CONTRA LA CORRUPCIÓN

Desde que se inició la regionalización en el Perú, el proceso ha obtenido logros importantes, como la autonomía administrativa de las autoridades que trabajan a favor de su población, pero también enfrenta ciertas irregularidades que la ciudadanía y los medios periodísticos se encargan de denunciar, al punto que tres presidentes regionales son investigados por el sistema de administración de justicia.

Y no solo los titulares de las regiones. Preocupa que los indicadores de esa situación sean elevados, al punto que la Procuraduría Anticorrupción reveló la existencia de más de 21,000 casos de presuntas corruptelas registrados en todo el país, de los cuales Ayacucho tiene la cifra más alta entre todas las regiones: 1,200.

La Contraloría General de la República también informó que 40,037 administrativos estuvieron involucrados en actos de corrupción; de ese total, se halló responsabilidad penal en 9,778 funcionarios públicos en los últimos cinco años, incluyendo a aquellos provenientes de las regiones.

Se trata de una situación sui generis porque casos similares no se han presentado en el mismo volumen entre los gobiernos edilicios, cuyo funcionamiento en el tiempo es mucho más prolongado que las instancias regionales. La situación preocupa a la opinión pública debido al riesgo del mal uso de los recursos públicos y el eventual atraso de las obras que la población demanda.

Consciente de la dimensión del problema, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción ya adoptó las primeras medidas y prepara un conjunto de proyectos de ley destinado a combatir la corrupción en los distintos niveles de gobierno y en los organismos del aparato estatal. El propio presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, encargado de la conducción de esta plataforma de diálogo y acción, precisó que el Poder Ejecutivo busca prevenir que se siga incrementando el número de ese tipo de irregularidades, y así los órganos de justicia prosigan las investigaciones existentes para determinar el grado de responsabilidad de los denunciados.

Pero las propuestas para combatir la corrupción no apuntan a ser unilaterales. Desde el Acuerdo Nacional, su secretario ejecutivo, Javier Iguíñiz, consideró oportuno y vio “con buenos ojos” que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales presente alternativas de solución a este problema, de manera tal que pueda fortalecerse la regionalización. De hecho, resaltó que el acuerdo ya tiene aprobadas políticas sobre descentralización que podrían servir de guías para mejorar el proceso.

Ya lo dijo el presidente Ollanta Humala: “Debemos fortalecer la regionalización en el país. Hay que comprender que este es un proceso joven”. Y hacia ese objetivo apunta el empeño del Acuerdo Nacional y de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, para impedir que el mal accionar de algunas autoridades empañen todo el esfuerzo de descentralizar el poder político, económico y administrativo del país, pero sin taparnos los ojos ni dar la espalda a las denuncias por corrupción.