NO A LA PENA DE MUERTE
En el estado de Oklahoma (USA), se acaba de perpetrar un crimen judicial al
ejecutar a un sentenciado. El hombre fue juzgado y condenado a muerte por haber
asesinado a una joven. Tenía treinta y ocho años y el martes 29 de abril,
recibió una inyección letal, mezcla de tres sustancias. El procedimiento debía
durar siete minutos, pero, trece minutos después, el reo seguía viviendo. Su
cuerpo se puso rígido y tembló descontroladamente, levantó varias veces la
cabeza y dijo palabras incongruentes.
Veinte minutos después, el director de la cárcel, dispuso frenar la ejecución
y dio como excusa que hubo una falla en una vena que no permitió que los
químicos ingresaran al delincuente y que el problema con la vena hizo que
muriera después de cuarenta y tres minutos dramáticos de tortura. Más de
trescientas personas han sido ejecutadas en Estados Unidos en esta última década
y más de tres mil aún aguardan su turno. Algunos de los argumentos contra la
pena de muerte son: no tener derecho sobre la vida humana; el riesgo del error
judicial; resulta siendo una forma de tortura; no es disuasiva; no se ha probado
la disminución de los delitos; atenta contra la dignidad humana; es inútil
porque no es ejemplar.
Pero, el argumento que más fuerza me hace, para no permitir la pena de muerte
en el Perú se halla en el riesgo del crimen judicial. Elfusilamiento del
Vizconde de San Donás (1824); el fusilamiento “entre dos luces” de mi tío
bisabuelo, el General Francisco Valle-Riestra (1836); los fusilamientos de
cientos de compañeros en Trujillo (1932), nos previenen contra la
judicatura.
Se dirá que fueron casos políticos. No interesa. Fueron aberraciones en las
que intervinieron magistrados comunes y castrenses. Hasta hoy se debate si Jorge
Villanueva (Monstruo de Armendáriz) fue el autor del asesinato y violación de un
menor en 1956. El juez instructor del caso, Carlos Carranza Luna, al presenciar
la ejecución en la penitenciaría, en diciembre de 1957, se le exorbitaron los
ojos y tuvo que ser operado. Por terror. Y el forense de ese afer, Dr. Víctor
Maurtua, declaró, cincuenta años después, que la causa real de la muerte del
menor fue un atropello automovilístico.
Aquí los jueces no juzgan conforme al expediente, sino de acuerdo a los
dictados de la prensa y a la comodidad de preferir su puesto a la justicia.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario