El mercado libre y la inversión extranjera.

Los sistemas económicos puros o perfectos existen solo en teoría.  En la realidad los sistemas económicos, por necesidad pragmática, son sistemas híbridos, mezclas que resultan de la variopinta interpretación de la teoría por gobiernos de diversa orientación política, como también de las particulares necesidades históricas de una sociedad determinada.  Este es el caso de la denominada economía de "mercado libre" que, en sus  variadas formas, rige las transacciones económicas a nivel local, nacional e internacional de la mayoría de los países occidentales. 

Cabe recordar, en principio, que toda transacción económica es, fundamentalmente, un acuerdo o contrato tácito entre vendedor y consumidor llevada a cabo de acuerdo a las exigencias que la oferta y la demanda imponen.  Sabemos, igualmente, que el objetivo primario y último de todo vendedor o productor es encontrar acceso a un mercado que compre y consuma los bienes por ellos vendidos o producidos.  Aunque la dinámica de este proceso es diferente de acuerdo a la complejidad del negocio, el principio que rige toda actividad comercial es el mismo tanto para el vendedor ambulante, el vendedor que tiene un puesto o una tienda en el mercado, como para una compañía nacional o corporación multinacional.  En todos estos casos, y esto debe de quedar claramente establecido, el propósito y objetivo último de todo negocio, independientemente de la naturaleza de la mercancía o modo de producción, es obviamente la ganancia, el dividendo, el lucro, la utilidad o el beneficio económico propiamente dicho.

 

Por otro lado, toda actividad económica, por naturaleza, no es estática, fluctúa de acuerdo a diversos factores muchas veces fuera del control tanto del vendedor como del consumidor.  Factores como, por ejemplo, los cambios de gobierno, las crisis económicas cíclicas, la aceleración en el desarrollo, la tasa de crecimiento, la facilidad de los préstamos, el desempleo, los precios de combustibles, la accesibilidad o carencia de las materias primas, etc.  Pero entre todos los factores que impactan directamente  la dinámica de la economía de mercado libre, el más destacado es, obviamente, el de la libre competencia.  Libre competencia que a su vez sirve para estimular la innovación, para mejorar la calidad de la mercadería, para incentivar la creación y lanzamiento de nuevos productos, pero sobretodo para crear una atmósfera que resulte en precios competitivos para el consumidor.

El tema de la libre competencia es, por otro lado, un asunto bastante complicado, controvertido y delicado porque implica perspectivas y puntos de vista, a veces antagónicos, entre el vendedor por un lado, y el consumidor por el otro.  Muchas veces lo que le conviene al vendedor es antitético a los intereses del consumidor y viceversa.  E incluso, muchas veces, lo que les conviene a ambos va en contra de los intereses de la comunidad o nación.  Este fenómeno sucede a nivel local, nacional y global.  Por esta razón existen leyes, decretos, códigos, estatutos, disposiciones, cuyo objetivo específico es regular, supervisar y vigilar que no se cometan abusos, irregularidades, infracciones, concentración de bienes en monopolios; en suma, garantizar la legalidad y transparencia de toda transacción comercial.

Aunque la existencia de estas legislaciones es requisito indispensable, el aspecto crítico en este proceso es la implementación eficaz y rigurosa de las mismas.   Toda ley que no sea implementada de manera efectiva es una ley virtualmente inexistente y por la tanto conduce al delito y a la corrupción tanto a nivel local, nacional como global.  A nivel transnacional existen acuerdos, tratados y alianzas entre los países involucrados cuyo objetivo es precisamente garantizar que el intercambio comercial y las transacciones económicas se desarrollen en un contexto jurídico legal conveniente a ambos países y a los ciudadanos de los mismos.

Aunque el papel o función de las inversiones extranjeras en el vasto y complejo proceso que es el mercado libre no deja de ser controvertido; lo que no puede negarse es que la inversión extranjera juega un papel fundamental en la economía moderna global y es uno de los factores  determinantes en el desarrollo económico de muchos países en diversas áreas del planeta, incluida Latinoamérica. 

La inversión extranjera bien coordenada, planificada, e integrada sistemáticamente en la economía de un país, crea trabajo, introduce nuevas tecnologías, explora modos de producción más eficiente, incrementa la productividad, estimula el desarrollo de infraestructuras para facilitar la distribución de productos de una región a otra, abre el acceso a nuevos mercados y facilita el ingreso de un país a la economía global, todo lo cual eventualmente tiene un impacto en el mejoramiento del nivel de vida de sus ciudadanos.  Por lo tanto, no es que las inversiones extranjeras por naturaleza sean malsanas y dañinas, sino que es imperativo que estas se lleven a cabo dentro de un marco legal vigente.  En este caso, es el estado receptor, mediante sus regulaciones e instituciones, quien tiene la responsabilidad de velar por los intereses y el bienestar de sus ciudadanos y, con más celo aun, garantizar la protección de los recursos naturales para que no sean explotados en detrimento de la nación y de la integridad del medio ambiente, necesario para nuestra supervivencia.      

No debemos olvidar, asimismo, que el propósito directo de toda inversión no es ni el altruismo ni la filantropía, sino crear las condiciones necesarias para optimizar el beneficio fiduciario, o maximizar la rentabilidad de dicha inversión.  Este propósito se logra de diversas maneras, como por ejemplo: acceso a mano de obra barata, exoneración de impuestos, costes de producción bajos, acceso fácil a materias primas, y obtención de privilegios arancelarios, entre otras cosas.

Desafortunadamente, en nuestro país, la mayoría de las veces este objetivo se alcanza mediante el soborno, la compra directa o indirecta de influencias políticas, y creando elites locales con privilegios especiales cuyo propósito es el de proteger únicamente sus intereses privados y los del inversionista.  El resultado directo de este proceso es, naturalmente, la corrupción sistémica en la que se encuentran involucrados diversos estratos y sectores de la actividad económica, tanto a nivel local como nacional. 

El peligro de las inversiones extranjeras no radica en las inversiones propiamente dichas sino en la ineptitud de las instituciones u organismos locales y nacionales para regularlas de manera eficiente.  Y es precisamente en este perenne fracaso de los gobiernos para implementar las leyes de manera efectiva donde, históricamente hablando, radican los males asociados con  la inversión extranjera en nuestro país, y donde reside igualmente la amenaza a la violentación de nuestra integridad y a soberanía nacional. 

En el siglo XXI, ninguna nación, por muy rica y desarrollada que sea, puede darse el lujo de aislarse económicamente por la sencilla razón de que es imposible, hoy en día, ser completamente autosuficiente, la economía del mundo está interconectada y funciona en términos globales.  Todas las naciones modernas, incluido el Perú, buscan mercados para colocar sus productos y a su vez éstas se han convertido en mercado para los productos de otras naciones.  Para facilitar el comercio o intercambio económico a escala global se han creado Comunidades, Grupos, Alianzas, Tratados o Acuerdos Bilaterales o Multilaterales con el propósito de garantizar la legalidad de tales transacciones y el beneficio mutuo. 

Ésta es la realidad histórica contemporánea del siglo XXI,  y es necesario aceptarla y adaptarse a ella porque es inevitable.  No se puede vivir al margen de la historia porque en ello va  la supervivencia de una nación.  Debo admitir que puede parecer una redundancia, pero es necesario recalcar, una vez más, que el acceso al mercado global es libre, de allí su denominación "mercado libre", pero no es gratis; es necesario pagar un precio para ello, y la magnitud del precio indudablemente depende de la situación económica y política, y de la madurez social y cultural de una nación.   En los países en vías de desarrollo, el riesgo de las inversiones extranjeras radica en el fracaso gubernamental para garantizar que las leyes o regulaciones se cumplan debidamente y sin excepciones, salvaguardando la legalidad y la transparencia en el sistema económico vigente.  La lasitud, la inoperancia y la ineficiencia de los gobiernos locales y nacionales es lo que fomenta la corrupción, los abusos, las irregularidades, y la impunidad de las violaciones, infligiendo con ello un incalculable daño a la prosperidad, al progreso, y al desarrollo concertado de la nación y, por ende, al bienestar de todos sus ciudadanos. 

HILDEYARDO  RAMIREZ  PAREDES

PROFESOR AUSTIN USA