O P I N I Ó N

Estados alterados

Marx decía que aún la más democrática de las constituciones, tenían contenida la elemental confirmación de que la receta para salvar al Estado democrático, en situaciones extremas, era convertirlo en una dictadura.

 La prueba de este aserto eran precisamente los artículos sobre estados de excepción que se incluyen en todas las cartas constitucionales. Estas normas se refieren a las llamadas emergencias como la que hoy se aplica en Cajamarca, hasta los estados de sitio y ley marcial con los que el gran amigo de Alan García, el periodista Mirko Lauer nos amenazaba el otro día, si sigue la escalada de conflictos.

Lo que quiere decir todo esto, es que el Poder Ejecutivo, que debe, por encima de todo, cautelar los derechos y deberes contenidos en la Constitución, también puede declararse impotente para hacerlo y decidir que pone en suspenso su obligación mientras restituye el orden y eso que ahora le llaman gobernabilidad. El problema es que lo hace a libre criterio, sin control de nadie, rompiendo los balances y yendo tan lejos como puede contra sus oponentes, configurando situaciones de “dictadura legal”, que puede ser nacional o regional, temporal o de largo plazo. Ayacucho y otros departamentos vivieron en “emergencia” casi dos décadas. En el Huallaga y las zonas del VRAE ya es una rutina. En cambio en otras partes del país se ha perdido un poco la memoria de estos procesos y por eso la gente se impacta mucho cuando se anuncia suspensión de las garantías.

Siempre se ha discutido los límites de las excepciones. Pero como se puede ver en la detención de Marco Arana, un cartel de protesta (que está en el campo de La Libertad de expresión) y una sentada en un banco de una plaza puede interpretarse como incitación a violar la emergencia. Más aún, los Policías que un día antes corrían en fuga bajo las piedras de los civiles, y respondían con tiros a matar desde la distancia, ahora se sentían dueños de las plazas y calles y capaces de agarrar a golpes a quién quieran o se lo ordenen del alto mando. ¿Para eso es la emergencia?

La vergüenza mayor, sin embargo, son los periodistas que hasta el martes estaban más que asustados por el curso de las cosas y que pensaban que las cosas habían llegado a su peor momento, pero que apenas decretado el estado de emergencia “valdesizaron” sus cerebros y empezaron a repetir que ahora ya nadie podía hablar, ni caminar, ni sentarse, ni ir a entierros, ni ponerse un cartel. O sea, santo remedio para las protestas. Ni el más mínimo razonamiento del sentido político de esta norma como servicio a los intereses de una empresa minera. Y algún idiota de apellido Flores y nombre Ricardo, anota por RPP que todo este abuso es “constitucional”, como si estuviera hablando de la Biblia.

Para muchos, es cierto, la palabra emergencia asusta y eso pasó en Cajamarca en diciembre y tal vez en Espinar en mayo. Pero la medicina Valdés: mato gente, declaro emergencia e impongo el diálogo en mis términos, ya está demasiado vista. Habría que recordarle a este admirador de Fujimori que con emergencia enfrentamos a su presidente más querido hasta sacarlo del poder, y con emergencia se hizo el paro del 19 de julio que echó a Morales Bermúdez, y hay más ejemplos. Es decir que a los pueblos no se les doblega con espantapájaros por más disfraces constitucionales con que los vistan. 

P O L Í T I C A

La privatización de Petroperú

Durante la campaña de 1990, el candidato Fujimori no solo se comprometió al no shock, sino que también dijo otra de sus grandes mentiras: que no privatizaría PetroPerú, empresa que definió como “de todos los peruanos”, que “ya sabemos quiénes la comprarían” y porque su venta podría traer muchos males como el encarecimiento de los combustibles e “incluso desabastecimiento.

En 1992, el ministro de energía, Jaime Yoshiyama, suscribió una carta cuyo texto había sido elaborado por el Banco mundial, comprometiendo la venta fraccionada de PetroPerú hasta la total desaparición de la empresa.

Un año después otro ministro anunciaría un debate técnico para decidir el destino de PetroPerú. Para entonces ya se habían vendido los grifos, la empresa del gas y los buques de carga, que eran altamente rentables.

Pero aún así el ministro Hokama defendería ante un auditorio en pie de rebelión la decisión de trozar la mayor empresa del país en aras de crear un “mercado competitivo” de los combustibles.

Fuera del auditorio en el que se dio este debate que el gobierno nunca escuchó, se recogían los resultados de diversas encuestas en las que la mayoría absoluta del país rechazaba la venta (en 1996, las cifras indicaban 65% de oposición a la privatización).

Pero el gobierno no solo ignoró a los técnicos y a la voz de la calle. Cuando empezaron a reunirse cientos de miles de firmas para un referéndum sobre la venta de PetroPerú, el Congreso encabezado por Martha Chávez determinó que para este caso no cabía la consulta porque se trataba de una “materia presupuestaria”, como si no fuera un asunto eminentemente político y de diseño del desarrollo.

En mayo de 1996, el ministro de Trabajo, Jorge González Izquierdo, por entonces militante del PPC, nombrado a la vez para el cargo de presidente de la comisión de las privatizaciones, Copri, declaró que “PetroPerú se venderá, le duela a quien le duela”.

Le iba a doler, claro que sí, a la población en sus bolsillos porque los precios de los combustibles volarían hasta el punto de indignar al propio Fujimori; al Estado, porque los ingresos que generaba PetroPerú disminuyeron a un mínimo luego que se vendieron los campos petroleros y la principal refinería (La Pampilla) y eso que no llegaron a rematarlo todo porque dudaron y creció la oposición política y social al despropósito.

Sufrió el país, porque el desarrollo petrolero quedó entrampado por la falta de inversiones que era el objetivo de la venta. Los pozos se han ido secando sin que se abran nuevos campos.

Asimismo la refinería más grande del país ha envejecido y a Repsol no le queda sino venderla. La privatización no creó ni competitividad, ni mayor oferta petrolera, ni mejora tecnológica o ambiental. Pero aún sigue teniendo chillones defensores en muchos medios

P O L Í T I C A

Respuesta a Arévalo y Petroperú

Cuando llegó a nuestras manos la información sobre el extraño poder que el gerente de Recursos Humanos de PetroPerú ostenta dentro de la empresa estatal y que parece haberse reforzado con el cambio en la presidencia ejecutiva, lo que hicimos de inmediato y durante varios días fue intentar comunicarnos con el aludido para que hiciera los descargos correspondientes. Pero en vez de él, nos atendió el jefe de la Unidad de Medios de Comunicación de PetroPerú, subordinado del señor Arévalo, quien hizo una explicación por escrito del caso que aparece resumida en el texto que publicamos el 24 de marzo. No es que nosotros pusimos al Sr. Beteta como su representante, sino que él fue el que tomó su lugar.

El día de la publicación, el mismo Sr. Beteta se comunicó telefónicamente conmigo y pidió hacer nuevas aclaraciones a lo que contesté que tenía abiertas las vías para una carta de rectificación en el diario. Al día siguiente me llamó una persona que se presentó como abogado del Sr. Arévalo proponiéndome un encuentro al día siguiente para conversar sobre mi artículo en la Tiendecita Blanca de Miraflores, cita a la que asistí y en la que permanecí media hora en espera, suponiendo que los que habían hecho la invitación podían identificarme y que si no podían hacerlo usarían mi número telefónico que ellos consiguieron por su propia cuenta. Luego llegaron dos cartas, una de PetroPerú firmada por el gerentede administración (e) y otra directamente por el señor Arévalo que han sido publicadas en la edición del jueves 28 de marzo.

Ahora, si alguien tenía alguna duda sobre lo poderoso que puede ser un gerente de Recursos Humanos en una empresa pública, la secuencia anterior puede darle una idea de lo que se trata. No es usual que ante una discusión sobre responsabilidades personales se produzca un movimiento corporativo tan fuerte como el que hemos visto en este caso. Más aún que la empresa como tal insinúe que se podría llegar a la denuncia fiscal, como le habría ocurrido a otras personas, por haber calumniado al señor Arévalo, o que se nos ponga un ultimátum de publicación de una carta a la que no estábamos obligados porque nuestro tema no fue PetroPerú ni su gerente administrativo, sino el actual doble gerente de recursos humanos y relaciones corporativas que es una persona diferente.
DEUDA

Sobre el fondo de la cuestión, sin embargo, ninguna de las comunicaciones niega lo que dice el titular de LA PRIMERA de que un gerente de PetroPerú debe millones a la Sunat, y por lo que sabemos que el procedimiento de cobranza ya estaría notificado al demandado. Asimismo, es enteramente cierto que PetroPerú es quien lo exculpa, como se ve en la manera como la empresa ha respondido a nuestra investigación. Lo que se dice, sin embargo, es que el origen de la deuda tributaria no se correspondería con la singular modalidad de pago que se aplica al señor Arévalo (fuera de planilla), sino a asuntos personales del aludido que se ventilan en el Poder Judicial.

Anotemos que en este punto nos basamos en cartas de una exfuncionaria de PetroPerú que nos fueron entregadas por terceros, y que no pareció significativo porque forma parte de un pedido de investigación ante la Contraloría. No habiendo tratado con la autora del texto que lo que hace es pedir un examen de los hechos, le dimos un tratamiento condicional al contenido como se puede apreciar en el artículo. El señor Arévalo y PetroPerú bien podrían mostrar la información sobre las retenciones realizadas y aclarar definitivamente el asunto. Porque de que hay una deuda, la hay, y que en esos casos los deudores buscan forma de protegerse de embargos con modalidades especiales de remuneración también es cierto.
CONTRATACIONES

En la nota del 24 de marzo se mencionan los casos de las esposas de dos altos funcionarios ascendidas recientemente tras los cambios en el directorio y las gerencias, que reflejan situaciones de posible favoritismo. Pero el señor Arévalo se defiende argumentando la supuesta rigurosidad de los procesos de contratación. Lo que no se termina de explicar es por qué personas relacionadas salen continuamente ganadoras a pesar de tanto “rigor”.

Finalmente, cabe decir que el suscrito y el diario en el que escribo han defendido y defienden la actividad de PetroPerú como empresa estatal y apostamos a que pueda lograr recuperar el liderazgo que le fue robado en la época corrupta del Fujimorismo. Pero para que este sueño se cumpla se requiere de mucha transparencia entre los directivos y altos funcionarios de esta gran empresa.

N A C I O N A L

CAMPODÓNICO DEJA PETROPERU

 

Se veía venir. No sólo por los rumores que llegaban de distintos lados, sino sobre todo por la cada vez más evidente discrepancia entre los planes de desarrollo del sector petrolero y de hidrocarburos de Petroperú y la política errática, tramposa y entreguista a cargo del ministro Jorge Merino Tafur, que en un solo año tergiversó el concepto de recuperación de las reservas embargadas de gas natural del lote 88, que siguen igual que antes; destrozó el proyecto del gasoducto andino y la petroquímica del sur; salvó al consorcio de Camisea de su obligación de devolver las regalías dejadas de cobrar por el desvío de barcos en alta mar hacia destinos no declarados para obtener mejores precios; demoró la aplicación de alternativas para que Petroperú reingresara a la explotación directa de hidrocarburos del subsuelo; vaciló frente a la modernización de la refinería de Talara y se lavó las manos ante la propuesta de venta de La Pampilla.

 

La ruta para la recuperación de la soberanía energética que era la bandera clave de la campaña nacionalista siguió abierta después de todos los virajes iniciales del gobierno, pero se cayó porque los puestos de decisión política fueron siendo tomados por una capa de funcionarios que ya estaban en el Estado cuando se entregaron las riquezas del país a través de la privatización. Increíblemente Humala convocaba a recuperar el gas y colocaba en el viceministerio de Energía, al tecnócrata que hizo los contratos por los cuales el Perú no puede disponer libremente de sus riquezas. Ese hombre es además ahora el responsable de los nuevos contratos que se suscriben a través de Perupetro y nada de eso hubiera ocurrido si el presidente decía no y si frenaba a su ministro Merino, cuyo mérito aparente es haberle conseguido un pequeño fondo de subsidio para un GLP de pobres que nada tiene que ver con la promesa original de obligar a Camisea a sincerar sus precios al público para obtener un gas más barato para todos.
 

La técnica para sacar a Humberto Campodónico de la presidencia de Petroperú ha seguido una ruta que parece ya una marca de este gobierno: primero es la coexistencia, luego la acumulación de discrepancias, el teléfono cortado y el pedido de renuncia. Luego, como está ocurriendo, el nombramiento de un presidente de reemplazo escogido de entre los funcionarios de línea que seguramente hará que la transición sea menos evidente hasta lograr poner a quién realmente exprese lo que se espera para esta importante empresa. Recuérdese que en Perupetro hubo dos presidentas que no duraron demasiado desde la salida de Ochoa hasta la entronización del señor Ortigas. Así que si de paciencia se trata, los neoliberales como Merino han demostrado que van conquistando posiciones poco a poco. El problema es Humala y el riesgo que una empresa emblemática como Petroperú termine controlada por agentes de las transnacionales del sector. Y eso en nombre del nacionalismo.

N A C I O N A L

EL CONGRESO ES IRREFORMABLE

El derrumbe del aumentazo congresal no demuestra tanto la sensibilidad de los otorongos, sino el poder de la presión social y el papel que prensa como LA PRIMERA puede cumplir para cambiar lo que parecía irremediable. Pero, en general, prevalece la opinión de que un grupo de personas va a adoptar medidas para cambiar la institución que les da poder y dinero casi sin responsabilidad. Si se observa lo que hace la mayoría de congresistas cada día, se confirma que su obsesión es su próxima reelección, lo que no se limita padrinazgos en las provincias, sino que apunta siempre a hacérselas más difíciles para los que aspiren sus puestos en el futuro. En resumen, se sienten felices en donde están, mientras crece la ola de indignación popular que peligrosamente camina hacia la vieja idea del presidente que clausura el Congreso y concentra todo el poder.
 

Por supuesto que se dice que no estamos en 1992, no hay una ingobernabilidad tan evidente y Humala, a pesar de exabruptos brutales como el referido a “Gringasho”, no parece tan insuflado de autoritarismo y sentido de impunidad como el que mostraba Fujimori. Pero entonces lo que estamos diciendo es que las cosas por un tiempo van a seguir más o menos igual y la contradicción Congreso-pueblo se va acrecentar. Podría apostar que ninguna reforma que remueva el estatus quo va a prosperar: ni el voto preferencial, ni la alternancia entre hombres y mujeres, ni la escala salarial del Estado, ni la eliminación de los falsos bonos, ni los sistemas de representación por circunscripciones mejor delimitadas, ni la revisión de faltas con mecanismos imparciales y no por mayorías políticas, ni la ley de partidos para que la política no sea un monopolio de camarillas, ni la bicameralidad, ni la forma de elegir autoridades calificadas, ni el tiempo de intervenciones en los plenos, etc.

Nada va a cambiar porque nadie quiere cuestionar el punto de partida del actual orden parlamentario, que nace del antiparlamentarismo Fujimorista. Lo que hoy llamamos “representación” es el producto de un golpe de Estado que afirmó que no se requería representación, porque para lo único que servía era para costar dinero y negociar prebendas políticas. Sólo volvimos a tener algo parecido a un Congreso bajo presión internacional y el espacio se entendió como un refugio para los partidos y un complemento de la dictadura mediante la mayoría del voto. Todo eso quedó consagrado en la Constitución de 1993, en leyes posteriores y en la práctica de Fujimorismo de crear partidos para cada elección para burlarse de un Congreso que les da poder de negociación frente a los gobiernos, pero ninguna iniciativa de cambio.

Desde el año 2000, todos los partidos no Fujimoristas han hablado antes de las elecciones de la reforma institucional y el cambio de Constitución para modificar las reglas. Pero todos se han ido Fujimorizando desde el poder, luego de aprender a través de los expertos de protocolo como se manejan los asuntos de gobierno y descubrir lo peligroso que puede ser alterarlos en medio de jauría de prensa de la derecha y la presión del poder económico. Entonces todo sigue básicamente igual hasta que el Congreso vuelve a embarrarla y todos se van contra ellos. Cuando es todo el sistema de instituciones y de gobierno el que debería ser sujeto a una revisión integral sino queremos explotar de aquí a un tiempo. Y la única vía democrática que existe para ello es la Asamblea Constituyente, aunque a algunos se les paren los cabellos de sólo pensarlo.

O P I N I Ó N

Un país serio

 

Aunque ningún país puede declararse libre de la amenaza nacionalista y de arrebatos de pasional patriotismo, una de las más arraigadas creencias chilenas es que nuestro país es internacionalmente admirado por ser una nación seria, cuya palabra vale y cuyo respeto a los acuerdos, tratados y pactos es ampliamente reconocido y admirado. Chile puede no estar de acuerdo con un fallo, pero ninguna pérdida territorial amerita poner en riesgo la reputación de Chile como un país que cumple su palabra.

 

 

Difícilmente puede haber una posición más incómoda para un país que enfrentar un diferendo limítrofe donde todo parece indicar que se deberá entregar territorio.

 

El hecho de que el cambio en la línea fronteriza se dé en territorio marítimo, y no terrestre, ayuda a minimizar el efecto negativo de un fallo adverso. Aunque el potencial económico de la zona en disputa sea enorme, la gente igual valora más el territorio terrestre que el marítimo. Ningún líder nacionalista podrá ir a hacer una marcha en el territorio que dejará de ser chileno. Un fallo adverso para Chile en la frontera marítima tendrá menores efectos en la opinión pública que un fallo que, por ejemplo, obligue a redefinir las fronteras terrestres con Argentina.

 

Además, el hecho de que la disputa territorial sea con Perú y no con Argentina también contribuye a reducir el efecto negativo de un fallo adverso. Después de todo, Chile resultó victorioso en la Guerra del Pacífico. El territorio en disputa es una parte mínima del territorio, terrestre y marítimo, que Chile obtuvo como resultado de la guerra de 1879. Distinto hubiera sido si el territorio en litigio siempre hubiera pertenecido a Chile. Por último, como ojos que no ven, corazón que no siente, el hecho de que el territorio esté localizado en una zona visitada sólo por una minoría de chilenos ayuda a reducir los efectos negativos de un fallo desfavorable.

 

Es verdad que nadie sabe cómo fallará el tribunal. Pero la actitud cautelosa del gobierno y de la clase política chilena—y el evidente entusiasmo en el Perú—hacen pensar que habrá más razones para festejar en Lima que en Santiago cuando la corte entregue su veredicto.

 

Pero después de que se acaben los fuegos artificiales y baje la intensidad de las pasiones nacionalistas, cuando el fallo de La Haya ya sea historia, los chilenos podremos seguir alimentando nuestro propio relato nacionalista y dar rienda suelta a nuestros propios motivos de orgulloso patriótico. El que Chile acate el fallo de la corte de La Haya, por más adverso que resulte, será nuestro principal motivo de orgullo.

 

En contraste con otros países de la región, Chile respeta y acata los fallos de los tribunales competentes. A diferencia de otros, Chile ha sido, es y será un país serio. Después de todo, no hay mejor remedio para el discurso nacionalista que una respuesta igualmente nacionalista que, además, contribuye a construir un relato republicano, democrático y respetable en la arena internacional.

 

 

 

Importancia y no importancia del fallo de La Haya

 

Los medios aseguran que el proceso que se ha iniciado en La Haya es el hecho más importante de lo que va del siglo o tal vez desde la independencia o quizás antes. En todo caso, que lo que unos jueces van a resolver en unos meses será determinante para el futuro del país.

Pero, al mismo tiempo, indican que no debemos alterarnos, que igual es ganar o perder, que el fallo tendrá que respetarse así no nos guste y habrá que conformarse si nos quedamos como estamos, con menos mar que el que deberíamos tener en la zona sur.

El lenguaje no puede ser más ambivalente: hay que tensarse para acompañar a los agentes peruanos en su esfuerzo ante la Corte Internacional y destensarse por si el resultado nos resulta adverso.

Podría resumirse que el asunto es importante si ganamos y menos importante si perdemos. Complejidades de la diplomacia y de la justicia internacional. Pero quizás el fondo de la cuestión sea que el Perú necesita de La Victoria para superar el complejo de perdedor con el que han crecido todas las generaciones a partir de 1879 y Chile requiera aunque sea de una pequeña derrota para lograr mirar como igual a su vecino al que humilló por las armas.

Los peruanos que insistimos que no hay límite marítimo pactado entre los dos países, sabemos que Chile tiene de hecho el control del espacio marítimo que se discute y que el fundamento del que se vale son dos acuerdos económicos de menor rango a un tratado, referidos a la pesca de los años 1952 y 1954.

Pero la pregunta que siempre quedará sin resolver es ¿por qué existen ambos acuerdos y a cuenta de qué el Perú de la época de Odría cedió derechos pesqueros que Chile convirtió en soberanos y que ahora son toda su argumentación jurídica ante la Corte?

Se hicieron, sin duda, porque aquí ha habido un resentimiento profundo de país vencido y educado en la derrota que está enraizado en la población, y una política concesiva y temerosa de la élite frente al vecino del sur, más exitoso económicamente, más articulado socialmente y más armado militarmente.

Que la dictadura de Odría cediera derechos que no tenía que ceder y que las derechas todavía tengan recuerdos nostálgicos hacia el tirano antinacional, que fue bien querido por la inversión extranjera, es un dato histórico, como lo es aquella frase inolvidable de Alan García: “y si se molestan los Chilenos”, con la que graficó el ánimo con el que llevó el caso ante La Haya.

En realidad el Perú está colocado no solo ante un contencioso jurídico de puro derecho, como se dice en los medios cargados de titulares sobre el diferendo marítimo, sino una vez más ante el juicio histórico de sus clases dirigentes, esas que dicen que aquí lo “ineficiente” fue la reforma y afirmación nacional de Velasco que ha hecho sentirse más peruanos a muchísimas personas antes marginadas del Estado, y los gobiernos regionales y locales a cargo de la izquierda con todos sus problemas, cuando ellas crearon la nación de las frustraciones y los triunfos simbólicos que aún tenemos ante nuestros ojos.

Ojalá al Perú le vaya de lo mejor en La Haya. Pero el hacernos respetar en el mundo depende mucho más de nosotros que de los más justos jueces.

N A C I O N A L

¿Petroperú bajo control del Consorcio Camisea?

 

 

El rumor que crece en los medios petroleros es que el gobierno estaría a punto de importar desde París un nuevo presidente para PetroPerú, tomándolo prestado de la poderosa empresa de energía y agua Suez Energy, de nombre César Ortiz Sotelo, que para mayores señales fue el encargado de extender la invitación a los periodistas de la Cofradía, Rafael Hidalgo, Aldo Mariátegui y Hugo Chauca, a un inolvidable viaje en mayo de 2007, a las instalaciones de la Suez en Bangkok, Tailandia, que trajo a cuento el asunto de los conflictos de interés, tomando en cuenta que por aquella época la compañía franco-belga promovía la construcción de un anillo energético para abastecer el norte de Chile con Gas Natural peruano proveniente de Camisea y los hombres de prensa del cuento no se cuidaron de dejar huella de su apoyo a esta medida.

 

Suez es uno de los grandes operadores de energía en Chile, teniendo concentrada buena parte de sus inversiones en el norte de ese país bajo la forma de centrales eléctricas de gas que se quedaron sin abastecimiento cuando Argentina sufrió una crisis de insuficiencia de este producto para su mercado interno en el año 2004 y descontinuó la venta a su vecino a través de los gasoductos que surcan los andes secándole literalmente los tubos. En el Perú la empresa Suez había pasado por la amarga experiencia del “Arequipazo” de 2002, cuando Toledo quiso privatizar las eléctricas del sur y le otorgó la propiedad a la empresa europea, que sin embargo tuvo que devolver lo pactado ante la rebelión de la población de la Ciudad Blanca.

Suez ha estado también detrás de Sedapal, la más importante empresa de saneamiento y agua del país y se hizo posteriormente del proyecto hidroeléctrico Yuncán en Cerro de Pasco, que iba a canjear la entrega de la generación eléctrica en ese departamento por inversiones de agua potable en la ciudad de Cerro de Pasco. El proyecto está en plena operación, pero los habitantes de la más alta ciudad del mundo siguen sin agua potable. Finalmente Suez se convirtió en Calidda para asumir la distribución de Gas Natural al mercado de Lima, lo que como es evidente se ha hecho en cámara lenta, retrasando largamente la anunciada reconversión de la matriz energética en el país. Obviamente esta relación directa con el tema del gas, convierte a Suez en un asociado del consorcio Camisea, lo que haría tanto más preocupante la versión de la pronta llegada de Ortiz Sotelo para hacerse cargo de la única empresa pública que ha marcado un perfil nacionalista a sus inversiones, especialmente en los proyectos de modernización de la refinería de Talara y del retorno de PetroPerú a la extracción petrolera en forma asociada.

La hipótesis de que Ortiz Sotelo llegue al Perú para poner a la empresa petrolera del Estado bajo control del Consorcio Camisea, en momentos en que se ha trabado la ejecución del Gasoducto Andino que llevaría Gas Natural a los pueblos del sur, cuando la continuidad de Petrobras de Brasil está en veremos, cuando Repsol quiere vender La Pampilla y PetroPerú podría asociarse para adquirirla, es como para asustarse. De ser cierto el rumor que corre en los medios políticos, estaríamos sin duda ante un nuevo paso en el copamiento del Estado que lleva adelante el ministro Castilla y la tecnocracia que responde a sus directivas, en asociación con los más grandes grupos de inversión. De estas intenciones es algo que conviene estar advertidos para que no vuelvan a sorprendernos.

 

 

 

Reforma magisterial: la agenda que se viene

 

 

El Congreso aprobó la Ley de Reforma Magisterial que se enviará al Ejecutivo para su promulgación. Ley clave que alude al actor central de una transformación educativa fue fruto de un proceso de negociación del Ministerio de Educación con el Ministerio de Economía en un contexto bastante difícil para la gobernabilidad educativa: reivindicación económica no satisfecha del magisterio, conflictos y divisiones del gremio docente y presión de fuerzas políticas retardatarias que ganan a río revuelto: el Fujimorismo y el senderismo en todas sus variantes.

Por presión adicional de la Comisión de Educación del Congreso se logró abrir algo más los candados que pone el Ministerio de Economía, especialmente cuando se trata de “gasto corriente”, es decir salarios, es decir personas. Otra Mirada ya alertó sobre la excesiva preeminencia del Ministerio de Economía en decisiones presupuestales que socavan la agenda actual de inclusión. Esta requiere redistribución de los recursos del crecimiento a la vez que financiación de proyectos estratégicos para desarrollar la producción y el mercado interno. Es imprescindible invertir en las personas y en el desarrollo endógeno con valor agregado, superando el esquema extractivo de materias primas.

Como señalan diversos analistas la ley de reforma magisterial (inversión en personas) no es perfecta pero constituye un avance cuya viabilidad requiere condiciones de gobernabilidad. Esta a su vez precisa la forja de un contrato social entre Estado, maestros y sociedad. Hay que considerar que las distancias que existen aún son significativas, que el maestro se siente amenazado en lugar de revalorado y que los plazos de debate resultaron estrechos.

La ley unifica en un solo estatuto legal al conjunto del magisterio, superando un enorme desorden administrativo. Su orientación meritocrática estimula la mejora profesional en un horizonte de 8 niveles de carrera entre los cuales se establece una distancia salarial significativa que permite un progreso real del maestro que asciende. Reúne en un solo concepto bonificaciones que antes estaban fuera del salario y de la base pensionable. Hay puntos que debieron incorporarse como el de la bonificación para los maestros que incluyen a estudiantes con discapacidad y otros que pudieron mejorarse como el de la base pensionable, restricciones ambas que quizás obedezcan a criterios poco aceptables de “caja fiscal”. Está el tema de la base salarial, materia de otra necesaria negociación donde habiéndose dado un incremento importante, dada la inercia de precariedad, resulta aún insuficiente. Un asunto sensible es la estabilidad laboral y la situación de los maestros que resulten desaprobados: se plantea reconversión laboral vía Ministerio de Trabajo pero debe asegurarse viabilidad financiera. Lo que está pendiente es la formación docente: la otra cara de la moneda en una propuesta de revaloración de la profesión. Asunto difícil y espinoso es la evaluación de desempeño que suscita enorme desconfianza por los niveles de debilidad ética que tiene la institucionalidad pública.

Son cuestiones a solucionarse para hacer posible la gobernabilidad educativa. El esfuerzo que haga el Estado requiere como contraparte el de los maestros que siendo mejor remunerados, reconocidos y formados se comprometan a la buena docencia y apuesten por un país que crezca con ruta propia y capacidad de innovación.

 

 

Recordando el artículo 53

Me recuerda mi amigo Walter Palacios que la Constitución de 1933 tenía un artículo N° 53 que se hizo merecidamente famoso. Era el que decía: El Estado no reconoce la existencia legal de los partidos políticos de organización internacional. Los que pertenecen a ellos no pueden desempeñar ninguna función política. “Internacional” tenía entonces la connotación que hoy se le otorga a la palabra “terrorista”. Es decir, el que es diferente y constituye una amenaza para los demás.

Obviamente el legislador dirigía su puntería a dos partidos en concreto: el APRA (que se proclamaba Alianza Americana) y el Partido Comunista, que era integrante de la Internacional Comunista o III Internacional.

En 1945 (gobierno de Bustamante) y 1956 (gobierno de Prado), el APRA transó con otras fuerzas políticas su legalización a cambio de su voto, hasta llegar a la década de los 60, ya plenamente incorporado al sistema y aliado de la extrema derecha.

Pero el artículo 53 siguió allí hasta que la Constitución de 1979 lo borró del mapa. Hoy vamos camino a establecer que los partidos que profesen “ideologías terroristas”, son incompatibles con el sistema y que no se les reconoce legalidad ni posibilidad a sus miembros para que ejerzan función pública.

La cosa parece tan simple como hace 80 años: se están refiriendo, dicen, a Sendero Luminoso y sus organismos generados como el Movadef, así que el resto tranquilo.

Pero estamos hablando de ideología y no de acciones de terror o violencia específicas. E ideología es como piensan las personas. Entonces nos encontramos con Rafael Rey haciendo su propia guerra al terrorismo contra Carlos Tapia, que llegó a ser instructor de entidades militares en estos temas. Y a Aldo M en sus tantas veces recordada carátula sobre que el puño cerrado de Susana Villarán se parecía al puño cerrado de Abimael Guzmán. O el reciente incidente que llevó a la renuncia a la Embajada en Argentina de Nicolás Lynch.

Es decir, en el cLima enrarecido de la política peruana bajo el pragmatismo de Ollanta Humala, cualquier cosa puede pasar. Por ahora es muy fácil hacer el nexo entre Sendero y el Movadef, y que lo evidente es que se trata de una manifestación de su nueva política orientada a la acción legal y la amnistía para sus dirigentes presos.

En medio de la gran confusión existente y de los miedos con que se quiere alentar lo irracional en la gente, es difícil discernir sin embargo si la “ideología terrorista” de la que se habla es solo de lo que le queda del anterior Sendero: justificar los crímenes de guerra, resistirse a una autocrítica de sus responsabilidades, reivindicar el “pensamiento Gonzalo” como si fuera coherente en todas sus partes, etc.; o abarca también su nuevo discurso: participar en elecciones, levantar los derechos humanos, renunciar al uso de las armas.

La idea es que el Movadef afirma todo lo último para disfrazar sus intenciones. No que han sido derrotados y buscan reacomodarse por la fuerza de los hechos y con replanteamiento incompleto. El riesgo es sin embargo que se entre a un terreno de interpretación de la “ideología” del otro a partir de sus supuestas intenciones y que esto se preste a cualquier tipo de abusos.

El principio de que el sistema acepta la actuación de todo partido que se sujete a las reglas del sistema y excluye a los que las subvierten, es la idea elemental de cualquier democracia. Pero en el Perú creemos que eso es bobería. Y pedimos que para que esto funcione nos llenemos de censores, espías y cárceles como la vía para vivir en paz.

N A C I O N A L

Extraños paralelos

 

Abimael Guzmán pide la amnistía y Fujimori el indulto. El primero quiere un olvido de la guerra, el segundo tan solo que no se olviden de él. Guzmán pide que la amnistía llegue a Fujimori y Montesinos por tratarse del mismo tema de la guerra. Fujimori solo quiere estar en libertad, no importa lo que pase a los demás de su propio grupo, como ha sido hasta acá.

 

Abimael Guzmán y sus seguidores están haciendo política con su pedido de amnistía y el rechazo casi despavorido que esto produce en el establishment. Fujimori, sus hijos y partidarios están haciendo política con el indulto, pero de una manera tan torpe y contradictoria que han conseguido reducir las cifras de apoyo a la iniciativa que eran inicialmente altas por un sentimiento inducido de compasión hacia el enfermo, y las propias encuestadoras ya no preguntan sobre el tema para no ponerlo en evidencia.

Al Movadef, que se creó para impulsar la amnistía de Guzmán, le están prohibiendo hasta entregar cartas de protesta, conversar u opinar, y todos hablan o exageran sobre su crecimiento en el Perú y el mundo. Fujimori puede mandar cartas y mensajes, por más extraviados y farsescos que parezcan, sus hijos hablan y pelean sobre el tema, y también diversos voceros, y sus partidarios están muy activos, pero se están aislando tanto con sus errores que ya parecen la otra cara del Movadef.

La Fujimorización de la sociedad peruana ha llegado tan lejos que el único distintivo de los Fujimoristas es su reclamo de indulto para su jefe. Por los demás, nada diferencia a Lourdes Alcorta de Cuculiza, o a Mulder de Martha Chávez, o a PPK de Keiko, y hasta en el gobierno los reflejos antiterroristas son tan confusos que parecen seguir un guión de Kenji.

Frente a la sociedad asustada se exigen más medidas antiterroristas, del tipo de no recibas la carta, no digas que se arrepientan, ni por acá que vayan a recuperar derechos políticos, no les digas peruanos, es decir, cosas de caviar que es la nueva manera de ser “débil” ante Sendero, y mientras tanto Movadef no cesa de crecer.

Si fuera por las encuestas, el Perú estaría cercado por los terroristas. Si fuera por Cuculiza, con Fujimori en el gobierno no habría pasado tal cosa que en realidad no ha pasado, y que si hay Vraem aún caliente es por lo que dejó Fujimori como elemento perturbador a favor de su re-reelección.

Hoy la magnificación de los problemas del terror, extrapolando el Sendero de los Quispe Palomino y amalgamándolo con el de Guzmán (cuando son contrapuestos) con la finalidad de volver sobre Fujimori, el que derrotó al terror que, sin embargo, según ellos sigue sin ser derrotado y tras el cumplimiento de las duras penas de cárcel que les impuso el régimen Fujimorista, vuelven en toda su potencia con 60 ó 70 años a cuestas para volver a petardear.

En fin, Fujimori insiste en que no tiene otro perdón que no sea por lo que no hizo o por lo que no pudo impedir que se hiciera, ¿y lo que hizo directamente u ordenó a hacer? Naca, la perinaca. Y Guzmán dice que lo que se hizo es lo que se hace en las guerras. O sea, no hay autocrítica, pero uno ya creía tener el indulto en la mano y va a insistir. El otro se prepara para una nueva lucha prolongada .

 

 

 

¿Qué pensará Fujimori de su hijo Kenji?

 

 

Nadie sabe cómo lo trata ahora Alberto Fujimori a su hijo Kenji, quien dio la pista con un croquis para que se revelara incluso con fotografías las excelentes condiciones en las que vive el exdictador en la Diroes

 

Es posible que Fujimori, después de golpear la mesa al ver que todos hablaban de las fotos de sus lujos en la llamada cárcel, le haya dicho: “Ay, hijo, tú no tienes la culpa de haber nacido así; pero otra vez ¡cállate la boca! Solo debes hacer lo que yo te mande”.

Hay una relación muy cercana entre Fujimori y Kenji, su último hijo. Desde niño, Kenji siempre estuvo al lado de su padre y cuentan que decía: “Api, cuando sea grande quiero ser como tú”. Fujimori lo miraba, indican, con un poco de pena y le decía: “Sí, hijo, cuando seas grande, cuando seas grande”.

El tiempo pasó volando y Kenji aún sigue diciendo: “Cuando sea grande, api, me compraré un espacio tan grande y cómodo como tu cárcel, api. Cuando sea grande, quiero ser como tú”.

Kenji es ingenuo y torpe; impulsivo a veces y malcriado como un adolescente sin muchas luces. De pronto cree saber algo y se emociona y casi siempre termina metiendo la pata. Se parece a Carlos Raffo, solo que es peor.

En cambio, Fujimori ha nacido con una astucia notable para el mal. Sabe lo que hace, lo piensa bien, calcula como todo maleante. Es sumamente desconfiado, tanto que sus negocios, el billete fuerte, solo lo maneja él, estrictamente él.

Cree que fue mala suerte el haber engendrado un hijo como Kenji. Pero lo quiere con toda el alma, tanto que ni siquiera le llama la atención por las tonterías que hace. Pero nadie sabe cómo lo trata ahora que ha metido las cuatro patas.

 

 

 

“Keiko vive de nuestra plata”

 

 

El jurista Carlos Rivera sostuvo que los hijos de Fujimori realizan campañas como la del indulto, con el dinero robado durante la dictadura. Además calcula que solo la familia de Fujimori habría sustraído al Estado al menos 300 millones de dólares, dinero que forma parte de los 8 mil millones de dólares que robó la mafia.

 

—¿De todo lo que robó la mafia al Estado durante la dictadura de los noventas, puede establecerse cuánto fue lo sustraído por la familia de Fujimori?

—Hay un informe del exprocurador Pedro Gamarra que señala que sería de 6 mil millones de

dólares y otros que llegaría a los 8 ó 10 mil millones de dólares.
—¿Pero lo que le corresponde a Fujimori?

—El robo fue hecho por una organización mafiosa y el jefe de esa organización fue Fujimori, quien junto a Montesinos, movía ese dinero ilícito. La mayor parte de la sustracción tenía como destino las manos de Fujimori que decidía cómo iba a ser usado y en qué momento. Un ejemplo es el hecho de que Nicolás Hermoza Ríos, cuando fue capturado, devolvió, él solo, “de buena fe” 20 millones de dólares. —¿Qué revela el caso Apenkai sobre el latrocinio?

—Sí, ahí está la sentencia en reserva contra Víctor Aritomi, esposo de Rosa Fujimori, hermana del expresidente. En ese caso se estableció que cuatro millones y medio de dólares de donaciones japonesas fueron desviados a manos de Aritomi y Rosa Fujimori, y Alberto Fujimori fue la cabeza de esos actos. Es decir que la familia trabajó para la organización delictiva de Fujimori.—¿Hay un cálculo del robo hecho por su familia?

—Lo de Apenkai es algo mínimo, un detalle, pero fueron diez años de gobierno, en los que el robo fue sistemático a través de desvíos de dinero provenientes de la privatización. Yo calculo 200 a 300 millones de

dólares de robo solo en su familia de esos 8 mil millones de dólares, y seguramente me quedo chico con esa cifra.—¿En qué se basa para llegar a esa cifra?

—La fiscal

Suiza Cornelia Cova halló en el año 2000 una cuenta de 59 millones de dólares a nombre de una sola persona: Vladimiro Montesinos, ¿pero cómo puede llegar a abrir una cuenta fabulosa una persona? Pero esa cuenta no es solo de Montesinos, sino de Fujimori. Sumando las cuentas halladas se pueden llegar a 300 millones de dólares y que puede multiplicarse aún. Solamente ellos saben lo que han robado.
—Pero a Fujimori no se le han hallado cuentas.

—Hay una investigación que explica claramente del dinero ilegal del que siempre dispuso Fujimori: el tema de la CTS de Montesinos. Fujimori entregó 15 millones de dólares a Montesinos y como tenía que reponerlo al Estado, sacó de su bolsillo como por arte de magia ese monto, porque obviamente no fue a un banco y le dieron esa suma. Esa investigación está pendiente en el Poder Judicial.
—Dinero que supuestamente Aritomi entregó a Fujimori.

—Hay varias versiones, una es esa, y que demuestra cómo se manejaba el dinero sucio y cómo lo tenían disponible cuando lo requería

Fujimori. A Aritomi se le encontraron cuentas millonarias y con el sueldo mensual de embajador, que puede llegar a 15 mil dólares, no llegaría nunca a los 4.5 millones de dólares, así haya ahorrado todo lo que ganó. —Si ese dinero terminaba en las manos de Fujimori ¿por qué no se congelan esas cuentas del caso Apenkai y se recuperan como pago de los 27 millones de soles que debe al Estado?

—La Procuraduría ha hecho las gestiones correspondientes, pero hay de parte del

Japón un encubrimiento de estas personas, una actitud poco diplomática, de contubernio con los Fujimori; Japón no ha ayudado a la justicia peruana a pesar que se trata de actos de corrupción, lo que, sumado al tiempo, hace difícil que vuelvan esos dineros al país. —¿De qué vive entonces Keiko Fujimori?

—¿De qué vive Keiko? De nuestra plata. Ellos usan un sistema sofisticado de entregas de esos dineros entre un grupo de personas para que les llegue finalmente, y no es solo para hacer sus compras en Wong sino que les permite realizar campañas políticas como la del indulto, contra la Comisión de la Verdad y contra el gobierno. Tienen una capacidad operativa basada en lo robado en la dictadura, porque ni Keiko ni Kenji son empresarios de éxito.
MAFIA DESAPARECIÓ 6 MIL MILLONES

Sistema que permite impunidad

El exprocurador anticorrupción Pedro Gamarra indicó que la referencia de los 6 mil millones de dolares .

solo es una parte del total que fue hurtado durante la dictadura porque se refiere solo al dinero de la privatización de las empresas estatales y no tiene en cuenta el desfalco de la Caja de Pensiones Militar Policial y otros latrocinios.

“Son 6 mil millones de dólares que desaparecieron pero en la Caja Militar Policial también se robaron millones. El dinero se esfumaba con decretos y desvíos para compras secretas. Donde tocabas salía pus”, dijo Gamarra a LA PRIMERA.

Sin embargo, lamentó que las investigaciones de corrupción no concluyan con sanciones a los responsables y sostuvo que es debido al sistema de impunidad imperante y a las trabas en el sistema nacional penal y el internacional.

“No hay sanciones para los funcionarios acusados de corrupción y ahí está un claro ejemplo la financiación de los estudios de los hijos de Fujimori. Todo se archiva en la Fiscalía. Hay un sistema que mueve la corrupción, un sistema diseñado para que triunfe la impunidad”, refirió.

En el caso de Fujimori, señaló que, a pesar de que no se le han hallado cuentas, hay indicios de enriquecimiento ilícito. “El nivel de vida de sus hijos, sus casas, las campañas que hacen no son ciertamente fruto de donaciones”, expresó.
ESTUDIOS DE LOS HIJOS DE Fujimori

No debió archivarse caso

El caso referido a la financiación de los estudios de los hijos de Fujimori, entre ellos Keiko Fujimori, que reflejaba el uso de dinero fruto de la corrupción durante la dictadura, no debió archivarse, sostuvo el procurador adjunto anticorrupción Jorge Olivera.

Según las conclusiones del informe de los peritos de la Contraloría, el exdictador Alberto Fujimori gastó US$ 1 millón 225 mil en los estudios de sus hijos Keiko, Hiro, Sachi y Kenyi en los Estados Unidos.

“El argumento de que estudiaron con la venta de un terreno es inverosímil, porque no concuerdan las fechas”, dijo Jorge Olivera a LA PRIMERA.