T A L A R A

LA DECISIÓN POLÍTICA EN PROYECTO TALARA.

 

Han pasado siete años y el proyecto estatal de la modernización de larefinería Talara, de propiedad de Petroperú, está lanzado. No pocas críticas sehan dado y se darán, es más, habrá fuego graneado de los que están a favor y delos que están en abierta oposición, el debate con exhibición mediática se dará,se echarán muchas cifras a la mesa para defenderlo o satanizarlo. La decisiónfinal será política, de los ministros de energía y minas, economía y finanzas ydel presidente de la república, por tanto un análisis en ese ámbito esindispensable.

 

El proyecto lo dividiría en tres rubros: desulfuración, valor agregado yservicios auxiliares. Si de poner cifras se trata, la desulfuración tendrá uncosto del orden de 1,400 millones de dólares; el darle valor agregado a laproducción requiere una inversión de cerca de 1,300 millones de dólares adicionalesy los servicios auxiliares costarán cerca de los 700 millones de dólares. Mientrasque la empresa tiene un capital social del orden de 500 millones de dólares ytiene resultados acumulados por otros 500 millones de dólares.

 

Si la decisión es solo desulfuración, los 1,400 millones de dólares seráinversión a fondo perdido, pues el combustible no cambiará de precio alpúblico, la competencia de la importación lo impedirá y no habrá recursosadicionales a los existentes para recuperar lo invertido.

 

Si se opta por la desulfuración más valor agregado, la inversiónascenderá a 2,700 millones de dólares a lo que habría que agregar 700 millonesde servicios auxiliares, que si son entregados a terceros en concesión sealivia las necesidades de inversión de la petrolera estatal.

 

Dos preguntas fluyen inmediatamente: ¿será sujeto de crédito la empresa?¿Se podrá pagar el flujo de pagos futuros? Las dos respuestas son afirmativascon condicionales que dependen de decisión política. En el primero de los casosse requerirá la capitalización de los resultados acumulados y para el segundoque el ejecutivo le permita recuperar el IGV que pasa a ser costo por ser unaempresa domiciliada en Lima y que tiene que vender combustibles en las zonas deselva donde hay exoneraciones de impuestos. Me parecería inverosímil que elgobierno del “humalismo” no tome una decisión tan sencilla.