EL GRITO DE LOS INOCENTES.
Nuestra Constitución en su artículo segundo, inciso dos, dice: “Toda persona tiene derecho: A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole”. Esta norma es enfática y clara al decirnos que todos somos iguales ante la ley. Pero en nuestro querido Perú se practica la ley del embudo, lo ancho para algunos y lo angosto para otros.
El párrafo anterior viene a colación por una noticia que está pasando desapercibida, sobre el hallazgo de una fosa común que viene a ser la más grande encontrada hasta hoy en nuestro país y posiblemente en América del Sur, donde se han hallado más de 800 cuerpos enterrados de nativos machiguengas y asháninkas. Los lectores de Expreso se preguntarán: ¿por qué no tiene mucho rebote mediático esta noticia? Simplemente porque los que asesinaron a estos nativos indefensos fueron los delincuentes terroristas de Sendero Luminoso. En estas fosas eran arrojados los cadáveres de estos aborígenes que no querían seguir a los criminales terroristas.
Si este delito de lesa humanidad lo hubieran cometido miembros de nuestras Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, en estos momentos ya hubiesen puesto el grito en el cielo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, IDL, APRODEH, exigiendo una investigación; ya habrían enviado a su personal para investigar, en muchos diarios sería la portada por varios días, se reclamaría denunciar este hallazgo a nivel internacional, se exigiría demandar al Estado por este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero como este macabro suceso fue realizado por Sendero Luminoso estos organismos defensores de derechos humanos no le dan importancia. Hasta ahora estas ONG no dicen nada, no se pronuncian, no dicen esta boca es mía, es lamentable esta actitud ante este tétrico hallazgo de estas organizaciones de DDHH.
El desinterés de estos organismos es porque no pueden demandar al Estado por este genocidio y por lo tanto no pueden pedir indemnización, que es lo que les interesa a estos señores y no la defensa de los derechos humanos de todos los peruanos; prevalece el lado crematístico y no lo que dice la Constitución del Perú.
A esta fosa hallada se la ha bautizado como Saigón, y lo más triste y lamentable es que en ningún momento fue nombrada o mencionada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, donde queda demostrado que la CVR estaba parcializada y no era objetiva con sus investigaciones por predominar dentro de sus miembros una ideología simpatizante con los genocidas de Sendero Luminoso. El único caso de violación de los derechos humanos que la CVR denunció fue el de Lucanamarca, que el mismo Abimael Guzmán reconoció públicamente y por eso no le quedó otro remedio a la CVR que ponerlo en su informe.
La CVR fue un instrumento cortante y punzante utilizado para perseguir y acusar a las FFAA y PNP de ser causantes de la violencia en el Perú y no podíamos pedirle objetividad y justicia, como dice el dicho: “No se puede pedir peras al olmo”.
La justicia tarda pero llega, el grito de estos inocentes asesinados por Sendero Luminoso ahora hace callar a los organismos defensores de los derechos humanos en el Perú.
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