Pariñas/Talara, jun. 23. Un compromiso honesto de todos los actores del proceso judicial, pero también de las entidades representativas de la sociedad civil, para que la nueva Ley Procesal del Trabajo alcance los logros en materia de celeridad y transparencia que inspiran sus principios fundamentales demandó el abogado Dr. Víctor Raúl Ramírez Montero.
Asimismo indicó que durante la implementación de este nuevo cuerpo jurídico que se viene implementando en algunos distritos judiciales, existen grandes retos para la aplicación de la nueva norma que demanda mayor exigencia en el campo ético de jueces, abogados y litigantes, pero también una predisposición de trabajo coordinado con las demás instituciones.
"En realidad se necesita del compromiso de los jueces, auxiliares judiciales, abogados y de los litigantes, pero también del apoyo de los gobiernos regionales y municipalidades, para trabajar todos hacia una justicia laboral más oportuna, más transparente y de beneficio para los litigantes", manifestó Ramírez Montero.
Por su parte, el Dr. Román Pajuelo Pérez, tras recordar que el nuevo documento jurídico laboral ha sido implementado en el distrito judicial de La Libertad, dijo que muchos trabajadores en litigio esperan que los magistrados de esta sede judicial asuman con valentía y decisión el reto de la reforma laboral.
"Se supone que desde un primer momento, los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo se han preparado en cursos de capacitación, conscientes del desafío que van a afrontar con la Nueva Ley Procesal del Trabajo, en procesos céleres, ágiles, fundamentados en los principios de oralidad y oportunidad; en ese sentido, queremos estar seguros de que no defraudarán a los litigantes y a la sociedad", aseguró el Dr. Pajuelo.
Finalmente, remarco que se debe tener en cuenta que las decisiones resolutivas de los jueces en estos procesos, requieren un alto nivel de criterio de justicia, ética profesional y sensibilidad social, ya que el trabajador es el lado más débil de la balanza.
Cabe recordar que hace unas semanas la empresa Imi del Perú SAC presentó denuncia contra el Secretario General de la organización sindical, a quien acusó de presunto delito de difamación, querella sumaria que al amparo del nuevo código de procesos penales determinó responsabilidad del dirigente con sentencia condenatoria de dos años de pena privativa de la libertad y al pago de una reparación civil de cien mil nuevos soles.
Sin embargo, para el periodista Ricaldi Ramírez Ruiz, resultaría muy sintomático advertir que este tipo de fallos aplicados por la justicia de Talara, tiene como trasfondo amedrentar, socavar los cimientos del sindicalista en su legítima lucha buscando respeto y reivindicaciones. “Los señores jueces que aplican estos fallos, con mayor detenimiento y sentido de verdadera justicia, tienen que advertir que los dirigentes, menos la organización sindical no cometen estas formas de delitos cuando hacen uso de facultades que les franquea la ley. Es preocupante la aplicación de estos fallos que se hacen, sin ir al fondo del asunto”, ha remarcado. (Andrés Abad Tejada)
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