El agua, como el oro, también vale un Perú
Hasta el 18 de diciembre el Banco Central de Reserva (BCR) había acumulado reservas internacionales netas (RIN) por un monto histórico de 64,152 millones de dólares.
La tasa promedio de crecimiento del PBI fue de 6.3% en 2012 y los pronósticos para lo que resta del quinquenio son optimistas con estimados que podrían remontarse a 7%.
En un escenario de crisis financiera en los países desarrollados el Perú consolida su economía emergente con grandes expectativas que lo sitúan a la cabeza de los países de América Latina.
Nada ha impedido que los inversionistas nacionales y extranjeros sigan apostando por el Perú.
En el estratégico sector minero, no hubo retracción de capitales, ni por el descenso de los precios internacionales, ni por el conflicto del proyecto Conga en Cajamarca.
Por el contrario, las inversiones en este campo continúan incrementándose y existen nuevos megaproyectos extractivos, algunos de ellos en marcha, otros aprobados y otros más en plenas gestiones.
Allí están para muestra los proyectos de Antapaccay, las Bambas, Toromocho y la ampliación de Antamina, que juntos suman alrededor de US$ 10,000 millones, que se sumarían a más de US$ 27,000 millones en proyectos mineros actualmente en construcción y ampliación de operaciones.
Esta gran inversión en la actividad extractiva, lógicamente que demandará también mucha agua, infraestructura e inversión pública, protección eficaz del medioambiente y más preocupación por la inclusión social y el desarrollo de los pueblos.
Con las experiencias recogidas, y normas como la Ley de Consulta Previa, la creación de Cenase y otras tenemos que evitar los futuros conflictos, con acuerdos y soluciones dialogadas que ya se están dando.
El Gobierno del presidente Ollanta Humala percibe muy claro que las controversias hídricas son una fuente de conflicto y que, a la vez, corresponde al Estado hacer respetar las cabeceras de cuencas y el agua para el consumo humano, la agricultura y los recursos forestales.
En este punto la Autoridad Nacional del Agua (en acción articulada con la PCM, Minag, Minan, Minsa, etc.) juega un decisivo papel, habiendo participado activamente y con éxito en 2012 en la gestión de controversias en Conga (Cajamarca), Espinar (Cusco), entre otros, y últimamente, con política preventiva en Pulán (Lambayeque), Parón (Cusco), Ramis (Puno), entre una veintena de mesas de diálogo; y con prospectiva los acuíferos de Ica, Tacna y Lambayeque
Esta nueva política hídrica de la ANA con alto valor social, económico, político y medioambiental enfrenta a aquellos pronósticos que vaticinan que en 2025 el Perú podría ser un país con estrés hídrico.
La ANA, en forma silenciosa pero con resultados tangibles, está marcando un antes y un después en la historia de los recursos hídricos nacionales, buscando su afianzamiento con una gestión integrada que está recibiendo el apoyo –como debe ser– del gobierno y organismos internacionales
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