Gobierno pasado tuvo la mala práctica de emitir decretos de urgencia inconstitucionales

Lima, oct. 01. Afirma ex presidente del TC. El anterior gobierno aprista tuvo “la mala práctica” de emitir varios decretos de urgencia inconstitucionales que el Tribunal Constitucional (TC) deberá dejar sin efecto en resguardo de la juridicidad, sostuvo hoy el ex presidente de dicho organismo Javier Alva Orlandini. 

Respaldó, asimismo, que el TC haya declarado la inconstitucionalidad de los decretos de urgencia 001 y 002, emitidos en enero pasado por la administración de Alan García, y que priorizaban 33 proyectos de inversión.

“Esta clase de decretos es el resultado de una mala práctica del anterior gobierno, y el Tribunal Constitucional es el encargado de custodiar y preservar la Constitución y la juridicidad del país, declarando la inconstitucionalidad de esas normas”, señaló.

Incluso recordó que durante su mandato en el TC también se declaró la inconstitucionalidad de varios decretos de urgencia del Ejecutivo, al igual que algunas leyes emitidas por el Poder Legislativo.

Durante el quinquenio pasado se emitieron 383 decretos de urgencia que presentan vicios de inconstitucionalidad y que propiciaron presuntos actos irregulares, según un estudio elaborado por el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Alva Orlandini consideró que la comisión parlamentaria encargada de investigar la anterior gestión gubernamental tiene todas las facultades para indagar las circunstancias de la emisión de esos dispositivos.

Según el IDL, muchos de esos decretos de urgencia fueron un mecanismo para dar apariencia de legalidad a determinados actos de presunta corrupción, como la adjudicación directa de obras.

Señaló que tras la decisión del TC de declarar inconstitucionales los decretos 001 y 002 del gobierno pasado, no se afecta en nada la estabilidad jurídica y política del país, ni menos se ahuyentan las inversiones. "Al contrario, el que cada uno de los órganos y poderes del Estado funcionen dentro del ámbito de sus competencias acredita que la estructura jurídica del país es sólida”, añadió.