LA BURBUJA UNIVERSITARIA EN DEBATE.
LA BURBUJA UNIVERSITARIA, podemos llamar así, con cierta licencia semántica, al
crecimiento desmedido del número de universidades, públicas y privadas, en
nuestro país.
De acuerdo con las estadísticas de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR),
tenemos 137 universidades, 51 públicas y 86 privadas, para 30 millones de
habitantes, cuando en realidad sería suficiente 60 universidades, 30 públicas y
30 privadas, si todas ellas fueran de calidad. Esta proporción, que corresponde
a las necesidades del país, permitiría un uso más razonable y rentable de los
recursos materiales y docentes con los que contamos en este momento. Miremos
el caso de dos viejos sistemas universitarios: España, con 47 millones de
habitantes, tiene 81 universidades, casi todas públicas. Igualmente Francia, con
66 millones de habitantes, en 2011 tenía 80 universidades, casi todas públicas,
La Sorbonne en París y la Universidad de Estrasburgo en Alsacia, como ejemplos
de universidad metropolitana y regional, ambas de calidad.
Ese mismo año, 2011, el CNRS, el gran Concytec francés, propuso iniciar un
proceso de aglutinación de universidades en las regiones para un mejor uso de
sus recursos materiales y docentes.
El escenario universitario peruano actual está dominado por los siguientes
elementos:
Primero, una burbuja que tiene mucha elasticidad y genera una singular
oportunidad de estudios para todos los jóvenes que tienen recursos y un
interesante mercado de trabajo para muchos docentes de las universidades
públicas, aunque muchos de ellos viven esta realidad de manera furtiva y en
precario provecho personal.
Segundo, todas las universidades peruanas se encuentran fuera del ranking
de las 500 o 1,000 mejores universidades del mundo.
Recién aparecen cuando miramos a las 100 mejores universidades de América
Latina, donde encontramos a las muy conocidas PUCP, UPCH y la UNMSM, ubicadas en
los dos últimos tercios. Tercero, nuestras universidades públicas,
contrariamente a lo que sucede en toda la región, carecen de calidad, no
investigan y tienen gobiernos universitarios clientelistas e
ineficientes.
Cuarto, la temeraria carrera de algunas universidades privadas por captar
alumnos sin selección alguna en los niveles socioeconómicos A, B y C amenaza a
las universidades privadas serias que aparecen en los rankings.
La referida burbuja nació tímidamente en la década de 1960 como respuesta a
una universidad pública más interesada en la política que en lo académico, el
conocimiento y la investigación.
Se vuelve visible en los años noventa y, sobre todo, a partir de 1996, con
el DL Nº 882, en que empieza su loca carrera inflacionaria.
Esta proliferación de universidades es defendida con el falso argumento de
que es saludable, crea capital humano de calidad y contribuye a la estabilidad
del modelo económico primario exportador actual.
En mi experiencia, este fenómeno no es nada saludable. Por ejemplo, ha
llevado a la matrícula en la universidad privada al 62% de la matrícula
universitaria total porque simplemente no hacen ninguna selección, ni al
ingresar ni después.
Esto lo saben los estudiantes y los docentes, y lo viven como una realidad
angustiante. Es, a la vez, un enorme mercado de trabajo para los docentes de las
universidades públicas, que una vez nombrados en sus universidades de origen se
convierten en docentes “golondrinos” o “invisibles” en las universidades
privadas. De esta manera, el presupuesto de las privadas de calidad y del
tesoro público terminan al servicio de esta burbuja inflada por los negociantes
de la educación superior universitaria.
El número no es necesariamente malo. Lo malo es la naturaleza de esta
burbuja que amenaza a las universidades privadas de calidad y permite que muchas
privadas vivan parasitariamente del tesoro público.
Pero lo más negativo es apropiarse de los docentes, de manera inadvertida,
también del campo clínico, en el caso de medicina, en los hospitales del Estado,
donde utilizan la misma contratación de docentes de las universidades
públicas.
En estas circunstancias, es muy explicable escuchar o leer las
argumentaciones por una mayor discusión del dictamen de la nueva ley
universitaria para mandarla a las calendas griegas y seguir en la situación
actual.
¿Quién, finalmente, regula esta burbuja para evitar la demolición de la
universidad peruana? ¿Quiénes son, entonces, los interesados en una educación
universitaria de calidad? Los estudiantes y los padres de familia, sin lugar a
dudas, pero sobre todo el Estado que tiene la obligación de preocuparse por el
futuro de la Nación. No es un tema solamente político, ideológico, sino de
responsabilidad con el país.
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