COLUMNA DE OPINIÓN

 

Soberanía energética y retorno a la producción petrolífera

 

Durante los privatizadores años 90, en el Perú se impuso como elemento central de la política económica la idea de que los recursos naturales, como los Hidrocarburos, si bien constitucionalmente pertenecen a la Nación, en la práctica son de facto propiedad del privado que los explota, debiendo reducirse al mínimo la injerencia estatal, lo que implicaba eliminar la participación directa del Estado en la explotación de dichos recursos

 

Esta es una idea cuya validez hoy en día ha sido sepultada por la realidad, con una renovada presencia estatal en sectores productivos claves. En particular, destaca el auge mundial de empresas públicas y semipúblicas de Hidrocarburos, mediante las cuales se multiplica la participación de los estados en la producción y comercialización del gas y el petróleo. Ello se explica porque los Hidrocarburos son un recurso estratégico cuya importancia económica y geopolítica no puede ignorarse; y, por ello, los gobiernos nacionales buscan tener capacidad de decisión sobre su uso y manejo.

Así, revisando cuáles son las 10 empresas petrolíferas con mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial, constaremos que todas son estatales o con participación estatal. LatinoAmérica no es una excepción a este fenómeno y por todo el subcontinente, incluyendo el Perú, operan petroleras estatales. PETROBRAS de Brasil, ENAP de Chile, ECOPETROL de Colombia, son solo algunas de las muchas que hoy en día operan en nuestro territorio explotando y comercializando Hidrocarburos.

¿Y qué hay del estado peruano?. Ciertamente, tenemos a PETROPERÚ, que por su volumen de ventas e ingresos es LA PRIMERA empresa del país. Pero, recordemos que desde los años 90, cuando se privatizaron los lotes petrolíferos, PETROPERÚ solo ha participado en la refinación. Al haber sido excluida de la producción; que es donde está la carne y las ganancias del negocio; PETROPERÚ se ve obligada a adquirir el petróleo que refina a precio de mercado; lo que se traduce en bajos márgenes de rentabilidad y alta vulnerabilidad ante la volatilidad en los precios internacionales.

Otro gallo le cantaría a PETROPERÚ si pudiera participar en los lotes petrolíferos, pues al producir y refinar su propio petróleo, disminuirán dramáticamente sus costos, elevando su rentabilidad e incrementará su aporte a la caja fiscal, todo lo cual fortalecerá su autonomía y su capacidad de contribuir al desarrollo nacional. Así, la vuelta de PETROPERÚ a la producción, en asociación con empresas públicas y privadas, es un tema urgente, de garantía de intereses nacionales y soberanía energética, que debería estar por encima de cualquier consideración ideológica.

O P I N I Ó N

La PNP y la seguridad ciudadana

1).- Tema recurrente en la política del país. Los graves problemas de inseguridad y su relación con la larga crisis de la PNP se remontan a los comienzos de la década de los años 70 del siglo pasado.

La huelga policial del 5 de febrero de 1975 fue el resultado del abandono a los requerimientos policiales resaltados por la acelerada urbanización del país. Durante el régimen velasquista los ministros militares al frente del ministerio del Interior no sirvieron de mucho, y ya iniciado el terrorismo a inicios de los años 80, la situación fue de mal en peor; se militarizaron importantes contingentes policiales y se dejó de lado la lucha contra la delincuencia común.

La seguridad ciudadana fue abandonada a favor de la lucha contra el terrorismo. Durante el primer gobierno de García, la unificación de las antiguas fuerzas policiales (GC, PIP y GR), apresurada y politizada, ocultó sus principales problemas. En los años 90 del Fujimorismo creció la corrupción y la mayor presencia y control del montesinismo al servicio de intereses mafiosos.

2).- Fue en el 2001, durante el gobierno de transición de Paniagua, que el Mininter conducido por Ketín Vidal publicó las “Bases para la Reforma Policial”, interesante documento que proponía el carácter comunitario que debería tener la Policía encargada de mantener la seguridad ciudadana. Diferente al de los cuerpos y Direcciones especializadas de la PNP (Dirandro, Dircote, etc). Lamentablemente esta propuesta cayó en saco roto y terminó en una pequeña sección de las comisarías dedicadas a la “atención al público y la participación ciudadana”. El famoso Sistema Nacional de seguridad Ciudadana, solo funciona cuando asiste el presidente de la República y las cámaras de TV, y sus comités regionales, provinciales y distritales se ahogan en su burocratismo, cansancio y ausentismo. Todo un fracaso.

3).- Ahora que, de nuevo, se ha abierto el debate sobre el tema, habría que insistir en la necesidad de señalar el carácter comunitario global que debe tener el conjunto de servicios que las comisarías brindan a los ciudadanos. Por esto se debe impulsar una audaz política de acercamiento permanente de este servicio policial local a las necesidades y urgencias de los vecinos para ganar su confianza de verdad; ya no bastan eventos deportivos, corte de pelo, etc. Ojo. Los vecinos deben ingresar a la comisaría como quien entra a un establecimiento compartido con otros vecinos, que consideran al servicio policial como un bien público y que debiera estar, por lo tanto, a su alcance en todo orden de cosas, incluido la evaluación y crítica como parte de su anhelo por mejorarlo.

En realidad, aunque no se crea, una mayor eficacia policial- además de mejorar sueldos y tecnologías- reposará en el empoderamiento de la población respecto del funcionamiento de las comisarías. Es decir, por ejemplo, que la autoridad democrática local realice encuestas acerca de qué opinan de la atención policial aquellos ciudadanos que requirieron sus servicios. Y que este resultado se incluya en la foja de servicios del oficial al mando de la comisaría y que sea tomado en cuenta para su ascenso. Van a ver cómo poco a poco el oficial y sus subalternos empiezan a dedicar más esfuerzo y tiempo a la seguridad de sus vecinos. Y cómo estos se sentirán orgullosos de sus Policías.

OPINIÓN

Movadef: acuerdo Guzmán- Montesinos

1).- Desde mediados de la década de los años 70 del siglo pasado, el PCP-Sendero Luminoso buscó organizar y conducir su trabajo de masas mediante sus llamados “organismos generados”, es decir, generados por ellos para captar y conducir la lucha reivindicativa detrás de sus escondidos objetivos. Así, como hongos que crecen en los terrenos húmedos, empezaron a aparecer siglas como MOTC (Movimiento de Trabajadores Clasistas), MFP (Movimiento Femenino Popular), SOPO (Socorro Popular), etc., etc.

Sin embargo, una vez iniciada su lucha armada, estos organismos se convirtieron en una frágil fachada de los grupos armados y terroristas del senderismo. Y, conforme la violencia y la represión crecían, sus miembros tuvieron que optar por abandonarlos o integrarse a las células propiamente del partido.

2).- Aunque no se recuerde, el rastro inicial del Movadef puede encontrarse hacia mediados de 1993, cuando el “presidente Gonzalo y la c. Miriam” solicitan conversar con sus captores, reconociendo haber sido derrotados (“¿acaso creían que íbamos a tomar el poder?...queríamos que ingresen los yanquis”). En realidad, ahora ya se sabe, como resultado de numerosas reuniones con el “interlocutor académico” (Montesinos), se acordó trasladar a la cúpula senderista ubicada en diversas prisiones del país al lugar de reclusión de Guzmán, para que los convenciera de la inutilidad de seguir con su lucha armada. Y de allí salió la coartada del Acuerdo de Paz.

Nunca hubo un Acuerdo de Paz, pero sí otros acuerdos. Además de los que privilegiaban las condiciones de carcelería de Gonzalo y Miriam, fueron dos los más importantes: a) El que ambos firmaran la carta, redactada por Merino Bartet del SIN, que Fujimori utilizó en la Asamblea de la ONU- 1º octubre del 93- como muestra de la rendición del terrorismo senderista a escasos días de la realización del Referéndum, con el claro objetivo de favorecer la aprobación de la Constitución Fujimorista vigente hasta nuestros días; b) La publicación y difusión al interior de los núcleos de senderistas presos y también en las células del extranjero, de la crítica implacable contra la fracción “Proseguir” que pugnaba por continuar la lucha armada.

La tesis enarbolada por Guzmán en prisión sostenía que ya había terminado LA PRIMERA Gran Ola de la Revolución mundial (con su captura, se entiende), y que la tarea ahora era acumular fuerzas y esperar la inevitable Segunda Ola, donde una remozada guerra popular iba a tener, ahora sí, una verdadera dimensión mundial. ¡Para lo que se requeriría preparar la militarización de todos los partidos comunistas! Pero, en realidad, la capitulación ideológica era total. La farsa había terminado y el cuento de la “jefatura mundial” también. El presidente Gonzalo dio paso al doctor Abimael Guzmán.

3).- Los únicos que se han militarizado son la banda armada de los Quispe Palomino del Vrae. Secuestrando niños y fagocitando la industria del narcotráfico. De otro lado, los “acuerdistas” se transformaron en “solución política”, y después en “Amnistía general” (Guzmán, Montesinos, Martín Rivas, etc.). Cosa curiosa, los primeros reniegan de su pasado pero siguen matando; los segundos consideran que el terrorismo senderista fue la más grande y trascendente gesta social de nuestra historia, pero ahora combinan la falsificación de firmas para inscribirse en la ONPE con la lucha a favor del aumento del sueldo de los profesores.

O P I N I Ó N

CRÍTICAS Y APLAUSOS PARA SANTOS

 

Dos amigos por los que siento un gran respeto intelectual, me han observado la frase “que Santos ha metido la pata varias veces durante el largo episodio de Conga, no cabe ninguna duda”, señalándome que debo desarrollar lo que estoy queriendo decir porque podría parecer que estoy queriendo ponerme en el medio y repartir responsabilidades equivalentes solo por seguir las presiones de la prensa. Acato la sugerencia y resumo en tres puntos y un adicional mis críticas al presidente regional, para luego precisar las virtudes y valor que le reconozco.

Críticas: (a) la más importante de todas, haberse enredado en pleno conflicto regional-minero, en un proyecto de formación de un frente electoral para el 2016, del cual ha aparecido, además, como precandidato. No es que se cuestione su derecho a hacer política ni la necesidad de un reagrupamiento electoral post-Ollanta, sino la relación entre estos objetivos de mediano plazo con la huelga que se venía para los siguientes días, lo que ha servido a sus enemigos para decir que el presidente regional la utiliza como plataforma de sus intereses particulares y de grupo; (b) haber dejado varias veces la impresión de que cede a las presiones de los dirigentes de los frentes de defensa colocados a su izquierda, como en el caso de la propuesta de diálogo con el presidente Humala, que Saavedra retrucó diciendo que se había agotado el tiempo del diálogo, sin recibir respuesta de Santos; (c) no haber podido rescatar para la conciencia colectiva las victorias parciales ya conseguidas por la lucha que van desde la suspensión del proyecto, la imposición del peritaje (que aceptaba que había objeciones válidas al proyecto), las nuevas exigencias del gobierno a la empresa y su aceptación a regañadientes y con ambigüedades. Nada de esto hubiera ocurrido sin el combate de ocho meses, pero la polarización “va o no va”, ha hecho que todo parezca como si estuviera en el inicio; (d) lo que ya no sé si fue un error, quizás solo un movimiento táctico: meter el tema de “sacar al presidente”, que en cierto plazo se va entender mejor como un desafío a hacer algo contra los que traicionan sus promesas.

Aplausos: (a) Santos ha demostrado ser un líder popular consecuente, que no ha buscado el lado fácil de asociarse con los poderosos y buscar dinero de ellos, sino que ha hecho propias los reclamos de su pueblo y ha ido quizás más allá de su programa electoral, respondiendo a un lógica maciza que es que el gobierno de la región no puede abstenerse en problemas de la defensa ambiental, los derechos de las comunidades y el diseño de desarrollo para su territorio; (b) se ha mantenido también como un hijo del pueblo, rondero que no ha roto sus raíces y dirigente que puede mirar cara a cara a sus bases porque no les ha fallado; (c) ha encabezado un movimiento definitorio para marcar el curso del gobierno de Ollanta Humala. Es quién más ha hecho por quitarle las caretas llevándolo a momentos fatales como la declaración de “Conga Va”, la declaratoria del estado de emergencia que derribó el gabinete Lerner, las normas represivas con nombres de Santos y otros dirigentes sociales, que han hecho efecto devastador sobre la aprobación presidencial; (d) ha podido manejar un movimiento prolongado sin recurrir a excesos, donde la mayor violencia ha venido de la Policía y de las órdenes del gobierno, según lo reconocen todos.

Puesto en la balanza, Santos debe ser hoy más respetado que lo que era antes en Cajamarca, aunque tenga mayor número de enemigos.

O P I N I Ó N

POR PROTESTAS: CONGA CAMBIO Y HUMALA BAJO

1).- Después de dos meses de espera, Newmont, principal socio de la empresa Yanacocha, ha declarado estar a favor de postergar las operaciones a tajo abierto de la explotación minera hasta dentro de dos años.

El compromiso para que, mientras tanto, se construyan los 4 reservorios de agua con capacidad de 14.5 millones de metros cúbicos y más de un centenar de reservorios multifamiliares, para abastecer a miles de familias campesinas de agua potable, es un logro de la protesta cajamarquina. También, el respeto a las lagunas Azul y Chica y que no se utilicen como botaderos-quiera o no Roque Benavides- es una salida respetuosa a favor de la mantención del paisaje natural. Esto ha redefinido el carácter del conflicto acerca de Conga.

2).- Este era el sentido de la orientación a que apuntaba la negociación y eventual acuerdo que se tramitaba el domingo 4 de diciembre del año pasado, entre Salomón Lerner, consensuada la propuesta con el ministro Giesecke, y los dirigentes cajamarquinos encabezados por Santos. Y que fue torpedeada desde Lima, vía Valdés, para decretar el estado de emergencia e impedir el acuerdo.

3).- Pero la protesta cajamarquina ha logrado volver a poner las cosas en su lugar. Ya, en enero, las poses autoritarias de Valdés como Primer Ministro hicieron crecer el avance de la protesta desde las calles y plazas de las provincias hasta expandirse a la ciudad de Cajamarca. La rápida selección de los miembros de la Comisión para el Peritaje Internacional, 16 de febrero, ya mostraba que el gobierno se daba cuenta del avance de la protesta. Las movilizaciones y paros, los pronunciamientos de alcaldes, la universidad y colegios profesionales de Cajamarca, le dieron amplio sostén y legitimidad para la formación del Comando Unitario a favor de Conga no va. El informe del peritaje internacional, el 17 de abril, no cambió nada. Los ánimos se caldeaban cada vez más. El 20 de abril el presidente Humala en un mensaje a la nación exige, cuadriplicar la capacidad de los reservorios, no tocar dos lagunas y exigir 10 mil puestos de trabajo. Pero ya estaba en marcha la convocatoria a la huelga indefinida a partir del 31 de mayo.

4).- Ya sabemos cómo se ha desarrollado la huelga y cómo no se cayó en la provocación. Hoy, Cajamarca quiere ser escuchada por el gobierno y el presidente, dejando de lado mezquindades, debe de recibir a los representantes de la protesta cajamarquina. Ha llegado el momento que estos asuman también la responsabilidad de supervisar y fiscalizar lo prometido. En realidad, es bastante lo conseguido si lo comparamos con lo que el inicial EIA le concedía a Yanacocha. Faltan dos años y largo el camino por recorrer. La posibilidad de suspender la huelga no debería ser descartada. Tampoco la realización de un referéndum. Los halcones de los dos lados quieren que la huelga continúe, unos porque quieren reprimirla y encarcelar a Santos y otros dirigentes; y los otros, porque quieren llevar la protesta hacia el despeñadero. Sin embargo, como siempre, un Comando Unitario de Lucha debe permanecer vigilante. Valdés ya cayó y no se da cuenta. Existe un plazo de dos años para restañar heridas y ganar confianzas. Pero, la lección de la protesta cajamarquina, está ahí; con su ejemplo, ha conseguido dar inicio a un nuevo pacto para la explotación minera en el país .

 

S A L U D

PROPONEN UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Un sistema nacional de salud y seguridad Social que articule los servicios de salud, prestaciones económicas y sociales propuso el presidente ejecutivo de Essalud, Álvaro Vidal, como una alternativa a la iniciativa legislativa que plantea anexar a dicha institución, bajo el ámbito del Ministerio de Trabajo, al sector salud.

EL problema no es de adscribir Essalud a uno u otro ministerio, sino de establecer un Sistema Nacional de salud y de seguridad Social, basado en un enfoque sistémico de la salud y de la seguridad social”, expresó.

Consultado sobre la conveniencia de que un solo ministerio centralice todo el sector salud, Vidal aclaró que el Hospital de Policía está adscrito al ministerio del Interior, mientras que el Hospital Naval y el de la FAP lo están al ministerio de Defensa, y no por eso van a pasar al ministerio de salud.

“La experiencia médica en el mundo demuestra que lo mejor es contar con un Sistema Nacional que puede estar en varios ministerios, pero que articule los servicios de todos y los optimice a favor de la población”, precisó.

El Consejo Directivo de Essalud integrado por trabajadores, empleadores y el Estado, se ha pronunciado a favor de permanecer en el ministerio de Trabajo, tal como lo señala su Ley de Organización y Funciones, pues ejerce rectoría en el tema de la seguridad social.

N A C I O N A L E S

CUALES SON LOS PAISES MAS FELICES E INFELICES DEL PLANETA?

El Perú figura entre los países entre regular y mala performance en la tercera oleada del Indice del Planeta Feliz (Happy Planet Index, HPI) difundida por la New Economics Foundation (NEF).

Nuestro país ocupa el número 24 en el ránking mundial, encabezado por Costa Rica y con la sorprendente presencia de nueve países latinoamericanos o caribeños en el “top ten”.

Los últimos resultados de HPI (Índice del Planeta Feliz) muestran cuánta vida y felicidad le otorgan los países estudiados (151) a las personas que viven en ellos. El promedio indicado en cada nación se obtiene combinando el bienestar subjetivo, la esperanza de vida y la huella ecológica y según dicen algunos especialistas se codeará con el PBI como principal indicador de crecimiento a nivel global.

Una luz verde se le otorga al país de buena actuación en estos campos, la amarilla para aquellos que van regular, y la roja a los que lo están haciendo mal.

CASO PERUANO

El ránking del Índice del Planeta Feliz le otorga un 52,4 de puntaje HPI.

 

“El puntaje HPI de Perú refleja una esperanza de vida relativamente alta, mediocres niveles de percepción subjetiva del bienestar, así como un moderado indicador de huella ecológica)”, sostiene el estudio.

REEINGENIERÍA PROFUNDA EN AFPS    

El MEF acaba de presentar una propuesta de Ley al Congreso para la reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Esta incluye algunos elementos interesantes como la incorporación de un segmento de los trabajadores independientes, la modalidad de subasta de cuentas individuales, el inicio del proceso de cobro de comisiones por saldo, la centralización de determinados procesos operativos, la responsabilidad fiduciaria de las administradoras de fondos de pensiones privados (AFPs), los procesos de licitación interna de los Seguros, entre otros. 

Un primer tema a comentar es que el objetivo último de la reforma del SPP debe ser lograr más y mejores pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivencia. Todo lo demás es instrumental o un medio. Ahora tenemos problemas serios, ya que solo el 16% de la población económicamente activa aporta periódicamente al sistema y la pensión promedio es alrededor a mil soles mensuales. En la propuesta no se menciona la necesidad de contar con pensiones mínimas (apoyadas por el gobierno), la posibilidad que el aportante elija la compañía de Seguros y la alusión a una rentabilidad mínima es marginal (derivándose a un futuro decreto supremo). Asimismo, se omite todo lo relativo a la cartera de inversiones, que desafortunadamente pareciera va en la dirección que los fondos (ahorro nacional) se puedan colocar totalmente en el exterior. Tampoco esta propuesta se acompaña de otra para fortalecer el sistema público de la ONP.

La subasta de cuentas parece insuficiente para introducir más competencia al SPP. La mejor opción es que los fondos de pensiones puedan ser operados por todas las instituciones financieras autorizadas en el país. En EE.UU. cada banco posee una o varias opciones de fondos de pensiones privados. No se requiere de AFPs específicas ya que los avances en los sistemas informáticos permiten una operación y supervisión ad-hoc. Las AFPs podrían ser absorbidas por sus bancos respectivos y competirían con las otras instituciones financieras del país, generando mejores rendimientos y economías de escala. Complementariamente, debería exigírseles que tengan la mayor rentabilidad respecto de los equivalentes ofrecidos por cada institución financiera, bajo los niveles de riesgo que corresponda.

Actualmente, las cuatro AFPs generan ganancias extraordinarias para sus accionistas y rendimientos inciertos para los aportantes. Con información oficial al 2011, manteniendo un retorno sobre el patrimonio antes de utilidades de 25% (equivalente al estándar de la Bolsa de Valores de Lima), las comisiones de las AFPs deberían reducirse de 1.2% al 1.06% expresada sobre los saldos de los fondos. Si este ajuste se acompaña también de la disminución de los gastos administrativos y de ventas de 20%, las comisiones sobre el saldo deberían caer al 0.9% anual en beneficio de los usuarios del sistema.    

N A C I O N A L E S

LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA CRISIS MUNDIAL.

Al no predecir ni siquiera lejanamente la caída del muro de Berlín, el colapso de Wall Street, la persistencia de la actual crisis económica, la indignación social mundial y la rebelión del mundo árabe, las ciencias sociales han perdido confiabilidad en los medios académicos europeos y norteamericanos.

Estas ciencias han probado que no pueden predecir eventos humanos globales complejos porque, a diferencia de las ciencias duras como la biología, la física y la química, no pueden repetir experimentos que le den certeza a sus hipótesis. A esto se suma que las ciencias sociales, al estudiar las relaciones humanas, no dejan de estar además, imbuidas de ideología.

De todas las llamadas ciencia sociales, la economía es hoy la menos confiable porque influyó en las decisiones políticas que llevaron al mundo al Crash del 2008. Esto se debió, sobre todo, a que la economía “moderna” enseñada en las universidades y las business schools de los Estados Unidos, usando fórmulas matemáticas difundieron como ciencia, que el mercado se puede regular solo. Los “modernos” economistas pretendieron así convertir la economía en una ciencia exacta que tenía fórmulas que permitían que el capitalismo no tuviera ciclos recesivos.

Hoy, estos economistas “modernos” están desprestigiados, Estados Unidos y Europa casi arruinados y los economistas sensatos norteamericanos están tratando de revisar los fundamentos de la ciencia económica organizados hoy en un movimiento llamado: “The New Economy Movement”.

Lo cierto es que las ciencias sociales, sobre todo la economía, no tienen hoy planteamientos creativos para salir de la crisis. Y esto, porque la actual crisis, no es solo económica y social, sino una compleja crisis de civilización.

En efecto, si examinamos la humanidad podemos afirmar que esta tiene hoy muchas culturas pero una sola civilización, que es la civilización urbana global que se expande imparable por todos los países sean estos pobres, ricos o con diferentes culturas.

Esta civilización urbana planetaria ha hecho crisis porque es incapaz de resolver dos problemas fundamentales para su viabilidad. Primero, no puede sustituir su energía fósil que vomita gases que recalientan peligrosamente el planeta. Segundo, tampoco puede cambiar sus patrones de consumo que están creando escasez de agua, alimentos y convirtiendo al planeta en un basurero.

Gran parte de los economistas y también de los sociólogos no se dan cuenta que la actual crisis no es solo una grandiosa crisis económica y social, sino una crisis de civilización, de un estilo de vida urbano que es ecológicamente insostenible, que fue financiado por un capitalismo especulativo que otorgó créditos riesgosos que crearon normes deudas, tanto privadas como públicas, que hoy son impagables.

Si los “científicos” sociales quieren recobrar confiabilidad conociendo con certeza hacia dónde se dirige la humanidad, será necesario que adquieran conocimientos de las ciencias naturales, en particular ecológicas, para poder pensar en la realidad física del planeta. Si hacen esto, los economistas podrían al fin darse cuenta que el PBI mundial crece pero el planeta no.

CONSTRUYENDO UN DISCURSO PELIGROSO    

En un reciente debate en RPP sobre los conflictos en Cajamarca y Espinar, dos exministros normalmente ponderados y responsables en sus afirmaciones (Fernando Sánchez Albavera y Juan Incháustegui) señalaron que estábamos ante una insurrección.

Y no se trató de la infeliz coincidencia de errores en el mismo tiempo y lugar, sino del manejo consciente de un concepto que, por su propia naturaleza, convoca a que el Estado responda a la protesta social de pleno en el campo militar, subordinando a ello temas de derechos humanos, libertades políticas e institucionalidad democrática.

Ayer, la periodista Rosa María Palacios celebraba que Óscar Mollohuanca estuviera preso. Y dijo que es gracias a esta medida que en Espinar ya no hay conflicto, no hay protestas, no hay muertos.

 Casi literalmente “muerto el perro, se acabó la rabia”. Se obvia en esta reflexión la cantidad de ilegalidades cometidas en esta detención (lo detuvieron cuando iniciaba diálogo con el presidente Regional Jorge Acurio y la congresista Verónika Mendoza; la orden de captura fue servida 12 horas después de la detención; el marco legal para trasladarlo y juzgarlo en Ica fue legalmente vigente 48 horas después de su traslado). Se desprende de esa afirmación que lo que habría que hacer es meter presos a por lo menos a Santos, Arana, Saavedra, Hernández, Benavides y Sánchez en Cajamarca, y quizás también a los Huamán, Bazán e Isarra de la CGTP, CUT y FENTAP que apoyan las protestas de Cajamarca, y después a varios más en Moquegua, Arequipa y Tacna y en Amazonas y Loreto. Pero ignora que en Espinar este conflicto arrastra más de 3 décadas y que no se va acabar porque metan preso al alcalde.

Y en respuesta a una muy moderada columna de Antonio Zapata de la semana pasada, el neutral perito español Rafael Fernández Rubio y varios otros representantes empresariales se tiran con todo contra la idea de hacer zonificación ecológica y económica para establecer dónde sí y dónde no se puede hacer minería. No quieren ningún límite…

Y líderes del PPC ya hablan de la necesidad de ilegalizar a Tierra y Libertad por estar incitando a la violencia. Es decir, buscan que el sistema electoral le aplique a Tierra y Libertad la misma lógica que le aplicó a MOVADEF, la fachada legal de Sendero Luminoso. La reflexión a la base es que protesta social y terrorismo son lo mismo.

Se va construyendo así un discurso sumamente peligroso: la minería no debe tener otro límite que el de su propia rentabilidad; hay que meter presos e ilegalizar a todos los que se oponen; y si esto no basta, entonces hay que enfrentar esa oposición como si fuese una insurrección.

N A C I O N A L E S

ENEMIGO COMÚN

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA debe estar viviendo la actual reunión de la Asamblea General de dicho organismo con la sensación que tendrían los pavos en Navidad: sabiendo que esos señores que se sientan alrededor de sus mesas quieren servirla, cortarla y –al menos parcialmente– engullirla. Y no solo a ella directamente (quitándole, por ejemplo, el poder de pedir medidas cautelares a los Estados miembros), sino también a sus relatorías adjuntas, incluyendo muy particularmente a la Relatoría para la Libertad de Expresión (RLE).

La idea con esta última es que no pueda publicar sin previo permiso de los Estados involucrados los informes que actualmente da a conocer cada año sobre abusos contra la libertad de expresión, además de limitar sus fondos.

Existe ya un informe elaborado por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en el que se pide a la Asamblea General redefinir el estatuto y recortar las facultades de la comisión y sus relatorías. Y existe también un número récord de países apoyando estos recortes.

Muchos compatriotas, acostumbrados a leer sobre cómo la CIDH es “un instrumento de la izquierda internacional”, podrían pensar que lo que está sucediendo es que finalmente los Estados se han hartado de decisiones ideologizadas que atropellan la justicia. Por ello, a más de uno seguramente le sorprenderá saber que quienes están llevando la voz cantante en la embestida contra la CIDH son Venezuela, Ecuador y Bolivia. El embajador de Venezuela en la OEA ha dicho que la CIDH “es un instrumento del imperio” y el mismo Hugo Chávez ha calificado al secretario ejecutivo de esta última como “excremento puro”.

 El presidente de Ecuador, por su parte, ha hecho saber que la CIDH (que recientemente dictó una medida cautelar para que el diario “El Universo” no tenga que pagar a Correa US$40 millones como indemnización por haber supuestamente difamado a este último) es “uno de los últimos vestigios del neoliberalismo de la región”. Y Evo Morales ha declarado que la CIDH ve violaciones “únicamente en países que no comparten las políticas del gobierno de Estados Unidos”.

No obstante lo anterior, sí hay más Estados que los bolivarianos interesados en ponerle riendas a la comisión: el punto de quiebre para que este año la amenaza contra la misma se haya vuelto tan real parece haber surgido de la molestia de Brasil por una medida cautelar que le ordena detener la construcción de una represa. Luego está Colombia, molesta por ser incluida, junto a países como Venezuela y Cuba, como un importante violador de derechos humanos en el informe anual de la CIDH. Y está también nuestro propio país, interesado en frenar a la CIDH a raíz del caso Chavín de Huántar.

No puede decirse, pues, que la ofensiva contra la comisión sea un castigo frente a un uso político de sus facultades. Acá están perro, pericote y gato unidos por un único interés común: el de poder hacer lo que quieran dentro de sus países sin controles externos. No creemos que este sea un interés que puedan compartir los ciudadanos de lugar alguno. Y menos aún los de países que, como los latinoamericanos, no tienen Estados de derecho consolidados o separaciones reales de poderes con sistemas judiciales independientes. Quienes entre nosotros gustan de darle rienda suelta al Estado cuando coinciden con los gobiernos de turno, tendrían que concentrarse en esto de los “turnos” y pensar en cómo se verá la cosa cuando el timón lo tengan otros.

No nos contamos entre quienes canonizan a la CIDH. Muchos de sus fallos son discutibles y alguno es incluso indignante. Sin embargo, sí pensamos que gran parte de las acusaciones que se le hace son por haber cumplido con su labor. De hecho, creemos que el que sea considerada como “izquierdista” en los países donde los autoritarismos han sido de derecha, y como “neoliberal” por los déspotas bolivarianos, habla muy bien de ella. Demuestra que, en todo caso, la CIDH está más en contra de los autoritarismos que de la izquierda o de la derecha. Y eso debería ser motivo bastante para que todos los ciudadanos latinoamericanos sepamos lo mucho que nos jugamos en su defensa.

MIDAN SUS PALABRAS  

Ahora sabemos que el Gobierno tiene un arma de repetición contra sus críticos de izquierda: los llama extremistas. El Presidente Ollanta Humala la empleó ayer para referirse a los congresistas que han renunciado a la bancada de Gana Perú.

En la inauguración del sistema de agua potable y alcantarillado en la zona Paraíso de Villa María del Triunfo, Humala insistió: “La gran transformación se hará, les guste o no les guste a los extremistas”.

La bancada humalista expresó, por su parte: “Nuestro grupo parlamentario no comparte las afirmaciones de la legisladora cusqueña (Verónika Mendoza), quien en una carta pública señala que el Perú necesita optar por propuestas extremistas”.

El adjetivo es duro. Normalmente, a los extremistas se les persigue, se les encarcela y, a veces, se les elimina.

No hay en la misiva de la señora Verónika Mendoza algo que se aproxime siquiera a los planteamientos del extremismo.

Lo que sí hay es una crítica acerada al incumplimiento de promesas que el primer mandatario formuló durante su campaña electoral.

¿Qué reprocha la congresista al régimen de Humala? El ser un gobierno “que continúa el modelo neoliberal”, un modelo “que no genera mercados locales articulados, que mantiene la precarización del trabajo y que defiende los intereses de los grupos de poder económico”.

La renuncia contiene una condenación rotunda a la violencia, venga de donde venga. “Es necesario”, enfatiza, “que las organizaciones sociales, la sociedad civil y todos los sectores que expresan su malestar por la imposición de las industrias extractivas se manifiesten de forma democrática, organizada y pacífica. Ni un muerto más, ni civiles ni personal policial”.

¿Es esto extremismo?

La congresista deja constancia de un hecho grave. Ha sido víctima de una campaña de mentiras, que le atribuían haber engañado al país presentando datos ambientales de la mina Quechua como si correspondieran a Xstrata. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, fue quien lanzó la calumnia y la fomentó.

Verónika Mendoza promete asumir una oposición democrática, popular y dialogante.

Militante y activista desde LA PRIMERA hora del Partido Nacionalista, nada hay que permita adscribirla al extremismo.

En Palacio y en el Congreso deberían medir sus palabras.

Por otra parte, Javier Diez Canseco y Rosa Mavila explicaron ayer su renuncia a la bancada de Gana Perú. El documento levanta un acta de acusación que, entre otras cosas, dice: La Ley de Consulta Previa fue deformada por su reglamento. No se aplicó el impuesto a las sobreganancias mineras, sustituyéndolo por un ligero cambio a la Ley de Regalías. No se modificaron sustancialmente las políticas laborales ni la negociación colectiva.

E C O N O M I A

PARTICIPACIÓN DE PETROPERÚ EN GASODUCTO ES DEFINITIVA

Humberto Campodónico adelantó que la petrolera estatal busca ser accionista en el Gasoducto Andino del Sur, aunque aún no se define la inversión que realizará el Estado y otros aspectos de su participación.

El presidente de PetroPerú, Humberto Campodónico, afirmó que la participación de PetroPerú en el proyecto del Gasoducto Andino del Sur, que está a cargo de la Brasileña Odebrecht, sería como accionista.

“Vamos a participar como agentes del Estado en este emprendimiento y pensamos que será como accionistas, aunque eso se tendrá que definir”, precisó el funcionario.

En opinión de Campodónico, al convertirse en accionista la petrolera estatal aportará con su experiencia para el desarrollo de las obras y para que se cumplan con los cronogramas establecidos, así como las especificaciones técnicas del proyecto.

Respecto al informe de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que determinará la forma y grado de participación de la estatal en el proyecto del Gasoducto Andino del Sur, el funcionario indicó que se ha entregado el documento respecto a la tubería que está siendo analizado por la petrolera estatal.

“Luego que esté terminado el informe legal y de contabilidad, esperamos una evaluación final que tiene que hacer la CAF, así como algunas recomendaciones. No se ha terminado todavía el análisis que se viene haciendo por diferentes estudios”, explicó.

Precisó que el estudio de la inversión legal del proyecto está a cargo del estudio de abogados Echecopar, en tanto que los estudios contables los realiza la consultora KPMG. Concluido todos estos estudios la CAF hará una evaluación final.

Campodónico aseguró que los estudios estarían concluidos en no más de 15 días porque en ese tiempo, con la evaluación que haga la empresa, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), se definiría la participación de PetroPerú.

MAYOR TRANSPARENCIA

La petrolera se adherirá a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) – Perú, por la cual se compromete a la transparencia de su información sobre los pagos que realiza al Estado.

EITI es una alianza estratégica que a nivel mundial reúne a gobiernos, empresas extractivas como la minería, petróleo y gas, grupo de la sociedad civil y organizaciones internacionales para emplear criterios de transparencia en los ingresos del gobierno por esos conceptos, de modo que estos recursos sean usados para fomentar el desarrollo.

“La transparencia y la rendición de cuentas son una herramienta para que los ciudadanos sepan en qué usan los recursos y si éstos están siendo bien utilizados”, dijo el funcionario.

El presidente de PetroPerú, Humberto Campodónico, y el secretario técnico de la Comisión EITI-Perú, Manuel Bernales, suscribirán la adhesión.

O P I N I Ó N

EL BOCÓN  

¿Qué pasa cuando un presidente incumple su palabra?

—Lo sacan

— ¿Cuándo el presidente no honra sus compromisos?

— Lo sacan

 

Este diálogo, sin duda, provocador que propone el presidente regional Gregorio Santos a una multitud enfurecida en la Plaza de Cajamarca, ha dado origen a una curiosa reacción del gobierno, del fiscal de la Nación y de la coalición mediática a favor de la gran minería.

El primer concepto es que todos han dado por cierto que a quien se refiere Santos y al que quiere sacar del poder es a Ollanta Humala, lo que equivale a decir que efectivamente estamos ante un presidente que “incumple su palabra” y “no honra sus compromisos”.

Lo que alguien debió explicar es que si Ollanta estuviese cumpliendo su palabra y honrando compromisos, “gradual y persistentemente” como anota LA PRIMERA dama, no debería sentirse aludido por la bravuconada cajamarquina.

Bueno, entonces se trata de defender a un presidente que cumple o incumple, que honra o no honra, teniendo solamente en cuenta su condición de autoridad electa. Pero esto no es exactamente lo que acredita el proceso de génesis y desarrollo del nacionalismo hasta su arribo al poder en el 2011.

Locumba fue una rebelión precisamente contra el intento ya avanzado de armar una transición pactada con el Fujimorismo para el regreso de los partidos al poder. Y ese híbrido institucional que es la Constitución de 1993 y los acuerdos de la Mesa de la OEA del 2000, denunciados por los Humala es el tipo de Estado que hoy tenemos.

Por eso en el primer acto del “andahuaylazo”, Ollanta apoya la exigencia de la renuncia de Toledo porque no había honrado sus compromisos de lucha contra la corrupción, defensa del patrimonio nacional y apertura a un proceso constituyente. Es verdad que luego Ollanta se distanció de la aventura del hermano que quedó fuera de control.

En el 2009, a raíz del “Baguazo”, Ollanta volvió a reclamar la vacancia de Alan García, porque no se podía tolerar un presidente que cause muertes en vez de impedirlas. Y nadie negará la cercanía entre el actual presidente peruano y el de Bolivia, cuya victoria germina en un levantamiento social contra el gobierno de Sánchez de Lozada que produjo una masacre de pobladores.

Ahora resulta que hasta el presunto defensor de la legalidad, el fiscal Peláez Bardales, encuentra delito en las palabras de Gregorio Santos. ¿Cuál delito?, ¿preguntar sobre lo que pasa a los presidentes mentirosos?, ¿referirse a Ecuador y Bolivia, es decir al origen de los gobiernos de Correa y Morales?, ¿proponer a los cajamarquinos dar un “golpe de Estado” como figura en varios titulares?

Que Santos se fue de boca, no hay como negarlo. Sus palabras no ayudan a la amplitud del movimiento sino lo cierran en su núcleo más duro. Y tal vez favorezcan la represión luego de la cortina de prensa que ya casi lo está equiparando con el camarada Gabriel. Hay una temporada de caza de izquierdistas y dirigentes sociales que está comenzando y que ha encontrado pista en las palabras del presidente de Cajamarca.

Anteayer nomás, el cándido de la revocatoria escribió en su columna: “…ya el Perú tiene que salir de una vez de la izquierda, de esa plaga... que tanto daño le ha hecho con Velasco y Sendero, con esa estúpida mentalidad violenta, resentida y siempre en contra del progreso”. ¿Quién dijera que esta tarea se la quieren encajar a Ollanta Humala?