Lea la editorial de La República: "Libres, transparantes y pacíficas"

A iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) diversas instituciones suscribieron recientemente una Alianza por la Democracia, para fomentar la ética y la gobernabilidad en el proceso electoral regional y municipal. El propósito del acuerdo es garantizar que la elección en los cargos para los comicios del próximo 5 de octubre recaiga en personas idóneas, de acuerdo a ley.

El acta de esta Alianza por la Democracia contiene seis puntos y la idea básica es alcanzar una colaboración interinstitucional para que se fiscalice adecuadamente las hojas de vida de los postulantes, se supervise las finanzas de la campaña electoral, se remita la información oportuna que se requiera y se mantenga la neutralidad de los funcionarios públicos. De ese modo, por ejemplo, el JNE podrá tener un acceso más oportuno a los antecedentes penales o judiciales, grados y títulos académicos o experiencia laboral de los candidatos.

Más difíciles de alcanzar son otros propósitos igualmente valiosos y necesarios, como impedir el financiamiento ilegal de las campañas y procurar la rendición cabal de cuentas de las organizaciones políticas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha librado en este punto una casi solitaria batalla demandando cambios en la legislación para hacer que la supervisión de los gastos electorales sea vinculante y más eficaz.

De igual modo, la batalla por la neutralidad se lleva a cabo en condiciones muy desventajosas para el Estado. En lo que va del proceso electoral, el JNE ha abierto decenas de procesos sancionadores contra autoridades regionales y municipales por infracción de las normas de publicidad estatal, la violación más leve de la neutralidad. Desde varias zonas del país donde la cobertura de los organismos electorales es más débil por razones materiales, la prensa ha reportado documentadamente clamorosos casos sin sanción.

La batalla por elecciones libres y transparentes debe ser librada, a lo que habría que agregar el objetivo de que sean también pacíficas, es decir, cortando en seco la posibilidad de que en las campañas se registren actos de violencia e intimidación de candidatos y de ciudadanos y, más aún, atentados cruentos con el propósito de silenciar adversarios.

En este cometido el papel de la sociedad civil es y será crucial, en lo concerniente a la denuncia de irregularidades. En el pasado, la disminución de este activismo trajo como consecuencia hechos lamentables como la compra de votos con prebendas y regalos, y la violación de la legalidad electoral a través de varias modalidades. En esa dirección, por ejemplo, este diario ha alertado sobre la postulación a la alcaldía de Pucallpa (Ucayali) del ex alcalde Luis Valdez Villacorta, acusado por el asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández, un caso que está a la espera de un fallo final de la Corte Suprema, y también imputado desde el 2008 por lavado de activos por más de US$ 70 millones, un proceso que un fiscal tiene atrapado en su despacho. Es de suponer que en el mencionado caso, el espíritu de la Alianza por la Democracia no puede ser otro que impedir desde la legalidad esta postulación.

Sin embargo, a pesar de las dificultades, las iniciativas para hacer que las elecciones próximas sean un elemento de consolidación de la democracia y se revierta la tendencia de debilitamiento deben ser reconocidas y apoyadas.