N A C I O N A L

La inversión social

La inversión social aporta una serie de ventajas fundamentales para un país con una economía emergente como el nuestro que mantiene tasas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y solidez históricas en América Latina.

 

Este fenómeno beneficioso se produce en el contexto de una coyuntura financiera internacional de riesgo por las dificultades por las que atraviesan los países desarrollados, los que constituyen, a la vez, atrayentes mercados para nuestras exportaciones.

Así lo ha comprobado el sector empresarial peruano, de acuerdo con el último pronunciamiento de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), según el cual el Gobierno, en este primer año de gestión, ha sabido vincular de manera armoniosa la promoción de la inversión con el desarrollo social.

Esta nueva visión de los empresarios privados supera tesis y prejuicios anteriores que no le concedían la debida importancia a la necesidad de distribuir la riqueza, luchar a fondo contra la pobreza y cerrar las brechas de la desigualdad que mantenía a millones de peruanos en estado  de abandono y completo olvido por parte del Estado.

Hace cerca de un año, el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, enarboló la bandera de la inclusión social como uno de los ejes principales de su gobierno, con el doble objetivo de reducir, en primer lugar, la pobreza y sus lacerantes secuelas, hasta extinguirla en concordancia con los Objetivos del Milenio y teniendo en cuenta el advenimiento del Bicentenario de la Independencia del Perú.

A la vez, esta ofensiva contra la desigualdad y la marginación, que durante nuestra historia republicana ha signado el destino de millones de peruanos de tierra adentro, tiene también el objetivo de invertir para el futuro, incorporando a los más pobres en el engranaje productivo del país, mejorando su calidad de vida y brindándoles igualdad de oportunidades.

País que no invierte en su capital humano, el más valioso, no podrá acceder a niveles superiores de crecimiento y desarrollo. La propia dinámica del crecimiento sostenido exige incrementar la productividad y la competitividad nacionales.

Por otra parte, la conflictividad social, que siempre ha sido un gran obstáculo para aplicar políticas eficaces de desarrollo en el campo y la ciudad, desaparecerá si es que el Gobierno impulsa políticas inclusivas para el corto, mediano y largo plazos, pues la calidad de vida mejorará en todos los rincones de la patria y la riqueza generada se irá distribuyendo con mayor y mejor equidad.

En esta gran tarea nacional, el sector empresarial privado tiene también un papel decisivo. Mientras el Gobierno busca afianzar la presencia del Estado en las zonas marginales del país, se necesita de los capitales privados para impulsar proyectos de desarrollo local y regional, como es el caso, por ejemplo, de los planes integrales y multisectoriales que se han proyectado en la zona del VRAEM.