvan a sorprendernos.
Suez ha estado también detrás de Sedapal, la más importante empresa de saneamiento y agua del país y se hizo posteriormente del proyecto hidroeléctrico Yuncán en Cerro de Pasco, que iba a canjear la entrega de la generación eléctrica en ese departamento por inversiones de agua potable en la ciudad de Cerro de Pasco. El proyecto está en plena operación, pero los habitantes de la más alta ciudad del mundo siguen sin agua potable. Finalmente Suez se convirtió en Calidda para asumir la distribución de Gas Natural al mercado de Lima, lo que como es evidente se ha hecho en cámara lenta, retrasando largamente la anunciada reconversión de la matriz energética en el país. Obviamente esta relación directa con el tema del gas, convierte a Suez en un asociado del consorcio Camisea, lo que haría tanto más preocupante la versión de la pronta llegada de Ortiz Sotelo para hacerse cargo de la única empresa pública que ha marcado un perfil nacionalista a sus inversiones, especialmente en los proyectos de modernización de la refinería de Talara y del retorno de PetroPerú a la extracción petrolera en forma asociada.
La hipótesis de que Ortiz Sotelo llegue al Perú para poner a la empresa petrolera del Estado bajo control del Consorcio Camisea, en momentos en que se ha trabado la ejecución del Gasoducto Andino que llevaría Gas Natural a los pueblos del sur, cuando la continuidad de Petrobras de Brasil está en veremos, cuando Repsol quiere vender La Pampilla y PetroPerú podría asociarse para adquirirla, es como para asustarse. De ser cierto el rumor que corre en los medios políticos, estaríamos sin duda ante un nuevo paso en el copamiento del Estado que lleva adelante el ministro Castilla y la tecnocracia que responde a sus directivas, en asociación con los más grandes grupos de inversión. De estas intenciones es algo que conviene estar advertidos para que no vuelvan a sorprendernos.
Reforma magisterial: la agenda que se viene
El Congreso aprobó la Ley de Reforma Magisterial que se enviará al Ejecutivo para su promulgación. Ley clave que alude al actor central de una transformación educativa fue fruto de un proceso de negociación del Ministerio de Educación con el Ministerio de Economía en un contexto bastante difícil para la gobernabilidad educativa: reivindicación económica no satisfecha del magisterio, conflictos y divisiones del gremio docente y presión de fuerzas políticas retardatarias que ganan a río revuelto: el Fujimorismo y el senderismo en todas sus variantes.
Por presión adicional de la Comisión de Educación del Congreso se logró abrir algo más los candados que pone el Ministerio de Economía, especialmente cuando se trata de “gasto corriente”, es decir salarios, es decir personas. Otra Mirada ya alertó sobre la excesiva preeminencia del Ministerio de Economía en decisiones presupuestales que socavan la agenda actual de inclusión. Esta requiere redistribución de los recursos del crecimiento a la vez que financiación de proyectos estratégicos para desarrollar la producción y el mercado interno. Es imprescindible invertir en las personas y en el desarrollo endógeno con valor agregado, superando el esquema extractivo de materias primas.
Como señalan diversos analistas la ley de reforma magisterial (inversión en personas) no es perfecta pero constituye un avance cuya viabilidad requiere condiciones de gobernabilidad. Esta a su vez precisa la forja de un contrato social entre Estado, maestros y sociedad. Hay que considerar que las distancias que existen aún son significativas, que el maestro se siente amenazado en lugar de revalorado y que los plazos de debate resultaron estrechos.
La ley unifica en un solo estatuto legal al conjunto del magisterio, superando un enorme desorden administrativo. Su orientación meritocrática estimula la mejora profesional en un horizonte de 8 niveles de carrera entre los cuales se establece una distancia salarial significativa que permite un progreso real del maestro que asciende. Reúne en un solo concepto bonificaciones que antes estaban fuera del salario y de la base pensionable. Hay puntos que debieron incorporarse como el de la bonificación para los maestros que incluyen a estudiantes con discapacidad y otros que pudieron mejorarse como el de la base pensionable, restricciones ambas que quizás obedezcan a criterios poco aceptables de “caja fiscal”. Está el tema de la base salarial, materia de otra necesaria negociación donde habiéndose dado un incremento importante, dada la inercia de precariedad, resulta aún insuficiente. Un asunto sensible es la estabilidad laboral y la situación de los maestros que resulten desaprobados: se plantea reconversión laboral vía Ministerio de Trabajo pero debe asegurarse viabilidad financiera. Lo que está pendiente es la formación docente: la otra cara de la moneda en una propuesta de revaloración de la profesión. Asunto difícil y espinoso es la evaluación de desempeño que suscita enorme desconfianza por los niveles de debilidad ética que tiene la institucionalidad pública.
Son cuestiones a solucionarse para hacer posible la gobernabilidad educativa. El esfuerzo que haga el Estado requiere como contraparte el de los maestros que siendo mejor remunerados, reconocidos y formados se comprometan a la buena docencia y apuesten por un país que crezca con ruta propia y capacidad de innovación.
Como señalan diversos analistas la ley de reforma magisterial (inversión en personas) no es perfecta pero constituye un avance cuya viabilidad requiere condiciones de gobernabilidad. Esta a su vez precisa la forja de un contrato social entre Estado, maestros y sociedad. Hay que considerar que las distancias que existen aún son significativas, que el maestro se siente amenazado en lugar de revalorado y que los plazos de debate resultaron estrechos.
La ley unifica en un solo estatuto legal al conjunto del magisterio, superando un enorme desorden administrativo. Su orientación meritocrática estimula la mejora profesional en un horizonte de 8 niveles de carrera entre los cuales se establece una distancia salarial significativa que permite un progreso real del maestro que asciende. Reúne en un solo concepto bonificaciones que antes estaban fuera del salario y de la base pensionable. Hay puntos que debieron incorporarse como el de la bonificación para los maestros que incluyen a estudiantes con discapacidad y otros que pudieron mejorarse como el de la base pensionable, restricciones ambas que quizás obedezcan a criterios poco aceptables de “caja fiscal”. Está el tema de la base salarial, materia de otra necesaria negociación donde habiéndose dado un incremento importante, dada la inercia de precariedad, resulta aún insuficiente. Un asunto sensible es la estabilidad laboral y la situación de los maestros que resulten desaprobados: se plantea reconversión laboral vía Ministerio de Trabajo pero debe asegurarse viabilidad financiera. Lo que está pendiente es la formación docente: la otra cara de la moneda en una propuesta de revaloración de la profesión. Asunto difícil y espinoso es la evaluación de desempeño que suscita enorme desconfianza por los niveles de debilidad ética que tiene la institucionalidad pública.
Son cuestiones a solucionarse para hacer posible la gobernabilidad educativa. El esfuerzo que haga el Estado requiere como contraparte el de los maestros que siendo mejor remunerados, reconocidos y formados se comprometan a la buena docencia y apuesten por un país que crezca con ruta propia y capacidad de innovación.
Recordando el artículo 53
Me recuerda mi amigo Walter Palacios que la Constitución de 1933 tenía un artículo N° 53 que se hizo merecidamente famoso. Era el que decía: El Estado no reconoce la existencia legal de los partidos políticos de organización internacional. Los que pertenecen a ellos no pueden desempeñar ninguna función política. “Internacional” tenía entonces la connotación que hoy se le otorga a la palabra “terrorista”. Es decir, el que es diferente y constituye una amenaza para los demás.
Obviamente el legislador dirigía su puntería a dos partidos en concreto: el APRA (que se proclamaba Alianza Americana) y el Partido Comunista, que era integrante de la Internacional Comunista o III Internacional.
En 1945 (gobierno de Bustamante) y 1956 (gobierno de Prado), el APRA transó con otras fuerzas políticas su legalización a cambio de su voto, hasta llegar a la década de los 60, ya plenamente incorporado al sistema y aliado de la extrema derecha.
Pero el artículo 53 siguió allí hasta que la Constitución de 1979 lo borró del mapa. Hoy vamos camino a establecer que los partidos que profesen “ideologías terroristas”, son incompatibles con el sistema y que no se les reconoce legalidad ni posibilidad a sus miembros para que ejerzan función pública.
La cosa parece tan simple como hace 80 años: se están refiriendo, dicen, a Sendero Luminoso y sus organismos generados como el Movadef, así que el resto tranquilo.
Pero estamos hablando de ideología y no de acciones de terror o violencia específicas. E ideología es como piensan las personas. Entonces nos encontramos con Rafael Rey haciendo su propia guerra al terrorismo contra Carlos Tapia, que llegó a ser instructor de entidades militares en estos temas. Y a Aldo M en sus tantas veces recordada carátula sobre que el puño cerrado de Susana Villarán se parecía al puño cerrado de Abimael Guzmán. O el reciente incidente que llevó a la renuncia a la Embajada en Argentina de Nicolás Lynch.
Es decir, en el cLima enrarecido de la política peruana bajo el pragmatismo de Ollanta Humala, cualquier cosa puede pasar. Por ahora es muy fácil hacer el nexo entre Sendero y el Movadef, y que lo evidente es que se trata de una manifestación de su nueva política orientada a la acción legal y la amnistía para sus dirigentes presos.
En medio de la gran confusión existente y de los miedos con que se quiere alentar lo irracional en la gente, es difícil discernir sin embargo si la “ideología terrorista” de la que se habla es solo de lo que le queda del anterior Sendero: justificar los crímenes de guerra, resistirse a una autocrítica de sus responsabilidades, reivindicar el “pensamiento Gonzalo” como si fuera coherente en todas sus partes, etc.; o abarca también su nuevo discurso: participar en elecciones, levantar los derechos humanos, renunciar al uso de las armas.
La idea es que el Movadef afirma todo lo último para disfrazar sus intenciones. No que han sido derrotados y buscan reacomodarse por la fuerza de los hechos y con replanteamiento incompleto. El riesgo es sin embargo que se entre a un terreno de interpretación de la “ideología” del otro a partir de sus supuestas intenciones y que esto se preste a cualquier tipo de abusos.
El principio de que el sistema acepta la actuación de todo partido que se sujete a las reglas del sistema y excluye a los que las subvierten, es la idea elemental de cualquier democracia. Pero en el Perú creemos que eso es bobería. Y pedimos que para que esto funcione nos llenemos de censores, espías y cárceles como la vía para vivir en paz.
En 1945 (gobierno de Bustamante) y 1956 (gobierno de Prado), el APRA transó con otras fuerzas políticas su legalización a cambio de su voto, hasta llegar a la década de los 60, ya plenamente incorporado al sistema y aliado de la extrema derecha.
Pero el artículo 53 siguió allí hasta que la Constitución de 1979 lo borró del mapa. Hoy vamos camino a establecer que los partidos que profesen “ideologías terroristas”, son incompatibles con el sistema y que no se les reconoce legalidad ni posibilidad a sus miembros para que ejerzan función pública.
La cosa parece tan simple como hace 80 años: se están refiriendo, dicen, a Sendero Luminoso y sus organismos generados como el Movadef, así que el resto tranquilo.
Pero estamos hablando de ideología y no de acciones de terror o violencia específicas. E ideología es como piensan las personas. Entonces nos encontramos con Rafael Rey haciendo su propia guerra al terrorismo contra Carlos Tapia, que llegó a ser instructor de entidades militares en estos temas. Y a Aldo M en sus tantas veces recordada carátula sobre que el puño cerrado de Susana Villarán se parecía al puño cerrado de Abimael Guzmán. O el reciente incidente que llevó a la renuncia a la Embajada en Argentina de Nicolás Lynch.
Es decir, en el cLima enrarecido de la política peruana bajo el pragmatismo de Ollanta Humala, cualquier cosa puede pasar. Por ahora es muy fácil hacer el nexo entre Sendero y el Movadef, y que lo evidente es que se trata de una manifestación de su nueva política orientada a la acción legal y la amnistía para sus dirigentes presos.
En medio de la gran confusión existente y de los miedos con que se quiere alentar lo irracional en la gente, es difícil discernir sin embargo si la “ideología terrorista” de la que se habla es solo de lo que le queda del anterior Sendero: justificar los crímenes de guerra, resistirse a una autocrítica de sus responsabilidades, reivindicar el “pensamiento Gonzalo” como si fuera coherente en todas sus partes, etc.; o abarca también su nuevo discurso: participar en elecciones, levantar los derechos humanos, renunciar al uso de las armas.
La idea es que el Movadef afirma todo lo último para disfrazar sus intenciones. No que han sido derrotados y buscan reacomodarse por la fuerza de los hechos y con replanteamiento incompleto. El riesgo es sin embargo que se entre a un terreno de interpretación de la “ideología” del otro a partir de sus supuestas intenciones y que esto se preste a cualquier tipo de abusos.
El principio de que el sistema acepta la actuación de todo partido que se sujete a las reglas del sistema y excluye a los que las subvierten, es la idea elemental de cualquier democracia. Pero en el Perú creemos que eso es bobería. Y pedimos que para que esto funcione nos llenemos de censores, espías y cárceles como la vía para vivir en paz.
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