ENEMIGO COMÚN
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA debe estar viviendo la actual reunión de la Asamblea General de dicho organismo con la sensación que tendrían los pavos en Navidad: sabiendo que esos señores que se sientan alrededor de sus mesas quieren servirla, cortarla y –al menos parcialmente– engullirla. Y no solo a ella directamente (quitándole, por ejemplo, el poder de pedir medidas cautelares a los Estados miembros), sino también a sus relatorías adjuntas, incluyendo muy particularmente a la Relatoría para la Libertad de Expresión (RLE).
La idea con esta última es que no pueda publicar sin previo permiso de los Estados involucrados los informes que actualmente da a conocer cada año sobre abusos contra la libertad de expresión, además de limitar sus fondos.
Existe ya un informe elaborado por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en el que se pide a la Asamblea General redefinir el estatuto y recortar las facultades de la comisión y sus relatorías. Y existe también un número récord de países apoyando estos recortes.
Muchos compatriotas, acostumbrados a leer sobre cómo la CIDH es “un instrumento de la izquierda internacional”, podrían pensar que lo que está sucediendo es que finalmente los Estados se han hartado de decisiones ideologizadas que atropellan la justicia. Por ello, a más de uno seguramente le sorprenderá saber que quienes están llevando la voz cantante en la embestida contra la CIDH son Venezuela, Ecuador y Bolivia. El embajador de Venezuela en la OEA ha dicho que la CIDH “es un instrumento del imperio” y el mismo Hugo Chávez ha calificado al secretario ejecutivo de esta última como “excremento puro”.
El presidente de Ecuador, por su parte, ha hecho saber que la CIDH (que recientemente dictó una medida cautelar para que el diario “El Universo” no tenga que pagar a Correa US$40 millones como indemnización por haber supuestamente difamado a este último) es “uno de los últimos vestigios del neoliberalismo de la región”. Y Evo Morales ha declarado que la CIDH ve violaciones “únicamente en países que no comparten las políticas del gobierno de Estados Unidos”.
No obstante lo anterior, sí hay más Estados que los bolivarianos interesados en ponerle riendas a la comisión: el punto de quiebre para que este año la amenaza contra la misma se haya vuelto tan real parece haber surgido de la molestia de Brasil por una medida cautelar que le ordena detener la construcción de una represa. Luego está Colombia, molesta por ser incluida, junto a países como Venezuela y Cuba, como un importante violador de derechos humanos en el informe anual de la CIDH. Y está también nuestro propio país, interesado en frenar a la CIDH a raíz del caso Chavín de Huántar.
No puede decirse, pues, que la ofensiva contra la comisión sea un castigo frente a un uso político de sus facultades. Acá están perro, pericote y gato unidos por un único interés común: el de poder hacer lo que quieran dentro de sus países sin controles externos. No creemos que este sea un interés que puedan compartir los ciudadanos de lugar alguno. Y menos aún los de países que, como los latinoamericanos, no tienen Estados de derecho consolidados o separaciones reales de poderes con sistemas judiciales independientes. Quienes entre nosotros gustan de darle rienda suelta al Estado cuando coinciden con los gobiernos de turno, tendrían que concentrarse en esto de los “turnos” y pensar en cómo se verá la cosa cuando el timón lo tengan otros.
No nos contamos entre quienes canonizan a la CIDH. Muchos de sus fallos son discutibles y alguno es incluso indignante. Sin embargo, sí pensamos que gran parte de las acusaciones que se le hace son por haber cumplido con su labor. De hecho, creemos que el que sea considerada como “izquierdista” en los países donde los autoritarismos han sido de derecha, y como “neoliberal” por los déspotas bolivarianos, habla muy bien de ella. Demuestra que, en todo caso, la CIDH está más en contra de los autoritarismos que de la izquierda o de la derecha. Y eso debería ser motivo bastante para que todos los ciudadanos latinoamericanos sepamos lo mucho que nos jugamos en su defensa.
MIDAN SUS PALABRAS
Ahora sabemos que el Gobierno tiene un arma de repetición contra sus críticos de izquierda: los llama extremistas. El Presidente Ollanta Humala la empleó ayer para referirse a los congresistas que han renunciado a la bancada de Gana Perú.
En la inauguración del sistema de agua potable y alcantarillado en la zona Paraíso de Villa María del Triunfo, Humala insistió: “La gran transformación se hará, les guste o no les guste a los extremistas”.
La bancada humalista expresó, por su parte: “Nuestro grupo parlamentario no comparte las afirmaciones de la legisladora cusqueña (Verónika Mendoza), quien en una carta pública señala que el Perú necesita optar por propuestas extremistas”.
El adjetivo es duro. Normalmente, a los extremistas se les persigue, se les encarcela y, a veces, se les elimina.
No hay en la misiva de la señora Verónika Mendoza algo que se aproxime siquiera a los planteamientos del extremismo.
Lo que sí hay es una crítica acerada al incumplimiento de promesas que el primer mandatario formuló durante su campaña electoral.
¿Qué reprocha la congresista al régimen de Humala? El ser un gobierno “que continúa el modelo neoliberal”, un modelo “que no genera mercados locales articulados, que mantiene la precarización del trabajo y que defiende los intereses de los grupos de poder económico”.
La renuncia contiene una condenación rotunda a la violencia, venga de donde venga. “Es necesario”, enfatiza, “que las organizaciones sociales, la sociedad civil y todos los sectores que expresan su malestar por la imposición de las industrias extractivas se manifiesten de forma democrática, organizada y pacífica. Ni un muerto más, ni civiles ni personal policial”.
La bancada humalista expresó, por su parte: “Nuestro grupo parlamentario no comparte las afirmaciones de la legisladora cusqueña (Verónika Mendoza), quien en una carta pública señala que el Perú necesita optar por propuestas extremistas”.
El adjetivo es duro. Normalmente, a los extremistas se les persigue, se les encarcela y, a veces, se les elimina.
No hay en la misiva de la señora Verónika Mendoza algo que se aproxime siquiera a los planteamientos del extremismo.
Lo que sí hay es una crítica acerada al incumplimiento de promesas que el primer mandatario formuló durante su campaña electoral.
¿Qué reprocha la congresista al régimen de Humala? El ser un gobierno “que continúa el modelo neoliberal”, un modelo “que no genera mercados locales articulados, que mantiene la precarización del trabajo y que defiende los intereses de los grupos de poder económico”.
La renuncia contiene una condenación rotunda a la violencia, venga de donde venga. “Es necesario”, enfatiza, “que las organizaciones sociales, la sociedad civil y todos los sectores que expresan su malestar por la imposición de las industrias extractivas se manifiesten de forma democrática, organizada y pacífica. Ni un muerto más, ni civiles ni personal policial”.
¿Es esto extremismo?
La congresista deja constancia de un hecho grave. Ha sido víctima de una campaña de mentiras, que le atribuían haber engañado al país presentando datos ambientales de la mina Quechua como si correspondieran a Xstrata. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, fue quien lanzó la calumnia y la fomentó.
Verónika Mendoza promete asumir una oposición democrática, popular y dialogante.
Militante y activista desde LA PRIMERA hora del Partido Nacionalista, nada hay que permita adscribirla al extremismo.
Verónika Mendoza promete asumir una oposición democrática, popular y dialogante.
Militante y activista desde LA PRIMERA hora del Partido Nacionalista, nada hay que permita adscribirla al extremismo.
Por otra parte, Javier Diez Canseco y Rosa Mavila explicaron ayer su renuncia a la bancada de Gana Perú. El documento levanta un acta de acusación que, entre otras cosas, dice: La Ley de Consulta Previa fue deformada por su reglamento. No se aplicó el impuesto a las sobreganancias mineras, sustituyéndolo por un ligero cambio a la Ley de Regalías. No se modificaron sustancialmente las políticas laborales ni la negociación colectiva.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario