Mucha preocupación viene causando en la opinión pública, las diferentes declaraciones de altos mandos policiales, sobre el funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal, puesto en vigencia en dieciséis distritos judiciales del país.
En efecto algunos mandos policiales han expresado su preocupación de esta herramienta jurídica y han subrayado la necesidad de evaluar sus bondades, para saber si el NCPP ha servido para luchar contra la delincuencia y el crimen organizado y a partir de allí han surgido discrepancias institucionales entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, El Ministerio de Justicia y el Poder Judicial.
Por lo pronto la PNP, ha planteado dos iniciativas legislativas para la reforma del Código, toda vez que consideran que este instrumentos jurídico es demasiado garantista, pues favorece al imputado y a su abogado defensor, al concederle demasiados derechos, entre ellos el silencio o el cambio de declaración testimonial, además se ha planteado una Comisión Multisectorial para que realice un diagnóstico de la aplicación del NCPP para ver sus efectos en la reducción de la delincuencia y además se ha planteado la definición de roles del Ministerio Público y de la Policía Nacional en el marco de la Constitución y también se ha planteado la necesidad de fortalecer el sistema de investigación criminal.
En tal sentido saludamos las iniciativas y la preocupación de la Policía Nacional sobre la lucha contra el crimen organizado, los marcas y la delincuencia; sin embargo es importante tener en cuenta, que todo cambio de modelo procesal, requiere de un cambio de mentalidad y de nuevos paradigmas, pues si antes la investigación preliminar, estaba cuasi a dedicación exclusiva de la Policía Nacional, ahora tenemos al Ministerio Público que se encarga de la dirección de la investigación criminal y celoso vigilante para que no se violen los derechos fundamentales de los imputados.
El nuevo modelo procesal penal tiene como objetivo que la investigación preliminar, la investigación preparatoria, intermedia y la etapa de juzgamiento, se realice bajo el irrestricto derecho a la defensa, tutela jurisdiccional efectiva y la garantía constitucional del debido proceso, ello no significa que se le ningunee a la Policía Nacional, su trabajo es y será muy importante, sin embargo debemos tener en cuenta que la investigación y por ende la justicia no es patrimonio ni de exclusiva competencia de la PNP, sino del Ministerio Público, la Defensoría Pública, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario que prestan servicios complementarios para una mejor impartición de justicia penal.
Por tal razón hay que tener presente que la adopción de una gestión moderna en el ámbito de la justicia penal, plantea la necesidad de permanente coordinación y comunicación inter institucional, en tal sentido ninguna institución es más que otra, frente a la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia, debe existir una coordinación de tipo horizontal, a fin de que sea mas práctico y viable el trabajo, por tal razón tal como lo ha reseñado el Ministerio de Justicia, cuando sucedieron los primeros problemas de aplicación del NCPP en Huaura, entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, se sentaron a dialogar y llegaron a algunos acuerdos muy importantes, como el compromiso de la PNP de comunicar inmediatamente al Ministerio Público las denuncias hechas en las comisarías, los hallazgos de indicios materiales del delito y la detención de las personas, de la misma forma la PNP se comprometió a no realizar investigaciones, sin haberlas comunicado al MP en la manera como se solían hacer en el anterior modelo procesal y por su parte el Ministerio Público se comprometió en facilitar a la PNP el reglamento sobre la cadena de custodia a fin de facilitar su aplicación y así el problema se fue diluyendo y ahora ambas instituciones trabajan en forma muy fluída y orgánica.
(*) DR. EDHIN CAMPOS BARRANZUELA
Juez Penal Titular Unipersonal de Talara
Magíster, Doctor en Derecho
Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social
Profesor Universitario.
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