LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ENJAULADA
Las libertades de expresión e información están pensadas para volar alto y largo. Son de esas especies de bienes humanos que no se prestan a ser domesticados. Todo intento de encerrarlas en corralitos o jaulas es un despropósito: mueren de tristeza, inanición, aburrimiento. Esta es la impresión que me ha dejado la lectura de los 119 artículos –más sus disposiciones transitorias, reformatorias y derogatorias- de la reciente Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador (LOC) aprobada y promulgada a fines de junio. Una ley que me recuerda a esas fábricas ultra modernas en las que todo está protocolizado: camina por las rayas verdes; usa casco, botas y bata; coloca la herramienta en su lugar. Así es la LOC: me dice cómo debo ser libre en el ejercicio del derecho a la información.
La Constitución Política del Ecuador dedica sus artículos 16 al 20 y el 66 a precisar diversos aspectos del derecho a la información. Técnicamente la LOC desarrolla estos derechos. Pero es tal la letra y espíritu de esta ley que acaba sepultando a los derechos fundamentales de expresión e información. No hay nada que se le escape a la LOC, es el “gran hermano” de George Orwell omnipresente y controlando contenidos informativos, porcentajes de participación en la propiedad de los medios de comunicación, producción audiovisual, concesiones de frecuencias, opiniones, líneas editoriales, Internet, redes sociales. Todo eso y más, sin “perjuicio de que los autores de la infracción respondan por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral”. Una maraña tal de normas se constituye en una verdadera camisa de fuerza para cualquier periodista que desee cumplir con su deber de informar. La LOC se convierte así en el instrumento normativo para que el Ejecutivo controle y promueva el modelo de comunicación con un sesgo ideológico inconfundible, el del actual gobierno. No es una ley inocente.
A través del concejo regulador y la superintendencia creadas puede sancionar cualquier transgresión a la norma. No hay derecho informativo a salvo. Por ejemplo, trascribo el artículo 40: “Ninguna persona que difunda información de interés general, podrá ser obligada a revelar la fuente de la información. Esta protección no le exime de responsabilidad ulterior”. Un derecho discapacitado, pues la reserva de la fuente queda siempre bajo sospecha. Un programa de entretenimiento político como el de “Los chistosos” de RPP, por ejemplo, no tiene cabida bajo esta ley. Ante tantas prohibiciones y amenazas de sanciones queda en nada la función de crítica social que la prensa siempre ha tenido en las democracias libres.
Los medios de comunicación, es cierto, no son siempre agua limpia, pero aún así, son mediadores necesarios para difundir ideas, noticias, opiniones, entretenimiento, cultura. El desborde informativo y el daño a los derechos de las personas (honra, intimidad…) son un riesgo latente. No somos ciegos ante estas anomalías. El remedio no está en cortar las alas a la libertad. Y el poder político es el menos indicado para encausar el libre ejercicio del derecho a la información. Platón ideó una ciudad gobernada por filósofos, los únicos que en realidad sabrían qué es lo que le conviene a la ciudad. Dios nos libre de los nuevos ilustrados instalados en el ejecutivo y en las asambleas legislativas dispuestos a hacernos buenos a la fuerza. La LOC es un claro ejemplo de cómo matar la información legalmente.
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