jueves, 16 de junio de 2011

Poder Judicial designó comisión para analizar y evaluar reformas a Ley 29703

Lima, jun. 16. La Presidencia del Poder Judicial decidió conformar una comisión encargada de analizar con mayor detalle la polémica Ley N° 29703, que modifica el Código Penal respecto de los delitos contra la Administración Pública. Según indicó el Poder Judicial, tras el análisis y de ser el caso, esta comisión propondrá las reformas que correspondan. Los magistrados que tendrán a cargo esta labor son los doctores Víctor Prado Saldarriaga y Duberlí Rodríguez Tineo.

De acuerdo a la nota de prensa del Poder Judicial, la creación de este grupo responde a que la Corte Suprema fue la autora original de dicha iniciativa que al ser debatida y aprobada en el Congreso de la República quedó con algunas imprecisiones técnicas y deficiencias político criminales que pueden perfeccionarse. Al respecto, se recordó que con el Proyecto de Ley N° 4187 / 2010, presentado el 3 de agosto de 2010, bajo la Presidencia de Javier Villa Stein, se buscó, en gran medida, incorporar los aportes del derecho comparado al respecto.

Del mismo modo, añade, la norma buscó acentuar y unificar la línea jurisprudencial de los últimos años, razones por las que se propuso no sólo la modificación del contenido de determinados tipos legales en materia de corrupción, sino que además se postuló la inclusión de otros y el respectivo reordenamiento punitivo de algunos más. Sin embargo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso elaboró y posteriormente aprobó un texto sustitutorio al proyecto original, en el que no se consideraron varios cambios normativos planteados, indicó el Poder Judicial

Estas propuestas no fueron recogidas en su oportunidad por la Comisión de Justicia y por el pleno del Congreso, pese incluso a las dos comunicaciones remitidas por la Corte Suprema durante el proceso de debate al interior de la citada comisión legislativa, concluyó. Cabe destacar que tras su aprobación en el pleno del Congreso, esta norma ha sido duramente cuestionada por diversos sectores al considerar que favorecería a algunos acusados por delitos de corrupción. (Andrés Abad Tejada)

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