¿Meteorito? Extraño objeto envuelto en fuego fue visto en el cielo de Puno
La precipitación de lo que sería un meteorito fue captada en el video de un aficionado, durante su viaje a Juliaca, en Puno.
Cristian Palomino García registró el fenómeno que ocurrió a las 5 de la tarde del último martes, informó el noticiario “90 segundos”.
En el video se muestra al objeto que atraviesa el cielo dejando una estela de fuego, sin embargo aún no se ha determinado si se trata de un meteorito.
No hay democracia sin ley
El Perú pasó del control férreo y personalista del poder en los noventa, a la descentralización precipitada y sin partidos en los 2000. Hemos pasado de un extremo a otro, y no cabe duda de que sería recomendable buscar un punto medio antes de que terminemos regresando al extremo autoritario. Y ese punto medio es el del poder de la ley, que es la esencia de la democracia.
La sensación actual es que la ley es cada vez menos capaz de contener los desbordes de la conflictividad social y política,de la delincuencia y de la informalidad.
La descentralización ha entregado casi todas las competencias sectoriales y el 70% de los recursos de inversión a los gobiernos subnacionales, pero no ha establecido mecanismos claros de control político y administrativo para los casos de incapacidad de gestión o desobediencia a las normas nacionales.
En nuestro país ocurre que un presidente regional o un alcalde pueden rebelarse abiertamente contra una disposición legal y administrativa del gobierno nacional, violando el artículo 43 de la Constitución, que señala que el Estado es uno e indivisible y su gobierno es unitario, sin que haya manera de sancionarlos o inhabilitarlos.
En el mundo no hay sistemas tan laxos como el peruano. En el modelo italiano, por ejemplo, toda ley regional aprobada debe ser comunicada al Comisario del Gobierno para que el Gobierno Nacional se pronuncie en 30 días. Si no hay observaciones, el Comisario da el visto bueno a la ley y esta puede ser promulgada. Si, por el contrario, el Gobierno Nacional cuestiona la ley regional, es reenviada de nuevo al respectivo consejo regional para su reelaboración.
En el Perú, el gobierno puede interponer demandas de inconstitucionalidad contra ordenanzas regionales, pero en España, por ejemplo, tal impugnación produce automáticamente la suspensión de la disposición o resolución recurrida–una suerte de “medida cautelar” automática– hasta que se resuelve el fondo.
Pero, ¿qué hacer cuando la autoridad regional, además, dirige una movilización política contra disposiciones que corresponden al Gobierno nacional, atentando contra el artículo 43 de la Carta Magna? En Argentina la Constitución permite que en situaciones graves que puedan afectar la unidad nacional, el Gobierno nacional pueda disponer la “intervención” de la respectiva provincia con la finalidad de evitar que se produzcan situaciones que afecten gravemente al país.
Pero en nuestro país, frente a eso, la democracia peruana está inerme. No obstante, el Congreso ha empezado a tocar el tema. La bancada de Alianza por el Gran Cambio (Javier Bedoya y Juan Carlos Eguren) ha presentado un proyecto legislativo que agrega una causal de vacancia en la ley de gobiernos regionales: cuando se aprueben normas que resulten contrarias a precedentes o sentencias del Tribunal Constitucional en materia de competencias de los organismo públicos. Javier Velásquez Quesquén, por su lado, ha preparado uno que incorpora a los presidentes regionales como altos funcionarios del Estado según el artículo 99 de la Constitución, de tal manera que serían pasibles del juicio político y antejuicio constitucional. Hay quienes piensan, más bien, en una fórmula más sencilla: que dichas autoridades puedan ser vacadas por el Jurado Nacional de Elecciones a solicitud del Congreso, del Ejecutivo o del Ministerio Público, con un pedido debidamente fundamentado.
Como fuere, es un tema que debe ser ampliamente debatido y normado de manera equilibrada, a fin de defender la gobernabilidad en una democracia que está recién construyéndose.
Es interesante que los poderes del Estado empiecen a manifestar voluntad de recomponer la autoridad del Estado de derecho. El Poder Judicial, por ejemplo, tomó la acertada decisión de trasladar a Lambayeque e Ica la sede de los procesos a los involucrados en los actos de violencia acaecidos en Cajamarca y Espinar. El Poder Ejecutivo declaró la guerra a la minería ilegal, aunque con retrocesos. Quizá estemos viendo el punto de inflexión institucional que permita empezar a contener la entropía y reducir el número de conflictos que aumenta mes a mes en una corriente que no hace sino alimentarse a sí misma.
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