Petroperú: mejor que antes

Esta semana ha habido dos momentos clave para el futuro de Petroperú. El primero fue el conversatorio “El verdadero valor de Petroperú”, convocado por Daniel Abugattás en el Congreso. El segundo ha sido la promulgación de la Resolución del MEF –hace dos días– que autoriza el endeudamiento inicial de Petroperú hasta por US$ 500 millones para la modernización de la Refinería de Talara.

Los asistentes al conversatorio no pudieron escuchar las razones del MEF para elevar el tope de la venta de acciones del 20% (como lo mandaba la Ley 29817 de diciembre del 2011) al 49% (Art 3 de la Ley 30130), ya que no enviaron representante. Si ya había participación privada del 20%, ¿por qué la aumentaron, solo dos años después, hasta la casi-privatización total? ¿Es que se debió a una pataleta privatizadora porque se le tuvo que dar luz verde a la modernización? Esta pregunta no fue respondida.

Otro tema es por qué la Ley 30130 no estableció que Petroperú pueda recuperar el crédito fiscal del IGV por la venta de combustibles en la Amazonía, que asciende a S/. 260 millones anuales. Esto mejora el flujo de caja y aumenta su capacidad de pagar los préstamos para modernizar Talara lo que, a su vez, reduce la posibilidad de utilizar el aval del Estado de hasta US$ 1,000 millones. ¿Qué se pretende? El congresista Abugattás dijo que estaba preparando un proyecto de ley para enmendar esta situación.

También se presentó un análisis económico que demuestra que cualquier % de venta de acciones de Petroperú significa pérdidas. ¿Por qué? Porque el proyecto actual tiene una rentabilidad del 9.3% y aquella esperada por cualquier empresa privada no bajaría del 13 al 15%. Lo que quiere decir que las acciones se venderían a un precio bajo, para satisfacer las expectativas del comprador privado.

Dicho de otra manera, el comprador se beneficiaría de la inversión en Talara comprando las acciones super baratas, las mismas que, más adelante, podrían hasta triplicarse. A esto se le podría llamar un “faenón” petrolero.

También se demostró que si Petroperú invierte en el Lote 64 que tiene 55 millones de barriles de reservas probadas, aumenta la rentabilidad de la empresa en su conjunto. Justamente por eso es que no se explica que el Art. 6 de la Ley 30130 le prohiba a Petroperú participar en inversiones que le generen “un pasivo o un pasivo contingente”. A menos que la “explicación” sea que no se quiere que la empresa produzca petróleo (lo que proporciona las mayores rentas) y siga siendo “Refinoperú”.

Otro tema fue el retorno a Petroperú de los lotes petroleros del noroeste. Se criticó, de un lado, la decisión de Perupetro de prolongar esos contratos “a dedo”, sin licitación alguna y, de otro, la decisión de excluir a Petroperú de la Ley 30130. ¿Por qué un organismo del Estado excluye a una empresa pública que tiene la capacidad de explotar esos lotes? Tampoco hubo respuesta.

 

Lo más importante es que se destacó la importancia de la empresa pública para garantizar la seguridad energética. Quedó claro que todos los países tienen esa política porque la energía es vital para sus intereses estratégicos. Por el contrario, si se privatiza la empresa, otra tomará su lugar y lo más probable es que sus intereses no coincidan con los del Perú, como sucedió con la privatización de Aeroperú.

También se constató que el Perú es uno de los pocos países que no tiene un Plan Energético de Mediano y Largo Plazo que señale la orientación futura y establezca los cambios necesarios en la matriz energética que nos lleve a un aprovechamiento de los recursos que el país posee, a la vez que fomenta el alejamiento de los combustibles fósiles (que contaminan el medio ambiente) para promover las energías renovables. En este Plan, Petroperú contribuye al logro de esos objetivos.

La autorización del endeudamiento de Petroperú, dada por la RM-126-2014 del MEF hasta por US$ 500 millones para comenzar la modernización de Talara, nos dice que este proyecto de talla mundial cumplió los requisitos de transparencia: se licitó la selección de los equipos a ser comprados; se licitó la selección de la empresa que realizó la ingeniería; hubo concurso para determinar el banco que tenga a su cargo la estructuración del financiamiento. Valga una felicitación a los profesionales que lo realizaron. Al MEF no le quedó otra que aprobarlo.

Pero no todo ha terminado. De un lado, es necesaria una reingeniería y una reorganización de la empresa para mejorar su Buen Gobierno Corporativo y adecuarla a los nuevos retos. Y, de otro, siguen vigentes el Art. 3 y el Art. 6 de la Ley 30130. Es por ello importante la Iniciativa Legislativa Ciudadana que está recolectando 65,000 firmas para que el Congreso pueda derogar estos artículos y que amplios sectores ciudadanos apoyen a la empresa de todos los peruanos.

Lo bueno es que hoy existen mejores condiciones para lograrlo, pues dentro de poco se firmará el contrato para comenzar la modernización de Talara. A pesar de los adversarios, que seguirán poniendo piedras en el camino.