A C T U A L I D A D

Perúpetro: a dedo no, a dedo si.

A mediados del 2011, el Directorio de Perupetro había acordado que los lotes petroleros cuyos contratos estaban por expirar no serían prorrogados de ninguna manera y que, a su término, debían ser licitados. Estos acuerdos fueron tomados por Daniel Saba y, después, por Aurelio Ochoa.

En el período 2011-2015, los lotes cuyos contratos expiran en Talara son: el Lote III y IV (la noruega Interoil), el Lote II (Petrolera Monterrico, del empresario Vera Gutiérrez), el lote IX de (Unipetro, de la Universidad Nacional de Ingeniería). En Pucallpa estaba próximo a expirar el Lote 31 (de Maple). Y en la Selva Norte, expira en el 2015 el Lote 1-AB, el más grande del Perú (Pluspetrol y la estatal china CNPC).

Todos estos lotes (con excepción del 1-AB) fueron de Petroperú, hasta la privatización de los 90. Era razonable, por tanto, plantear que volvieran a la empresa estatal para fortalecerla, tema congruente con la política del nuevo gobierno.No solo eso: el Estado tiene la potestad para hacerlo, pues los recursos naturales son de la Nación. Y lo avala también la Ley de Hidrocarburos 26221 que establece que Perupetro puede celebrar los contratos por negociación directa o por licitación. (Art.11).

Los lotes de Talara tienen 60 millones de barriles (MMB) de reservas probadas (no tomamos en cuenta las probables) y producen 2.5 MMB al año. A un precio de US$ 100/barril, las ventas ascienden a US$ 250 millones anuales. Si se considera una utilidad neta del 20%, tenemos US$ 50 millones anuales. Y como las utilidades de Petroperu hoy son US$ 150 millones, el incremento sería de 33%.

Sin embargo, por lo señalado, esta no era la política de Perupetro. Pero poco a poco se llegó a una nueva fórmula: los lotes serían licitados, pero con un cambio importante: Petroperú sería socio del ganador, con un porcentaje mínimo del 25% y un máximo del 49%.

Perupetro también desechó cualquier prórroga, incluso si se planteaba que Petroperú tenga porcentajes importantes de participación. La razón era siempre la misma: no se puede prorrogar los contratos “a dedo” a los mismos contratistas, aunque vengan con Petroperú, pues no sería transparente y otras empresas podrían quejarse de un trato discriminatorio.

Pero en octubre del 2013 el nuevo Directorio de Perupetro cambió su acuerdo: todos los contratos próximos a expirar serían prorrogados por 10 años a los mismos contratistas. ¿Por qué este cambio de 180 grados?

Algunos argumentos aparecidos en los medios dicen que “la convocatoria de licitaciones públicas para atraer nuevos capitales llevaría al derrumbe de la producción y del canon”. También que el periodo de transición entre el operador antiguo y el nuevo sería de 3 años. Y que Perupetro habría contratado una consultora que, en tiempo récord, le habría recomendado hacer el exacto inverso de su política.

Ahora estamos, entonces, en la prórroga “a dedo”. Ha comenzado con los Decretos Supremos que otorgan a Interoil un contrato temporal de un año. Y seguirán con los que van expirando (salvo Interoil, los demás aún no han expirado).

Es importante remarcar que en octubre del 2013 se debatió en la Comisión de Energía y Minas el Proyecto de Ley 1607-2012, que también proponía la prórroga de los contratos por 10 años en Talara. Después de las discusiones, el PL no ha llegado al pleno del Congreso, clara muestra de una falta de consenso.

La cuestión central aquí es que la prórroga no se justifica. Estamos hablando de ingresos (solo en Talara) de US$ 2,500 millones y de utilidades de US$ 500 millones en 10 años. El argumento de que Petroperú no puede hacerse cargo es deleznable, pues es práctica común en la industria celebrar contratos de servicios para la operación de los campos.

No solo eso. Petroperú ya tiene el Lote 64 en la Selva Norte, otorgado con DS-011-2013-EM. Este Lote 64 le fue transferido a título gratuito por las empresas Talisman y Hess, a partir de negociaciones que comenzaron en noviembre del 2012.

Así, estamos frente a la siguiente paradoja: el único lote que tiene Petroperú le fue transferido por empresas privadas extranjeras, no por el Estado, que es su accionista mayoritario. Lo más incomprensible es el Art. 6 de la Ley 30130, impulsada por el ministro Luis Castilla: Petroperú no puede participar en ningún negocio que le genere un pasivo o un pasivo contingente.

Dicho esto, el gobierno está aún a tiempo de modificar su política energética: se va a firmar pronto el contrato de la refinería de Talara y el 30 de junio se debe licitar el Gasoducto Sur Peruano, que debe culminar con la puesta en marcha de la petroquímica. Estos buenos proyectos deben ser complementados con la derogatoria de los acuerdos de Perupetro y la transferencia de los lotes de Talara a Petroperú, comenzando por Interoil. Es solo una cuestión de voluntad política. ¿Será?