NO TE METAS CON EL Nº 1.

A fines de los años 90 el Instituto Prensa y Sociedad, IPYS, estableció un teléfono de emergencia para periodistas que se sintieran amenazados en todo el país. La idea era que los colegas no tuvieran que esperar un desenlace dramático, o incluso trágico, para que su caso llegara a la atención del público y las autoridades.

En ese momento las amenazas y los atentados contra periodistas, sobre todo del interior, eran abundantes, y la perspectiva era que aumentaran. Cuando regresó la democracia esto amainó, y el teléfono rojo de IPYS, que atendía 24/7, se hizo bastante menos necesario. Hoy da la sensación de que si nada cambia, podríamos volver a esos tiempos.

No es que el peligro se haya ido del todo. En el 2005 Luis Valdés, alcalde de Pucallpa, hizo asesinar al periodista radial Alberto Rivera, que lo acusaba de nexos con el narcotráfico. Costó enorme esfuerzo neutralizar el poder del alcalde, quien manejaba la justicia local a su antojo, y hoy vive en un insólito arresto domiciliario.

Estas lóbregas evocaciones surgen por las denuncias de la periodista Úrsula Pinedo, quien acaba de relatar al Congreso que ella vive bajo amenaza permanente y agresiones físicas por sus denuncias de malos manejos en el gobierno regional de Tumbes. El presidente regional está citado al Congreso el próximo sábado 19 para que empiece a explicar las cosas.

Áncash nos muestra que los periodistas vienen siendo reemplazados por los políticos opositores en el ranking de las víctimas potenciales o efectivas. Sin embargo, las denuncias para pesar tienen que pasar por un medio de prensa independiente, y periodista de investigación, lo cual define una peligrosidad.

 Algunos casos de Áncash. El periodista Robin Ipanaqué fue amenazado de muerte en Huaraz en el 2007. Javier Poma fue amenazado de muerte en la misma ciudad en marzo del año pasado. Bertha Bustamante sufrió secuestro y un disparo en Huarmey, en octubre (“No te metas con el N°1”). La lista sigue y se alarga por numerosas regiones.

Otro factor preocupante es la gran cantidad de jueces dispuestos a acoger denuncias contra periodistas y llevarlas adelante con gran celo. El número de hombres de prensa enjuiciados ya permite hablar de una especie de mordaza judicial surgida del aconchabamiento con el poder político, económico, o las dos cosas juntas.

Todo esto se añade a la idea de que en el sistema de los gobiernos regionales tal como existe ahora se han desarrollado algunos serios bolsones de descomposición, que obligan a pensar en una reforma. Se esperaba que descentralizar fuera parte de la solución de muchos problemas nacionales. Hoy en varios lugares es una parte del problema.