"HA FRACASADO LA DESCENTRALIZACIÓN"?
En estos días, un tema clave del debate nacional es la descentralización. Se
sostiene que los casos de Áncash y Tumbes muestran que la descentralización fue
un error. Incluso, algunos actores políticos plantean la necesidad de
recentralizar el Estado.
Pero el argumento es falso. Si pensamos en el poder
central, debemos recordar que nuestros tres ex presidentes de la república
arrastran gruesos problemas legales, uno está preso y los otros dos están
acusados. Si somos estrictos, todos los niveles del Estado padecen de elevada
corrupción, incluyendo al Poder Ejecutivo. Así, de ningún modo la
recentralización corregiría los problemas; sería el típico remedio peor que la
enfermedad.
Pero, ello no significa negar la evidencia y creer que los
gobiernos regionales se corregirán por sí mismos. Más bien, es el momento de
reformar la ley de descentralización.
Se han entregado grandes sumas sin
controles ni exigencias. Los gobiernos regionales han ganado recursos del canon
en función del territorio, no por eficiencia en ejecuciones pasadas ni por
proyectos solventes.
Además, algunos gobiernos regionales disponen de canon y
en los últimos años han sido muy ricos. Mientras que otros carecen de él y
paradójicamente suelen ser más eficientes. Aunque no en todos los casos, porque
Moquegua evidencia que una región con canon puede ser bien administrada y
obtener los primeros lugares nacionales en una serie de indicadores, empezando
por educación pública.
La causa de la corrupción en gobiernos regionales es
la ausencia de fiscalización. En teoría, la Contraloría General de la República
debería verificar en tiempo real la ejecución del presupuesto en todos los
niveles del Estado. Pero carece de recursos, tanto materiales como humanos. De
acuerdo a declaraciones del mismo contralor, en el 92% de las reparticiones
públicas el auditor es nombrado por la misma entidad que audita.
Esa
situación malogra todo el sistema. Si el auditor respondiera a la CGR, entonces
sería el ojos y oídos del contralor y estaría allí para evitar la corrupción.
Pero, si son nombrados por la misma entidad que es auditada, entonces se
convierten en escudos de la institución para mantener alejado al sistema de
control. Por ello, lo que ha fracasado es la descentralización sin
controles.
Por otro lado, los gobiernos regionales se formaron sobre los
antiguos departamentos y en ningún caso constituyeron entidades mayores que
realmente tengan características socioeconómicas de verdaderas regiones. Son
unidades demasiado pequeñas para gozar de tanta autonomía y han tendido a
reproducir los antiguos cacicazgos locales.
Antes de la formación de los
partidos de masas: APRA, PCP y socialcristianismo, la política local era
ejercida por cacicazgos que expresaban a los terratenientes y sus aliados. Los
nuevos caudillos también son miembros de los poderes económicos locales y
ejercen el poder con el mismo personalismo autoritario de antaño.
Este efecto
se ha multiplicado por la ausencia de los partidos nacionales de la escena
regional y local. El vacío ha sido llenado por movimientos regionales que
frecuentemente son el vehículo de los nuevos caciques, que andan detrás de las
arcas llenas de gobiernos locales sin verdaderos controles del Estado ni de la
ciudadanía.
Así, ha fracasado una descentralización sin partidos ni
instituciones poderosas que ejerzan el liderazgo. El sistema es muy poroso y ha
sido invadido por operadores políticos a la caza del botín. Como han advertido
tanto la ONPE como el JNE, la situación tiende a empeorar, puesto que las
próximas elecciones pueden ser el punto de quiebre que marque el hundimiento del
sistema en manos de la delincuencia y el narcotráfico.
Antes que ello ocurra,
urge reformar legalmente la descentralización, creando unidades territoriales
consistentes, generando un verdadero sistema de control y reconstituyendo la
política en los niveles subnacionales. El Congreso es el encargado. ¿Podrá?
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