LA GUERRA CONTRA.

 

A Chile le costará más de 30 mil millones de dólares recuperarse del sismo que sufrió hace más de un año (y tuvo la “suerte” de que no afectó las zonas más pobladas e industrializadas). A Japón, según cálculos muy preliminares, le debe suponer la friolera de 200 mil millones de dólares (y al igual que Chile, tuvo la “fortuna” de haber afectado, sobre todo, la zona norte rural, menos poblada).
 

Si en el Perú sucediese la desgracia de que ocurra un sismo de esa magnitud frente a las costas de Lima, la tragedia sería apocalíptica. Fácilmente podríamos hablar de un costo de reconstrucción superior al japonés. Sin exagerar, el país podría perder el equivalente a dos años íntegros de su PBI en volver a la situación precedente.
 

Ni la guerra con Chile ni la lucha contra Sendero Luminoso, sumadas ambas, equivaldrían al daño que el país sufriría y el pavoroso costo económico que implicaría. Todo lo que el Perú ha crecido en los últimos diez años se evaporaría en segundos.

 

La amenaza está allí, omnipresente. Y lo realmente trágico no es el accidente geológico sobre el cual estamos asentados, sino que no haya habido jamás ningún gobierno que tome seriamente cartas en el asunto.
 

¿Sabía usted, amigo lector, que un sismo de 9 grados se tiraría abajo, por lo menos, a dos tercios de la ciudad de Lima? Construcciones informales, edificios supuestamente legales construidos sin los estudios estructurales necesarios, urbanizaciones enteras asentadas sobre terrenos en los cuales jamás debió construirse nada, son la herencia que tenemos.
 

 

¿Se puede resolver? Sí se puede. Va a costar una millonada, sin duda. Una parte tendría que estar a cargo del Estado y otra sería responsabilidad de los privados, pero el costo de hacerlo será infinitamente menor que el que supondría su reconstrucción.

 

Hospitales, escuelas, coliseos deportivos, infraestructura vial (puentes, túneles, etc.), redes urbanas (agua, desagüe, eléctrica, de telecomunicaciones) tienen que ser revisadas en su totalidad y asegurarse su capacidad de resistir un sismo de esa magnitud. Lo que es público lo asumirá el Estado, lo que no, las empresas concesionarias.

 

¿Qué hacer con las viviendas? Lo primero, exigir, a partir de la fecha, que no se construya nada sin los requisitos antisísmicos señalados. Y respecto de lo ya construido, pues que se exija igual. Quizás se pueda brindar beneficios tipo canje de pago del impuesto predial por las obras de actualización antisísmica. O pensar en otras fórmulas. En otros casos, habrá que reubicar urbanizaciones enteras. Será traumático y costoso, qué duda cabe, pero a todas luces necesario.
 

Posdata: ¿sabe usted, amigo lector, que en Lima hay un reactor nuclear que tiene un 10% de la capacidad del de Fukushima y que solo está preparado para un sismo de 8 grados? ¿Y que ante un sismo mayor puede colapsar y generar una nube radiactiva? ¿Y sabe que a nadie se le ha ocurrido reforzarlo o siquiera efectuar simulacros de evacuación o reparto de pastillas de yodo en la población aledaña, de Carabayllo?