La Tribuna

GUERRA DE PAZ.

 

Aplausos. Saludo la magnífica lección de moralidad que ha dado el ex magistrado Vladimir Paz de la Barra. Como se sabe, renunció al Consejo Nacional de la Magistratura al día siguiente  que ese ente rechazara el pedido de suspender en sus funciones al Fiscal de la Nación, Carlos Ramos y al Fiscal Supremo José Peláez. Su argumentación para irse del cargo es puritana. Afirma que ha quedado sin apoyo dentro del CNM. Alega que la fuerza de fiscalización de la mayoría de consejeros de dicho ente está mediatizada y que solo controla a los Jueces de mínima jerarquía, más fácil de combatirlos.

 

En su expresión de agravios al renunciar también critica la beatificación por mayoría de los Magistrados del CNM del Juez civil de Lima Juan Macedo a pesar de que este cuenta con ciento catorce medidas disciplinarias. Igualmente alega que no concuerda con la ratificación del Fiscal Provincial Lisandro Zapata Corrales, tío del operador montesinista Oscar López Meneses. El pleno del CNM rechazó las expresiones de Paz “por cuanto estas agravian a sus miembros y ofenden a la majestad de la institución encargada de seleccionar, nombrar y ratificar a Jueces y Fiscales así como destituir a los que trasgreden sus responsabilidades”.

 

Pero, reitero, que es muy importante su protesta porque se rechazara su pedido de suspender en sus funciones al Fiscal de la Nación por estar cuestionado e investigado por el caso “La Centralita”. La actitud de Paz de la Barra no es la muy burguesa de acomodarse y seguir callado pese a las discrepancias. Ha preferido poner el dedo en la llaga. Lo jurisdiccional en el Perú es un organismo enfermo porque donde se pone el dedo salta el pus, para emplear palabras reiteradamente dichas  desde el siglo XIX. Aquí lo cómodo es el contubernio, el silencio, el de los votos secretos. Aquí ha sido derrotada esa postura. La prensa y sobre todo los abogados deberían aplaudir esta decisión poco frecuente donde se prefiere el relumbrón del cargo.

 

En el APRA existía históricamente un culto por la renuncia a los cargos. En 1945 los Senadores y Diputados pertenecientes al partido aprista al momento de jurar acompañaban al Partido papeles en blanco con sus firmas para que los líderes apristas llenaran eventualmente las cartas con un texto de renuncia. Así fue y los parlamentarios entregaron sus epístolas abdicadoras en un mitin de la Plaza Manco Cápac. Podría ser un gesto no constitucional pero era valioso éticamente.

LA TRIBUNA

NO A LA PENA DE MUERTE

En el estado de Oklahoma (USA), se acaba de perpetrar un crimen judicial al ejecutar a un sentenciado. El hombre fue juzgado y condenado a muerte por haber asesinado a una joven. Tenía treinta y ocho años y el martes 29 de abril, recibió una inyección letal, mezcla de tres sustancias. El procedimiento debía durar siete minutos, pero, trece minutos después, el reo seguía viviendo. Su cuerpo se puso rígido y tembló descontroladamente, levantó varias veces la cabeza y dijo palabras incongruentes.

Veinte minutos después, el director de la cárcel, dispuso frenar la ejecución y dio como excusa que hubo una falla en una vena que no permitió que los químicos ingresaran al delincuente y que el problema con la vena hizo que muriera después de cuarenta y tres minutos dramáticos de tortura. Más de trescientas personas han sido ejecutadas en Estados Unidos en esta última década y más de tres mil aún aguardan su turno. Algunos de los argumentos contra la pena de muerte son: no tener derecho sobre la vida humana; el riesgo del error judicial; resulta siendo una forma de tortura; no es disuasiva; no se ha probado la disminución de los delitos; atenta contra la dignidad humana; es inútil porque no es ejemplar.

Pero, el argumento que más fuerza me hace, para no permitir la pena de muerte en el Perú se halla en el riesgo del crimen judicial. Elfusilamiento del Vizconde de San Donás (1824); el fusilamiento “entre dos luces” de mi tío bisabuelo, el General Francisco Valle-Riestra (1836); los fusilamientos de cientos de compañeros en Trujillo (1932), nos previenen contra la judicatura.

Se dirá que fueron casos políticos. No interesa. Fueron aberraciones en las que intervinieron magistrados comunes y castrenses. Hasta hoy se debate si Jorge Villanueva (Monstruo de Armendáriz) fue el autor del asesinato y violación de un menor en 1956. El juez instructor del caso, Carlos Carranza Luna, al presenciar la ejecución en la penitenciaría, en diciembre de 1957, se le exorbitaron los ojos y tuvo que ser operado. Por terror. Y el forense de ese afer, Dr. Víctor Maurtua, declaró, cincuenta años después, que la causa real de la muerte del menor fue un atropello automovilístico.

Aquí los jueces no juzgan conforme al expediente, sino de acuerdo a los dictados de la prensa y a la comodidad de preferir su puesto a la justicia.