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"PETROPERÚ: CRONICA DE UNA RENUNCIA ANUNCIADA"
Así, la presencia del Ing. Humberto Campodónico en la Presidencia del Directorio de PetroPerú resultaba incómoda para el poder y los negocios, y particularmente desde diciembre del 2011, cuando renunciaron el Ing. Salomón Lerner en la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ing. Herrera Descalzi como ministro de energía y Minas, ambos amigos personales del expresidente de PetroPerú. Con el nuevo ministro del sector, las relaciones eran protocolares, y la procesión iba por dentro. Pues por formación, ideología, prácticas y ética, son como el “agua y el aceite”
Así, en la última reunión empresarial de CADE, a fines de noviembre del año pasado, fue evidente la desautorización expresa del ministro hacia el referido funcionario, cuestionando públicamente el alto valor de las inversiones para la modernización de la refinería de Talara-PetroPerú. Así, ¿cómo explicar que los costos se hayan duplicado de 1,700 millones de dólares a más de 3,450 millones en menos de cinco meses?
Debió ser evidente para el expresidente de la petrolera estatal, el “tour de force” del presente gobierno en la política económica desde los cambios a fines del 2011. La asunción del credo y discurso de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y energía, el pragmatismo del Presidente de la República en los asuntos de gobierno presagiaban una salida inevitable del Ing. H. Campodónico de PetroPerú, a pesar de las buenas intenciones en la administración de un monstruo empresarial, donde la resistencia al cambio es fuerte con prácticas poco transparentes, producto de la existencia de grupos de interés (mafias), que constituyen el verdadero poder al interior de la empresa estatal.
Serían varias las razones que podrían explicar esta renuncia a la Presidencia de PetroPerú, conjuntamente con dos directores dignos. Todas ellas se conjugan o se explican mejor por la orfandad política ante los “dueños” de PetroPerú, es decir los representantes de la Junta de Accionistas que resultan ser los ministros más importantes del gabinete y del país. Por un lado, el doctor Luis Castilla, ministro de Economía y Finanzas y el ingeniero Jorge Merino Tafur, ministro de energía y Minas.
Sería fácil decir que fueron los lobbies empresariales de derecha los que presionaron mediante una agresiva campaña mediática la salida del expresidente de directorio, mas ello sería insuficiente y secundario. El no reconocer los errores propios, la falta de liderazgo y experiencia en la administración, también jugaría su papel. Sin embargo, lo fundamental es el giro del gobierno sobre el futuro de PetroPerú.
En el gobierno del comandante Humala coexisten elementos políticos de Sánchez Cerro, de Manuel Odría y Juan Velasco Alvarado, todos gobiernos militares, autoritarios y dictatoriales, como le gusta a buena parte de la población. Por ello, el elemento pragmático resumido en la frase “Res non Verbum”, hechos y no palabras, y la asunción del credo liberal, acercaría al Presidente Ollanta Humala a las prácticas asistencialistas y populistas propias de los años cincuenta del siglo pasado.
En esta visión política, donde supuestamente el pragmatismo esconde la mediocridad y el más crudo oportunismo, el futuro de empresas públicas como PetroPerú es incierto y oscuro. Allí, donde se ratifica el rol subsidiario del Estado en la economía, no tiene futuro la pretendida integración vertical con el retorno a la producción de petróleo y gas, en especial en los contratos próximos a su vencimiento, según mandato del ordenamiento legal.
En el mismo sentido, el referido fortalecimiento empresarial de la petrolera estatal será una ilusión más. Aquí, un aspecto central estaba constituido por la modernización de la refinería de Talara bajo responsabilidad de PetroPerú, que experimentará un retraso en el tiempo en lo referente a la construcción de las diversas unidades que la conformaban.
Autocríticamente la gestión saliente debiera reconocer que manejó pésimamente el proyecto de modernización de la refinería de Talara. No solamente desde el punto de vista del marketing, sino de la evolución del costo de las inversiones necesarias. Así, para la opinión pública pasar de 1,376 millones hasta diciembre del 2011, para elevar la cifra a más de 1,700 millones de dólares en julio del 2012 y declarar finalmente en noviembre con la ingeniería de los proyectos terminados que la inversión propia era de más de 2,700 millones de dólares y la inversión a cargo de terceros era de 800 millones, resultaba una píldora amarga para el presente gobierno.
Lamentablemente no se supo explicar lo suficiente la necesidad de la modernización y los diversos procesos contenidos en la modernización. No solamente se trataba de una ampliación a los 95 mil barriles diarios. En verdad, era una nueva refinería con capacidad de tratamiento de 95 mil barriles diarios, con ampliaciones en la capacidad de destilación al vacío y de la unidad de craqueo catalítico, para producir mayores volúmenes de diesel 2 y gas licuado de petróleo.
Sin lugar a dudas, el elemento central de la modernización está constituido por la planta de desulfurización que permitiría la producción de combustibles limpios con 50 partes por millón de azufre, cuyo solo valor supera los 900 millones de dólares. También se trataba de una nueva planta de tratamientos de crudos pesados cuyas mayores reservas están en los lotes de la selva nororiental.
A ello debiera agregarse la planta de hidrógeno, de ácido sulfúrico, una mayor planta de energía y de desalinización del agua de mar, conjuntamente con mejores terminales y una mayor capacidad de almacenamiento de los combustibles. Es decir, se trataba de apostar por una nueva refinería con una serie de unidades conexas que agregaban un mayor valor a los productos.
Lamentablemente este paquete no se explicó a la opinión pública, por razones que hasta ahora no acabo de entender. Un proyecto de inversión de tal envergadura debiera hacerse a pesar de los altos costos relativos. En razón que a partir del 2016, las normas ambientales exigen combustibles limpios.
En resumen, la renuncia exigida al expresidente de PetroPerú resulta coherente con la pretendida política energética que suplica a las transnacionales la devolución de los dos trillones de pies cúbicos de las reservas probadas del lote 88 que sirven de garantía al proyecto de exportación. Donde la llamada masificación del Gas Natural se transforma en el uso futuro de los gaseoductos virtuales, es decir el traslado del gas del lote 88, y a futuro de los lotes 57 y 58, en camiones tanqueros para rentabilizar a las transnacionales como Repsol, Hunt, Sk de Corea, y así cubrir la demanda del parque automotor de Arequipa, Cusco y Moquegua.
Por último, el nombramiento del nuevo directorio de PetroPerú constituye una sorpresa que debiera abrirse como una “caja de pandora” por los antecedentes nada transparentes de algunos de los designados. Lo cierto es que la modernización de la Refinería de Talara y los posibles negocios que giran alrededor de ellos, constituyen una “pera en dulce” para los grupos de poder que están detrás del trono de la pareja presidencial, y donde a todas luces la presencia del Ing. Humberto Campodónico no era funcional ni oportuna.
Debió ser evidente para el expresidente de la petrolera estatal, el “tour de force” del presente gobierno en la política económica desde los cambios a fines del 2011. La asunción del credo y discurso de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y energía, el pragmatismo del Presidente de la República en los asuntos de gobierno presagiaban una salida inevitable del Ing. H. Campodónico de PetroPerú, a pesar de las buenas intenciones en la administración de un monstruo empresarial, donde la resistencia al cambio es fuerte con prácticas poco transparentes, producto de la existencia de grupos de interés (mafias), que constituyen el verdadero poder al interior de la empresa estatal.
Serían varias las razones que podrían explicar esta renuncia a la Presidencia de PetroPerú, conjuntamente con dos directores dignos. Todas ellas se conjugan o se explican mejor por la orfandad política ante los “dueños” de PetroPerú, es decir los representantes de la Junta de Accionistas que resultan ser los ministros más importantes del gabinete y del país. Por un lado, el doctor Luis Castilla, ministro de Economía y Finanzas y el ingeniero Jorge Merino Tafur, ministro de energía y Minas.
Sería fácil decir que fueron los lobbies empresariales de derecha los que presionaron mediante una agresiva campaña mediática la salida del expresidente de directorio, mas ello sería insuficiente y secundario. El no reconocer los errores propios, la falta de liderazgo y experiencia en la administración, también jugaría su papel. Sin embargo, lo fundamental es el giro del gobierno sobre el futuro de PetroPerú.
En el gobierno del comandante Humala coexisten elementos políticos de Sánchez Cerro, de Manuel Odría y Juan Velasco Alvarado, todos gobiernos militares, autoritarios y dictatoriales, como le gusta a buena parte de la población. Por ello, el elemento pragmático resumido en la frase “Res non Verbum”, hechos y no palabras, y la asunción del credo liberal, acercaría al Presidente Ollanta Humala a las prácticas asistencialistas y populistas propias de los años cincuenta del siglo pasado.
En esta visión política, donde supuestamente el pragmatismo esconde la mediocridad y el más crudo oportunismo, el futuro de empresas públicas como PetroPerú es incierto y oscuro. Allí, donde se ratifica el rol subsidiario del Estado en la economía, no tiene futuro la pretendida integración vertical con el retorno a la producción de petróleo y gas, en especial en los contratos próximos a su vencimiento, según mandato del ordenamiento legal.
En el mismo sentido, el referido fortalecimiento empresarial de la petrolera estatal será una ilusión más. Aquí, un aspecto central estaba constituido por la modernización de la refinería de Talara bajo responsabilidad de PetroPerú, que experimentará un retraso en el tiempo en lo referente a la construcción de las diversas unidades que la conformaban.
Autocríticamente la gestión saliente debiera reconocer que manejó pésimamente el proyecto de modernización de la refinería de Talara. No solamente desde el punto de vista del marketing, sino de la evolución del costo de las inversiones necesarias. Así, para la opinión pública pasar de 1,376 millones hasta diciembre del 2011, para elevar la cifra a más de 1,700 millones de dólares en julio del 2012 y declarar finalmente en noviembre con la ingeniería de los proyectos terminados que la inversión propia era de más de 2,700 millones de dólares y la inversión a cargo de terceros era de 800 millones, resultaba una píldora amarga para el presente gobierno.
Lamentablemente no se supo explicar lo suficiente la necesidad de la modernización y los diversos procesos contenidos en la modernización. No solamente se trataba de una ampliación a los 95 mil barriles diarios. En verdad, era una nueva refinería con capacidad de tratamiento de 95 mil barriles diarios, con ampliaciones en la capacidad de destilación al vacío y de la unidad de craqueo catalítico, para producir mayores volúmenes de diesel 2 y gas licuado de petróleo.
Sin lugar a dudas, el elemento central de la modernización está constituido por la planta de desulfurización que permitiría la producción de combustibles limpios con 50 partes por millón de azufre, cuyo solo valor supera los 900 millones de dólares. También se trataba de una nueva planta de tratamientos de crudos pesados cuyas mayores reservas están en los lotes de la selva nororiental.
A ello debiera agregarse la planta de hidrógeno, de ácido sulfúrico, una mayor planta de energía y de desalinización del agua de mar, conjuntamente con mejores terminales y una mayor capacidad de almacenamiento de los combustibles. Es decir, se trataba de apostar por una nueva refinería con una serie de unidades conexas que agregaban un mayor valor a los productos.
Lamentablemente este paquete no se explicó a la opinión pública, por razones que hasta ahora no acabo de entender. Un proyecto de inversión de tal envergadura debiera hacerse a pesar de los altos costos relativos. En razón que a partir del 2016, las normas ambientales exigen combustibles limpios.
En resumen, la renuncia exigida al expresidente de PetroPerú resulta coherente con la pretendida política energética que suplica a las transnacionales la devolución de los dos trillones de pies cúbicos de las reservas probadas del lote 88 que sirven de garantía al proyecto de exportación. Donde la llamada masificación del Gas Natural se transforma en el uso futuro de los gaseoductos virtuales, es decir el traslado del gas del lote 88, y a futuro de los lotes 57 y 58, en camiones tanqueros para rentabilizar a las transnacionales como Repsol, Hunt, Sk de Corea, y así cubrir la demanda del parque automotor de Arequipa, Cusco y Moquegua.
Por último, el nombramiento del nuevo directorio de PetroPerú constituye una sorpresa que debiera abrirse como una “caja de pandora” por los antecedentes nada transparentes de algunos de los designados. Lo cierto es que la modernización de la Refinería de Talara y los posibles negocios que giran alrededor de ellos, constituyen una “pera en dulce” para los grupos de poder que están detrás del trono de la pareja presidencial, y donde a todas luces la presencia del Ing. Humberto Campodónico no era funcional ni oportuna.
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