La mencionada norma establece el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados en forma previa sobre las medidas legales, planes, programas y proyectos que afecten directamente sobre sus derechos, sean estos físicos, de identidad, calidad de vida o desarrollo. El objetivo de la norma es alcanzar un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas respecto a las medidas que las afecten directamente.
La norma no pudo ser aprobada en las últimas sesiones plenarias del Congreso, por lo que su discusión quedó pendiente para la próxima legislatura. Zeballos mencionó que esta norma sería de mucha utilidad para buscar un consenso con los pueblos originarios y evitar conflictos sociales como los que están en curso en Puno y Huancavelica.
Respecto a estos conflictos, el legislador pidió deponer los intereses particulares y buscar la solución a través del diálogo y el consenso. “La exhortación sería a deponer intereses particulares y anteponer los intereses del país; las concesiones deben ser evaluadas individualmente, cada proyecto de inversión es un caso particular, y no se puede generalizar y señalar que todas las concesiones son iguales”, señaló.
Sostuvo que el problema de las protestas en Puno debe resolverse en el presente gobierno, pero “mientras tanto “hay que agotar todo el diálogo posible para llegar a una solución aceptable”. (Andrés Abad Tejada)
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