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< Denuncias de CIDH dificultan a países avanzar en derechos humanos, afirman >
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Alberto Beingolea, afirmó que las denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dificultan a los países avanzar en la defensa de los derechos de las personas porque "radicaliza y politiza" el tema.
Agregó que debido a esa situación, algunos países "se resisten" a sus demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que justificó el replanteamiento de sus competencias."Eso no permite a los países avanzar en la dirección correcta de la defensa de derechos humanos porque lo que hace es radicalizar y politizar el tema, y hacer que las personas que defendemos derechos humanos nos veamos como de izquierda, cuando no lo somos", declaró.
Lamentó, en ese sentido, que la Comisión haya procedido a formular denuncia contra el Estado por el caso de los Comandos Chavín de Huántar, por ultimar supuestamente a miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que tuvieron a 72 rehenes en casa del exembajador de Japón en Lima, en 1997.
Beingolea expresó su absoluto respaldo a la posición del gobierno peruano de rechazar la demanda, y de plantear una estrategia jurídica y política en la cual participará la Cancillería de la República y el Ministerio de Justicia.
"La Comisión es como una fiscalía que acusa a los países de ser pequeñas tiranías que matan personas, y eso no es así (...) Perú debe preparar una contundente defensa jurídica para enfrentar ese tipo de acusaciones", afirmó en Radio Exitosa.
El parlamentario también opinó que muchas personas hablan con "ligereza y con falta de conocimiento en muchos casos" porque la Comisión y Corte Interamericana procesan al Estado y no a individuos.
Por otro lado, confirmó que su grupo de trabajo revisará el Código de Ejecución Penal para cubrir los "vacíos legales" que permitieron a magistrados del Poder Judicial otorgar permisos de viaje al exterior a terroristas con libertad condicional.
"Mi lectura como abogado es que no pueden salir del país porque la norma está clara. Pero propondremos algunas medidas que aclare la normatividad y que los jueces no puedan interpretar hechos, sino aplicar las medidas correspondientes"
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