E C O N O M I A

LA IMPORTANCIA DE REFLOTAR PETROPERÚ

 

 

El investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, saludó la intención gubernamental de fortalecer a Petróleos del Perú (Petroperú), considerando que esta es la única petrolera estatal en el mundo que no produce ni un barril de crudo ni molécula de gas.

Explicó que la petrolera estatal adquiere a precios internacionales toda la producción que procesa a través de sus refinerías, con el agravante que los precios del crudo ligero de sus más importantes abastecedores que operan el lote X y del Z-2B está indexado al crudo Brent, marcador del petróleo del Medio Oriente, por ende Petroperú desembolsa mayores cantidades de dinero para comprar el insumo.

“En conjunto en Talara casi 30 mil barriles diarios son producidos por empresas estatales de terceros países (Petrobras en el lote X, Ecopetrol y Corea del Sur en Z-2B, y Sapet de la China Comunista en el VI/VII)”, señaló.

Por ello, Manco Zaconetti afirmó que la forma mas eficiente para operar de Petroperú es mediante la integración vertical de sus operaciones que van desde la exploración, explotación, refinación, transporte, distribución y comercialización mayorista y minorista.

PROBLEMAS DE LA PETROLERA
 

“Con muletas, sin campos de producción ni grifos propios, ni buques, ni camiones cisternas Petroperú en la actualidad solamente opera en las actividades de refino con Talara, Conchán, Iquitos, El Milagro (Bagua); en el transporte solamente opera el Oleoducto Norperuano con una capacidad subutilizada, pues transporta un poco más de 30 mil barriles del crudo proveniente de los lotes de la selva nororiental 1-AB y 8 operados ambos por la empresa argentina Pluspetrol Norte”, afirmó.

En lo referido a las actividades, indicó Manco Zaconetti, de transporte marítimo carga, y descarga de crudo y derivados la petrolera estatal no cuenta con ningún buque propio. Por ello, afirmó el investigador que Petroperú “se ve en la obligación de contratar servicios de terceros a precios alzados, con contratos cuestionados con empresas privadas”.

Sobre este punto, el investigador de San Marcos recalcó la necesidad de reconstruir la unidad de transporte marítimo de lo que fue alguna vez Transoceánica, empresa que fue privatizada a favor de capitales chilenos.

Pero las limitaciones no culminan. Si bien según Manco Zaconetti, Petroperú como empresa de distribución mayorista abastece a una serie de empresas de distribución de combustibles, el problema, anotó, radica en que la empresa estatal a diferencia de su competencia (Repsol/YPF), no tiene estaciones de servicios (grifos) propios que le permitan comercializar sus combustibles y a la vez ganar posicionamiento en el mercado. Es más, al no tener grifos propios tiene relaciones comerciales con grandes distribuidoras de combustibles como la cadena Primax, Pecsa, Petroamérica y otras.

En conclusión, Petroperú reducida a su mínima expresión poco es lo que puede hacer para incrementar su rentabilidad, pues no controla la renta petrolera; adquiere el petróleo crudo abonando precios internacionales y obtiene su márgenes de refino y distribución con utilidades franciscanas”, subrayó.

ELEVADA PARTICIPACIÓN EN MERCADO
 

A pesar de la múltiples limitaciones de la petrolera estatal, según el investigador, su participación en el mercado de combustibles promedia el 48% y es la empresa que tiene el liderazgo en la economía en cuanto a los ingresos por ventas con más de S/. 13,400 millones en el 2011, pero con una tasa de rentabilidad neta menor al 4%, sus acciones listadas en Bolsa no resultarían atractivas para los inversionistas bursátiles.

Precisó que el 2011 con resultados preliminares las utilidades netas superan los S/. 412 millones, superando los S/. 299 millones obtenidas en el 2010 y las utilidades netas de 2009 que sumaron los S/. 268 millones. “En verdad, sus excedentes resultan mayores si se suman las obligaciones pensionarias por más de 100 millones de soles anuales, cuestión que ninguna empresa petrolera en el mundo asume, más las llamadas “partidas inusuales” que le recargan por ser empresa estatal, como los costos de remediación ambiental de los lotes que fueron privatizados en el pasado”, concluyó.                               

ENCUESTA REVELADORA

Los promotores de una campaña de radical oposición contra la ley de Promoción de la Alimentación saludable de Niños y Adolescentes deben tener muy en cuenta la encuesta privada publicada ayer, que consigna que un abrumador 84 por ciento de lo que están informados sobre la misma considera buena la legislación, si bien 41 por ciento estima considera que, siendo buena, necesita mejorarse

Es significativo que solo 12 por ciento opine que la legislación, de carácter más orientador que limitativo, es mala, porque consideran que afecta La Libertad de los consumidores, uno de los ejes de la campaña en marcha contra la ley, que martilla a diario sobre la opinión pública y que tiene un nada constructivo ingrediente de fundamentalismo ideológico conservador.Tal afectación contra La Libertad resulta imposible porque ninguno de los artículos de la norma prohíbe consumo alguno o restringe la actividad de los negocios que venden o expenden productos alimenticios que puedan dañar a la salud.De lo que se trata es simplemente de desalentar el consumo de productos industriales con alto contenido de grasas saturadas y azúcar y de reducir las posibilidades de que estén a la mano de niños o adolescentes y de que le sea incentivado mediante publicidad indebida la ingesta excesiva de tales productos.La ley ha merecido el reconocimiento de las organizaciones mundial y Panamericana de la salud (OPS/OMS) en la medida que el Perú se ubica en la corriente adelantada de países como Estados Unidos, México o Brasil, que toman medidas preventivas ante lo que constituye un grave problema de salud pública.Nadie puede negar que el consumo excesivo de los mencionados productos, causa obesidad y otros perjuicios para la salud, que el Estado y sus legisladores tienen la obligación de prever y evitar, aplicando el principio del bien mayor o el bien común por encima de otras consideraciones.

Ello es tan cierto que grandes empresas estadounidenses que durante décadas han producido esos alimentos nocivos, se han comprometido a modificarlos o reemplazarlos, en aras de la salud de los consumidores.También es cierto que la ley es, como todo, perfectible, lo que podrá hacerse en la elaboración del reglamento, para lo cual las autoridades han pedido la participación de los empresarios, de los padres de familia y otros sectores, lo que confirma que la ley no constituye una imposición oficial, pues además su aprobación contó con el voto ampliamente mayoritario de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la república.Esa participación garantizará la adecuada aplicación de una legislación de cuya pertinencia ya no quedan dudas, a la luz de la encuesta que motiva este editorial.

O P I N I Ó N

TANTO IMPORTA EL COLOR DEL GATO?

Murió la flor, se vino la noche, se acabó, no va más, finito, kaputt: la propuesta para que PETROPERÚ adquiera la refinería La Pampilla ha muerto en tiempo record, víctima de cargamontón, rodeada de declaraciones y contradeclaraciones, pasos en falso, pasitos de costado y pasitos para atrás, a medio camino entre la hoja de ruta y la gran transformación. Quizás lo más lamentable de este episodio es que se perdió la oportunidad de entablar un debate responsable sobre el rol que PETROPERÚ y las empresas públicas deben cumplir dentro de la economía nacional.

La empresa pública existe, a diferencia de la privada, para el bien de la sociedad. Así, opera con una lógica empresarial pero ligada al interés público, pues su finalidad no es generar ganancias privadas sino beneficios colectivos. Por ello, la presencia estatal es necesaria en sectores económicos claves, como los Hidrocarburos, pues como el reciente escándalo de la reventa del gas de Camisea en el exterior, eludiendo el pago de tributos, demuestra que no todo es color de rosa cuando se deja en manos de privados y del “libre mercado” un sector tan crítico.

“No importa el color del gato, siempre que cace ratones”, se dice; y bajo esa lógica, hoy alrededor del mundo el pragmatismo económico se ha impuesto, con multitud de empresas de propiedad estatal o mixta (las llamadas paraestatales) altamente competitivas, que invierten, crecen, operan internacionalmente, se alían con el sector privado, y contribuyen a la prosperidad de sus países. Mientras, en el Perú seguimos estancados en una discusión estéril, alimentada por algunos fundamentalistas ideológicos que están atrapados en el pasado, añorando la época en que hablar del rol del Estado en la economía era un sacrilegio.

Más allá de la compra o no compra de La Pampilla, la cuestión de fondo debió haber sido avanzar en definir cómo PETROPERÚ y las demás empresas públicas le sirven mejor al país, y cómo se las articula al desarrollo nacional, asegurando que operen eficiente y trasparentemente, blindándolas contra la corrupción, el manipuleo y el clientelismo político. Sin embargo, por enésima vez nos hemos dedicado a discutir el color del gato, en vez de entendernos en cómo lograr que el gato (estatal) sea ágil, astuto, y que cace ratones.

A C T U A L I D A D

AGENTES ENCUBIERTOS DETECTARÁN CASOS DE CORRUPCIÓN EN EL ESTADO.

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción coordina con el Ministerio Público y el Ministerio del Interior la introducción de la figura del agente encubierto en la administración pública, para denunciar los actos de corrupción que se cometan en las entidades estatales.

Es algo contemplado en la normativa penal para identificar a una persona o una red de corrupción”, señaló, la coordinadora general de dicha entidad, Susana Silva.

Recordó que esta modalidad se utiliza para la investigación del tráfico ilícito de Drogas y del terrorismo, pero aún no se ha aplicado dentro de la administración pública para detectar casos de corrupción.

Su implementación, agregó, se llevará a cabo en el marco del énfasis que se viene dando a la lucha anticorrupción dentro del aparato estatal.

Este esfuerzo incluirá en breve la difusión de los mecanismos, procedimientos y lugares en los que la ciudadanía podrá realizar sus denuncias contra eventuales actos de corrupción en el sector público.

Silva dijo que ello también apunta a revertir los bajos índices de denuncias que la ciudadanía formula contra los actos de corrupción en la esfera estatal.

Asimismo, anunció la implementación de pautas para que los mismos servidores y funcionarios públicos conozcan en qué casos pueden incurrir en acciones de corrupción, de manera involuntaria.

“Muchas veces cometen actos contrarios a la ética y la integridad por desconocimiento”, refirió.

Así, se dará una “guía de buenas prácticas que pueden implementar las entidades, a fin de fortalecer ese aspecto en la función pública”, mencionó.

“Tenemos un código que es muy general aún. Se tiene que orientar al servidor público si se puede o no recibir un regalo y en qué casos la recepción de este puede constituir un conflicto de intereses”, anotó Silva.

Para ello se tienen que hacer precisiones en este tipo de aspectos, al igual que el caso del uso de los vehículos oficiales, refirió.

“Los altos funcionarios, por una cuestión de seguridad, sí pueden llevar esos vehículos a sus domicilios, pero eso no es para todos. Por eso tienen que haber reglas claras que orienten, que se sepa con claridad qué es lo que se puede hacer y qué no”, recalcó en Canal N.

O P I N I Ó N

Estados alterados

Marx decía que aún la más democrática de las constituciones, tenían contenida la elemental confirmación de que la receta para salvar al Estado democrático, en situaciones extremas, era convertirlo en una dictadura.

 La prueba de este aserto eran precisamente los artículos sobre estados de excepción que se incluyen en todas las cartas constitucionales. Estas normas se refieren a las llamadas emergencias como la que hoy se aplica en Cajamarca, hasta los estados de sitio y ley marcial con los que el gran amigo de Alan García, el periodista Mirko Lauer nos amenazaba el otro día, si sigue la escalada de conflictos.

Lo que quiere decir todo esto, es que el Poder Ejecutivo, que debe, por encima de todo, cautelar los derechos y deberes contenidos en la Constitución, también puede declararse impotente para hacerlo y decidir que pone en suspenso su obligación mientras restituye el orden y eso que ahora le llaman gobernabilidad. El problema es que lo hace a libre criterio, sin control de nadie, rompiendo los balances y yendo tan lejos como puede contra sus oponentes, configurando situaciones de “dictadura legal”, que puede ser nacional o regional, temporal o de largo plazo. Ayacucho y otros departamentos vivieron en “emergencia” casi dos décadas. En el Huallaga y las zonas del VRAE ya es una rutina. En cambio en otras partes del país se ha perdido un poco la memoria de estos procesos y por eso la gente se impacta mucho cuando se anuncia suspensión de las garantías.

Siempre se ha discutido los límites de las excepciones. Pero como se puede ver en la detención de Marco Arana, un cartel de protesta (que está en el campo de La Libertad de expresión) y una sentada en un banco de una plaza puede interpretarse como incitación a violar la emergencia. Más aún, los Policías que un día antes corrían en fuga bajo las piedras de los civiles, y respondían con tiros a matar desde la distancia, ahora se sentían dueños de las plazas y calles y capaces de agarrar a golpes a quién quieran o se lo ordenen del alto mando. ¿Para eso es la emergencia?

La vergüenza mayor, sin embargo, son los periodistas que hasta el martes estaban más que asustados por el curso de las cosas y que pensaban que las cosas habían llegado a su peor momento, pero que apenas decretado el estado de emergencia “valdesizaron” sus cerebros y empezaron a repetir que ahora ya nadie podía hablar, ni caminar, ni sentarse, ni ir a entierros, ni ponerse un cartel. O sea, santo remedio para las protestas. Ni el más mínimo razonamiento del sentido político de esta norma como servicio a los intereses de una empresa minera. Y algún idiota de apellido Flores y nombre Ricardo, anota por RPP que todo este abuso es “constitucional”, como si estuviera hablando de la Biblia.

Para muchos, es cierto, la palabra emergencia asusta y eso pasó en Cajamarca en diciembre y tal vez en Espinar en mayo. Pero la medicina Valdés: mato gente, declaro emergencia e impongo el diálogo en mis términos, ya está demasiado vista. Habría que recordarle a este admirador de Fujimori que con emergencia enfrentamos a su presidente más querido hasta sacarlo del poder, y con emergencia se hizo el paro del 19 de julio que echó a Morales Bermúdez, y hay más ejemplos. Es decir que a los pueblos no se les doblega con espantapájaros por más disfraces constitucionales con que los vistan. 

A C T U A L I DA D

Un paso histórico

Hemos tomado la palabra a un prestigioso economista especializado en el tema de los Hidrocarburos, para sintetizar el sabor que nos deja una primera lectura del Decreto Supremo que, tras largos años de espera, reglamenta y, por tanto, pone en vigencia, la ley que, con amplio consenso nacional y el apoyo parlamentario contundente, promulgara el Congreso, pese a los resquemores del Ejecutivo, en julio de 2006.

Desde entonces la Ley de Fortalecimiento y Modernización de la Empresa Petróleos del Perú (PetroPerú) permaneció engavetada bajo siete llaves, lo que impedía que la voluntad popular mayoritaria, recogida por el Parlamento, había dictaminado.

El escamoteo eludió la obligación gubernamental de reglamentar la ley, trámite ineludible para ponerla en vigencia y cuyo incumplimiento había hecho que la ley pase al olvido, pero era una ley de la República y el gobierno tenía que hacer lo que no habían hecho sus antecesores; tenía que cumplir la elemental obligación de ponerla en vigencia.

El tema es así de sencillo, pero quienes quieren complicar la situación, por fanatismo neoliberal, por odio político, por ignorancia o por servir intereses antinacionales, o por todas esas razones juntas, han arreciado con los ululantes gritos de alarma ante un supuesto estatismo, o ha reducido lo que es el cumplimiento de una deuda jurídica, moral y política y pendiente –la puesta en vigencia de una ley aprobada con todas las de la ley- en una simple maniobra para hacer posible la compra de los activos de Repsol, una operación que no está decidida.

Por encima y al margen de ese griterío, se yergue, con sello histórico, el hecho positivo de que PetroPerú, despedazada y reducida a su mínima expresión por el fundamentalismo privatista –con la promesa incumplida de que así se resolverían nuestros problemas energéticos- podrá explorar, explotar, refinar, industrializar (mediante la petroquímica) y comercializar Hidrocarburos.

Es decir que podrá hacer todo lo que hacen cualquiera de las empresas petroleras estatales de América Latina, como las poderosas de México, Brasil, Colombia y otras. Todas que tienen notable gravitación en sus países. Hasta la de Chile, país que no tiene siquiera petróleo.

Adicionalmente, otro decreto ha dado un paso concreto en la misma dirección, al disponer que PetroPerú se haga cargo de la explotación del Lote 64, dejado por una empresa canadiense, con lo que la empresa de bandera podrá participar por primera vez en operaciones de explotación, desde que en 1996 el gobierno de entonces vendió los lotes en los que operaba y la privó de esa función.

Los ciudadanos de bien, que rechazan tanto el estatismo extremo como el maximalismo privatizador, celebran estas buenas noticias y demandan que se acaten las decisiones tomadas de acuerdo a ley y en defensa de los intereses nacionales, sin afectar en absoluto a las inversiones, a la seguridad jurídica ni a la estabilidad económica.

Críticas exageradas

Para el expresidente de PetroPerú Humberto Campodónico, son exagerados los cuestionamientos del sector empresarial y sus voceros a la posible compra de los activos de Repsol en el país –estaciones de servicio, refinería La Pampilla y planta envasadora de gas- por parte del Estado, que señalan que significaría el regreso de la estatización.

El debate no tiene que ser sobre ideas políticas, por el contrario tiene que darse sobre argumentos técnicos que analicen si la compra es beneficiosa o no para los intereses nacionales”, precisó.

A C T U A L I D A D

Chile pretende grifos Repsol

Los parlamentarios Daniel Abugattás y Jaime Delgado se pronunciaron ayer a favor de que PetroPerú compre Repsol, mientras políticos como Alan García y Lourdes Flores y el empresario Alfonso García Miró, se inclinan por dejar el camino libre a que la compra sea hecha por privados, principalmente Primax, cadena en la que participa la empresa estatal Chilena Enap

Abugattás sostuvo que si PetroPerú compra los grifos de Repsol se logrará fortalecer la empresa estatal y se acabará el monopolio de la empresa Primax, conformada por capitales privados y la Chilena Enap.

“Yo creo que una empresa como PetroPerú, que tiene muy buenos resultados financieros, debe de buscar posicionarse y buscar la seguridad para la población. Creo que se debe procurar adquirir los grifos y la planta procesadora y envasadora de gas”, remarcó.

Recalcó que el Gobierno debe tratar de fortalecer la presencia de PetroPerú en el área de comercialización. “El Estado tiene que garantizar un abastecimiento acorde con las necesidades de la población”, dijo.

Abugattás señaló que “existiría el peligro de que se genere un monopolio con la adquisición por parte de la empresa estatal Chilena de todos los grifos peruanos, con lo cual sería un solo proveedor y venderían la gasolina a precios que les venga en gana”.

El parlamentario nacionalista refirió que el desarrollo del Perú depende del fortalecimiento de la comercialización de combustibles líquidos y del gas. “La presencia y el fortalecimiento de PetroPerú en el área de comercialización de combustibles es indispensable, porque en el Perú prácticamente solo Enap y la Distribuidora Petrox de Chile, a través de Primax, venden combustibles”, indicó.

A su turno, el congresista Jaime Delgado dijo que el Gobierno ha recibido la propuesta de venta de Repsol, por lo que PetroPerú evalúa técnicamente su adquisición con vías a fortalecer la empresa petrolera nacional.

Precisó que el diésel que produce el Perú tiene un alto nivel de azufre “que sale de los estándares internacionales” y por esa razón “casi las dos terceras partes de ese combustible que consume el país son compradas a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) de Chile”.

“Repsol quiere vender desde hace un tiempo en paquete, es decir la Refinería La Pampilla, los grifos y la planta. El Gobierno ha recibido la propuesta y PetroPerú tiene que evaluar técnicamente si conviene o no conviene”, anotó.

En ese sentido, Delgado resaltó que es importante “despolitizar y desideologizar este tema, porque PetroPerú es una empresa estatal que opera desde hace muchas décadas, y está autorizada por ley para intervenir en todos los eslabones de la cadena productiva”.

“Hay una ley, que es la ley 28840, promulgada no por este Gobierno, no por este Congreso, sino por Congresos anteriores, para fortalecer PetroPerú y facultarla para intervenir incluso en la industria petroquímica. Entonces una decisión como esta, tiene que ser una decisión técnica”, remarcó.

Destacó que PetroPerú es una empresa rentable, “es una empresa que ha demostrado un trabajo eficiente”. “Las refinerías como La Pampilla, como la de Talara, de acuerdo a ley, tienen que adecuar sus instalaciones para reducir los niveles de azufre en la producción de combustibles”, subrayó.INVERSIÓN CHILENA

El expresidente aprista Alan García Pérez expresó días atrás en su cuenta de Twitter que el Gobierno le “hace un favor a Repsol comprándole una planta que dará pérdida si cumple la ley de reducción del azufre”.

“Es Repsol la que debe invertir mil millones (de soles) para reducir el azufre del diésel. Es su obligación. ¿Por qué el Perú?”, escribió García.

Agregó que “el estatismo chavista solamente lleva a la escasez y a dar chamba a los amiguetes” y “es un modelo primitivo y ahuyenta la inversión”.

La lideresa del PPC, Lourdes Flores, calificó como “el colmo de la idiotez” que el Gobierno pretenda comprar Repsol y sostuvo que esa intención debe pasar por una aprobación del Congreso y advirtió que en caso contrario el ministro del energía, Jorge Merino, será denunciado constitucionalmente.

Añadió que una eventual compra de Repsol sería una “barbaridad” y un mal mensaje en la política económica y anunció que si la operación de compra es aprobada por el Parlamento el tema será llevado por el PPC al Tribunal Constitucional. “¿Qué se pretende? ¿Que volvamos al PetroPerú deficitario de los ochenta o al chavismo simplón?”, acotó.

De igual parecer fue el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso García Miró Peschiera, quien criticó que el Gobierno quiera “arriesgar grandes recursos públicos, (…) sobre todo cuando existen empresas privadas que pueden hacerlo”.

García Miró salió así tácitamente en defensa de una eventual compra de Repsol por Primax y la Chilena Enap, que pretenden hacerse de Repsol_perú.

O P I N I Ó N

¿Cuándo se acabará el infierno?

¡Chino, contigo hasta la muerte!, gritaron las multitudes en el estadio de River Plate y luego en la Plaza de Mayo para saludar a Jorge Rafael Videla, luego del Campeonato mundial de fútbol de 1978.

A poca distancia de allí, una prisionera daba a luz sin auxilio médico y se la dejaba desangrarse. El niño, arrebatado de su vientre, era llevado a otro sitio para ser vendido o entregado a militares incapaces de procrear.

En un cuartel cercano, alzaban vuelo los helicópteros con su carga de presos políticos para torturarlos arriba y luego arrojarlos sobre el Río de la Plata. Por buena razón, se dice que el infierno estaba en la Casa Rosada.

En ese país como en el Perú, Chile, Uruguay, Brasil y un largo etcétera, existió un cLima de apoyo cuando no de complicidad en los sectores judiciales, eclesiásticos, legislativos, policiales, y sobre todo en los medios de comunicación masiva que se convirtieron en portavoces y propagandistas de los gobernantes infernales.

En actitud de cambio, el cardenal de Argentina, ahora Papa Francisco, pidió perdón a ese país por la participación de la Iglesia en el terrorismo de estado. Creemos que, en su pontificado, ratificará la condena contra esa manera satánica de gobernar.

En el Perú, la complicidad civil se puso antifaces. Los llamados jueces sin rostro encontraban “culpables” y condenaban a largas penas de prisión en sólo una o dos horas de audiencia a personas cuyo único crimen era disentir o pertenecer a la etnia o a la región que se intentaba aterrorizar.

En Argentina, Estela de Carlotto relató que, al buscar a su nieto, el juez de menores le mandó a decir que no insistiera porque “podría terminar en una zanja”. En el Perú, no quedan muchas abuelas indígenas que puedan denunciar las ejecuciones porque los cadáveres no pueden hablar.

La perversidad y el pánico son los únicos medios “de persuasión” que utiliza un gobierno terrorista. Se explican así las multitudes que aplaudían a Videla y los miles de peruanos encuestados que son partidarios del indulto a Fujimori.

Quienes manejan los controles del pánico, conducen al pueblo a una mentalidad propicia a aceptar el infierno. Aquella se expresa en un cLima de sospecha en el que todos debemos probar que no somos terroristas ni antipatriotas. En esas condiciones, unos se rebelan, otros callan y muchos aplauden.

Supuestamente, el objetivo del gobierno es exterminar el terrorismo. Terrorista, sin embargo, puede ser considerado un universitario, un abogado defensor, un sacerdote o monja que hacen tarea social, un dirigente de sindicatos, un periodista o el miembro de cualquier partido de izquierda. Las pruebas incriminatorias son fáciles de fabricar.

Por eso, al pasar la dictadura, la gente que ha visto los cadáveres calcinados de los universitarios y que sabe de los miles de campesinos ejecutados en los Andes justifica cualquier perversidad con el estribillo de que así Fujimori acabó con el terrorismo.

En el Perú, los partidarios de ese terrorista de estado tienen un partido político, el Fujimorista. Por el otro lado, cada vez se endurece más el tratamiento contra los presos de la guerra, algunos de los cuales se han pasado la mayor parte del tiempo en régimen de calabozo y ahora se le restringen las visitas familiares. ¿Es necesario ensañarse contra ellos?

¿Termina la perversidad al finalizar la dictadura? ¿Se acaba el infierno?... En Alemania, se desarrolló durante décadas un proceso de desnazificación. En países con tan distinto signo ideológico como Chile, Guatemala y Argentina, los antiguos torturadores — algunos octogenarios— van a la cárcel. En el Perú, Alan García y los hijos de Fujimori se dan el lujo de conminar al presidente exigiendo el indulto. ¿Cuándo se acabará el infierno?

P O L Í T I C A

Respuesta a Arévalo y Petroperú

Cuando llegó a nuestras manos la información sobre el extraño poder que el gerente de Recursos Humanos de PetroPerú ostenta dentro de la empresa estatal y que parece haberse reforzado con el cambio en la presidencia ejecutiva, lo que hicimos de inmediato y durante varios días fue intentar comunicarnos con el aludido para que hiciera los descargos correspondientes. Pero en vez de él, nos atendió el jefe de la Unidad de Medios de Comunicación de PetroPerú, subordinado del señor Arévalo, quien hizo una explicación por escrito del caso que aparece resumida en el texto que publicamos el 24 de marzo. No es que nosotros pusimos al Sr. Beteta como su representante, sino que él fue el que tomó su lugar.

El día de la publicación, el mismo Sr. Beteta se comunicó telefónicamente conmigo y pidió hacer nuevas aclaraciones a lo que contesté que tenía abiertas las vías para una carta de rectificación en el diario. Al día siguiente me llamó una persona que se presentó como abogado del Sr. Arévalo proponiéndome un encuentro al día siguiente para conversar sobre mi artículo en la Tiendecita Blanca de Miraflores, cita a la que asistí y en la que permanecí media hora en espera, suponiendo que los que habían hecho la invitación podían identificarme y que si no podían hacerlo usarían mi número telefónico que ellos consiguieron por su propia cuenta. Luego llegaron dos cartas, una de PetroPerú firmada por el gerentede administración (e) y otra directamente por el señor Arévalo que han sido publicadas en la edición del jueves 28 de marzo.

Ahora, si alguien tenía alguna duda sobre lo poderoso que puede ser un gerente de Recursos Humanos en una empresa pública, la secuencia anterior puede darle una idea de lo que se trata. No es usual que ante una discusión sobre responsabilidades personales se produzca un movimiento corporativo tan fuerte como el que hemos visto en este caso. Más aún que la empresa como tal insinúe que se podría llegar a la denuncia fiscal, como le habría ocurrido a otras personas, por haber calumniado al señor Arévalo, o que se nos ponga un ultimátum de publicación de una carta a la que no estábamos obligados porque nuestro tema no fue PetroPerú ni su gerente administrativo, sino el actual doble gerente de recursos humanos y relaciones corporativas que es una persona diferente.
DEUDA

Sobre el fondo de la cuestión, sin embargo, ninguna de las comunicaciones niega lo que dice el titular de LA PRIMERA de que un gerente de PetroPerú debe millones a la Sunat, y por lo que sabemos que el procedimiento de cobranza ya estaría notificado al demandado. Asimismo, es enteramente cierto que PetroPerú es quien lo exculpa, como se ve en la manera como la empresa ha respondido a nuestra investigación. Lo que se dice, sin embargo, es que el origen de la deuda tributaria no se correspondería con la singular modalidad de pago que se aplica al señor Arévalo (fuera de planilla), sino a asuntos personales del aludido que se ventilan en el Poder Judicial.

Anotemos que en este punto nos basamos en cartas de una exfuncionaria de PetroPerú que nos fueron entregadas por terceros, y que no pareció significativo porque forma parte de un pedido de investigación ante la Contraloría. No habiendo tratado con la autora del texto que lo que hace es pedir un examen de los hechos, le dimos un tratamiento condicional al contenido como se puede apreciar en el artículo. El señor Arévalo y PetroPerú bien podrían mostrar la información sobre las retenciones realizadas y aclarar definitivamente el asunto. Porque de que hay una deuda, la hay, y que en esos casos los deudores buscan forma de protegerse de embargos con modalidades especiales de remuneración también es cierto.
CONTRATACIONES

En la nota del 24 de marzo se mencionan los casos de las esposas de dos altos funcionarios ascendidas recientemente tras los cambios en el directorio y las gerencias, que reflejan situaciones de posible favoritismo. Pero el señor Arévalo se defiende argumentando la supuesta rigurosidad de los procesos de contratación. Lo que no se termina de explicar es por qué personas relacionadas salen continuamente ganadoras a pesar de tanto “rigor”.

Finalmente, cabe decir que el suscrito y el diario en el que escribo han defendido y defienden la actividad de PetroPerú como empresa estatal y apostamos a que pueda lograr recuperar el liderazgo que le fue robado en la época corrupta del Fujimorismo. Pero para que este sueño se cumpla se requiere de mucha transparencia entre los directivos y altos funcionarios de esta gran empresa.

H I S T O R I A

Neruda en la pelea

Manuel Araya, chofer de Pablo Neruda, reafirmó ayer en Radio Continental de Chile lo que desde 1974 he sostenido: que el poeta fue asesinado mediante inyección letal “Lo que vi, lo que denuncié, fue que el 23 de setiembre de 1973, a Neruda le aplicaron una inyección en el estómago, cerca del corazón”, confió a la radioemisora.

El crimen fue ordenado por el fascista asesino y ladrón Augusto Pinochet y se cometió el 23 de setiembre de 1973, doce días después del golpe militar fomentado y financiado por la CIA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ese día 22, Neruda debía ser exiliado a México, por acuerdo del régimen pinochetista con el Gobierno azteca.

El testimonio del chofer Araya había sido desestimado por todos los sectores políticos de Chile hasta que surgió una declaración de Gonzalo Martínez Corbalá, quien en el momento de la muerte del poeta era embajador de México en Chile.

El acta de defunción oficial afirmaba que Neruda había muerto a causa del Cáncer a la próstata que padecía desde hacía años y que un día antes de morir se hallaba en estado catatónico. El exembajador indicó que esto era falso. “Yo estuve con él ese día”, refirió al diario mexicano La Jornada. “Caminaba y conversaba sin problemas”.

El testimonio del diplomático y periodista mexicano echa por tierra la presencia de catatonia. Médicamente, esta es definida como un síndrome esquizofrénico, con rigidez muscular y estupor mental, algunas veces acompañado de gran excitación.

Es evidente que la dictadura y sus auspiciadores extranjeros temían la presencia de Neruda en México. No en vano era el poeta vivo más grande de América Latina, Premio Nobel de Literatura 1971 y orador de elocuencia soberana, admirado incluso por quienes no compartían sus convicciones comunistas.

Neruda había alcanzado consagración en el mundo hispano cuando publicó, a los 20 años de edad, su libro Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Luego, con cada poemario, creció hasta alcanzar un nivel solo comparable al de César Vallejo.

En los años de la guerra civil española (1936-1938), Neruda se identificó con la causa republicana y se aproximó al comunismo, adhesión a la que Vallejo había llegado en 1928, al militar en la célula de Paris del Partido Socialista fundado por José Carlos Mariátegui. Del fragor de aquella guerra surgieron los poemarios España, aparta de mí este cáliz de Vallejo y España en el corazón de Neruda.

Neruda fue activo en salvar españoles de las garras del fascismo. Promovió en su patria la gran cultura democrática y antifascista que la distinguió, antes de Pinochet.

Ahora, el juez Mario Carroza, ha ordenado que el cadáver del genio sea exhumado el 8 de abril, para ser sometido a un examen a cargo de especialistas Chilenos y extranjeros. El mundo aguarda el resultado.