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jueves, 18 de setiembre de 2014

EL PODER DE LA PRENSA EN EL PERÚ  POR ALFREDO TORRES.
 
 
El poder de la prensa en el Perú, por Alfredo TorresLa difusión de la ya clásica Encuesta del Poder de “Semana Económica” e Ipsos suscita siempre reflexiones sobre la naturaleza del poder en el Perú. Lo cierto es que más allá de los ocupantes transitorios de los primeros lugares del ránking, lo que existe en la sociedad es un conjunto de fuerzas en permanente interacción, un tejido de “poderes pululantes” como los llamó Fernando de Trazegnies hace veinte años en un ensayo inspirado en esta encuesta que entonces producíamos desde Apoyo.
 
Como en el Perú los partidos políticos son extremadamente débiles, el poder se atribuye a sus líderes antes que a sus organizaciones, pero la verdad es que el espacio que deberían llenar los partidos en las pugnas por el poder es ocupado en el país por otras fuerzas, algunas destructivas, como el narcotráfico y la minería ilegal; y otras constructivas, como la empresa privada, la tecnocracia y la prensa.
 
El poder y el prestigio de la prensa peruana son mayores que el que se observa en otras sociedades porque en las últimas décadas del siglo XX afrontó con entereza circunstancias muy adversas. En los setenta soportó clausuras, deportaciones y estatizaciones resistiendo a una dictadura. En los ochenta y noventa sufrió muertes y maltratos enfrentando al terrorismo, las violaciones de derechos humanos y la corrupción. De esas duras experiencias, la prensa peruana salió fortalecida ante la opinión pública.
Aunque algunos periodistas son mezquinos para reconocer los méritos de sus colegas, lo cierto es que la mayoría comparte una serie de convicciones que hacen que la prensa peruana sea muy poderosa cuando se enfrenta unida a las autoridades, especialmente cuando va de la mano de la opinión pública. La primera de estas convicciones es la defensa de la democracia. En eso, hay un consenso muy amplio. Un ejemplo fue cuando logró detener “la repartija” que pretendió hacer el año pasado el Congreso de la República. La segunda convicción es la defensa de la economía de mercado. En este campo hay muchos matices, pero, como lo demostró su reacción ante el intento de compra de la refinería de Repsol en La Pampilla, la gran mayoría se inclina por la promoción de la inversión privada. La tercera es la lucha contra la corrupción. Y este es un área en la cual los periodistas peruanos han hecho y siguen haciendo un aporte invalorable. 
 
Hace 14 años, una valiente denuncia periodística contra Vladimiro Montesinos sobre el tráfico de armas que este hacía para las FARC empujó su caída. Poco después, el video Kouri-Montesinos terminaría de derribar al poderoso asesor presidencial y antes de concluir el turbulento año 2000, Alberto Fujimori huiría del país para refugiarse en Japón, utilizando su nacionalidad nipona, otro hecho denunciado antes por una acuciosa investigación periodística. Los periodistas que se forjaron en la lucha contra Montesinos dejaron huella y hoy su ejemplo es fuente de inspiración para una nueva generación de periodistas que sigue hurgando en los vericuetos del poder y enfrentándose a los émulos de Montesinos que ahora corroen también diversos gobiernos regionales. Los casos López Meneses, César Álvarez y Rodolfo Orellana son algunas de las batallas más recientes en este campo.
La lucha de la prensa contra la corrupción no es fácil porque el crimen organizado también aspira a controlar los medios de comunicación. Montesinos compraba dueños de canales de televisión y diarios chicha. Sus seguidores fundan revistas que simulan defender la justicia o controlan radios en el interior del país que se dedican a la extorsión. La prensa decente y la ciudadanía a través de las redes sociales deben estar alertas para denunciar a estos sujetos que recuerdan al locutor El Sinchi de “Pantaleón y las visitadoras”, novela de Vargas Llosa.
 
La prensa tiene muchas oportunidades de mejora. En varios medios se cae en el sensacionalismo y el cortoplacismo. La comprensión del funcionamiento de la economía de muchos reporteros suele ser limitado, lo cual lleva a desinformar a la población. A veces se incurre en denuncias ligeras, sin percatarse de los intereses que representan. Y en épocas electorales a muchos les cuesta informar con objetividad. Pero más allá de sus limitaciones, no cabe duda de que la prensa peruana ha hecho muchísimo por el desarrollo del país en las últimas décadas y constituye hoy un baluarte de la democracia y la lucha contra la corrupción.
 CINCO CARDENALES CONSERVADORES SE LE REBELAN AL PAPA FRANCISCO
 
 
Cinco cardenales conservadores se le rebelan al papa FranciscoCinco destacados cardenales conservadores de la Iglesia Católica llamaron a no flexibilizar las reglas por las que se excluye del sacramento de la comunión a los divorciados que se vuelven a casar, en extractos de un libro que se publican hoy.
 
La obra llega días antes del sínodo especial en el que del 5 al 19 de octubre los obispos de todo el mundo, convocados por el papa Francisco, revisarán las enseñanzas de la Iglesia en lo que respecta a la familia, entre otros temas el trato a los divorciados. No se espera, sin embargo, que se tome alguna decisión hasta un segundo sínodo previsto para el año que viene.
 
"Los autores de este libro están unidos y argumentan firmemente que el Nuevo Testamento nos indica a los cristianos que el divorcio está prohibido, así como los nuevos matrimonios, sin ninguna ambigüedad", señala la introducción de la obra "Permanecer en la verdad de Cristo: Matrimonio y comunión en la Iglesia Católica", en extractos que publica hoy el diario "Corriere della Sera" de cara a su salida a la venta en Italia y Estados Unidos el 1 de octubre.
 
Los autores son el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Gerhard Müller; el prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, Raymond Leo Burke; el presidente emérito del Comité Pontificio de Ciencias Históricas; Walter Brandmüller; el arzobispo de Bolonia y teólogo Carlo Caffarra; y el presidente emérito de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede, Velasio De Paolis.
 
En todos los casos se los conoce como representantes del ala más conservadora dentro de la Iglesia católica. El libro es una respuesta a "La misericordia", un texto del cardenal alemán Walter Kasper que es muy apreciado por el papa argentino y que defiende una mayor apertura.
 
En un encuentro a puertas cerradas en febrero en el Vaticano, Kasper propuso que se permita comulgar a los divorciados que se hayan vuelto a casar tras pasar por un período de penitencia, como ocurre en la Iglesia ortodoxa.
 
"Todo pecado puede ser absuelto. Así que no es imaginable que un ser humano pueda caer en un agujero negro del que Dios no lo pueda rescatar", argumentó Kasper en el diario "La Repubblica" en marzo.
 
El Papa comentó al ser interrogado sobre posibles cambios que es "hora de la misericordia" y que quienes fracasan en su matrimonio tienen que ser apoyados y no condenados.
 
John L. Allen Jr, un veterano comentarista vaticano, señaló que es posible que el sínodo encuentre una solución de compromiso que pase por dinamizar el procedimiento para la anulación de los matrimonios, una alternativa al divorcio que no rompe con las enseñanzas teológicas católicas.

lunes, 8 de setiembre de 2014

EL ARTE DEL ENGAÑO.
 
 
El arte del engaño, por Fernando RospigliosiEn setiembre del año 2000, poco antes del derrumbe de la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, publiqué un libro titulado “El arte del engaño. Las relaciones entre los militares y la prensa”. La idea básica es que los militares tienen una manera peculiar de entender la política, que incluye como aspecto fundamental la necesidad de manejar a la población manipulando la información.
 
Una dictadura militar izquierdista (1968-80) se apropió de los medios de comunicación y los usó para sus fines. Una dictadura de derecha, con un decisivo componente militar, recurrió a la compra de propietarios de medios y periodistas durante la década de 1990 para desinformar a la población, demoler a sus adversarios y ocultar sus corruptelas.

 Hoy día, en pequeña escala y con relativo éxito, un par de militares en el poder aplican el mismo esquema, con la insuperable dificultad que no controlan los medios y tienen que actuar –muy a su pesar, seguramente– en un contexto democrático. Por eso sus avances están destinados al fracaso en un plazo relativamente corto.
 
El ministro del Interior, Daniel Urresti, ha logrado una significativa popularidad haciendo creer a la población que él encabeza operaciones que obtienen éxitos espectaculares. En realidad, lo que hace es exagerar y falsificar hasta el absurdo las cifras de las operaciones policiales, o montarse sobre trabajos eficientes que realiza la policía y presentarlos como éxitos propios. Últimamente ha mostrado una nueva línea de acción, tratar de desacreditar a los adversarios políticos y encubrir a los aliados. En el supuesto caso de la media tonelada de cocaína encontrada en un vehículo del candidato fujimorista en Barranca, montó una farsa –como se demostró en esta columna el domingo pasado– que fue propalada por todos los medios, pero al ser desenmascarada se ha convertido en un bumerán que lo ha puesto en ridículo.
 
En cualquier país razonablemente democrático eso hubiera determinado su inmediato despido. Pero aquí, su compañero de armas, el presidente Ollanta Humala, no solo lo ha respaldado sino que ha persistido en el agravio al candidato fujimorista. Las revelaciones del periodista Américo Zambrano en la revista “Caretas” y luego en entrevistas a otros medios, muestran la otra cara de la medalla, el encubrimiento de los aliados. “Caretas” ha revelado un encuentro entre el congresista toledista José León y el narcotraficante mexicano que era inquilino de su casa en Huanchaco, Trujillo, desde donde se organizaba el acopio y exportación de toneladas de cocaína.
 
El asunto es que cuando se descubre a esa banda, León negó en todos los tonos conocer al inquilino. Pero un video filmado por la policía que vigilaba al narco, lo muestra conversando con él en la calle y luego en la casa donde permaneció hora y media. Descubierto, León ha tenido que admitir que habló varias veces con el mexicano.

 El contrato de arrendamiento se firmó con la empleada de limpieza de la casa, cosa que debió llamar la atención de León que, como se sabe ahora, conocía perfectamente que el inquilino era el mexicano. Lo interesante es que, cuando se realiza la operación, Urresti se apresura a exculpar públicamente a León (¡qué diferencia con el candidato fujimorista inculpado sin evidencia alguna!) y hace, según Zambrano, varias cosas. Dispone que el equipo antidrogas regrese de Trujillo a Lima inmediatamente, antes de terminar las investigaciones. Y les ordena que no difundan los videos de León y lo excluyan de la investigación.
 
Indignados con ese comportamiento, algunos policías –no los jefes– le entregaron a Zambrano el video y le contaron lo que estaba ocurriendo. Entre otras cosas, ha relatado el periodista, que policías de la comisaría de Huanchaco sospecharon que algo se cocinaba en la casa de León –¡un mexicano raro en Trujillo!– pero recibieron una llamada del Congreso para que lo dejen en paz. Por supuesto, sería una urrestiada decir a partir de esto que León es un narco congresista. Lo que sí es claro es que León mintió sobre su relación con el mexicano y que sabía más de lo que admitió al principio. Eso amerita una investigación. Si se compara Huanchaco con Barranca, no sólo había 178 veces más cocaína (según las cifras oficiales) en el primero, sino el involucramiento del aliado es mucho más evidente que el del adversario.

miércoles, 9 de abril de 2014

 MALA HIERBA

Editorial: Mala hierbaEn materia de obstáculos burocráticos a la inversión, nuestro gobierno parece padecer de una disociación entre la cabeza y el resto del cuerpo. La primera anuncia cada tanto su intención de dar la lucha contra el fárrago de trámites sin sentido y además informa de los éxitos obtenidos en esta lucha, mientras al mismo tiempo, abajo de ella, los brazos –que en el Estado son muchos– a menudo van haciendo el trabajo inverso. Y así, se corta la mala hierba por un lado, mientras se la cultiva por el otro.

Esto se vio muy gráficamente hace pocos días, cuando el ministro Castilla resaltó los resultados del Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), que él preside, en la simplificación de procesos administrativos y sobrecargas regulatorias de los últimos dos años. Las podas anunciadas por el ministro son reales –y meritorias–, pero el problema yace en que son igualmente reales –y muchas veces de mayor tamaño– las barreras burocráticas que su propio Gobierno ha creado a la inversión mientras la CNC hacía esto.

Los ejemplos son legión. Para comenzar por alguna parte, recordemos que este gobierno creó una ley de seguridad y salud en el trabajo que nosotros criticamos en su momento porque exigía a las empresas estándares que no existen ni en los quebrados estados de bienestar europeos, tales como contratar a un médico ocupacional para prevenir cualquier enfermedad; realizar un examen médico a cada trabajador cuando ingresa y cuando se retira, además de anualmente; y proveer de cuatro capacitaciones anuales a los trabajadores con los exámenes correspondientes. En la misma línea, se engendró a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que puede imponer multas enormes cuando considere que una empresa incumple una normativa que es de por sí una de las más onerosas y rígidas del mundo.

En materia tributaria, por su parte, se dispuso la creación de un nuevo ente con facultades bastante discrecionales para tratar como narcotraficantes a quienes acuse de evasión. Un poder que es una espada de Damocles.

En el tema ambiental también hay algunos casos graves. Se dispuso, por ejemplo, que a partir del 1 de enero de este año el nuevo estándar de calidad ambiental (ECA) del aire sería de no más de 20 microgramos por metro cúbico (µg/m3) de dióxido de azufre. Para darnos una idea de lo que esto significa digamos que el país más avanzado en la materia, Japón, tolera 110 µg/m3, mientras que nuestro vecino y competidor Chile tolera 250 (y Estados Unidos 365). Por otro lado, hay 34 proyectos de exploración petrolera paralizados en varios casos por dificultades con los estudios de impacto ambiental, mientras que las quejas de los distintos sectores por las arbitrariedades del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental son constantes.

Esto para no hablar de las normas del Instituto de Defensa Civil y de la capacidad discrecional de sus agentes, que enloquecen a las empresas con exigencias costosas, innecesarias y muchas veces simplemente incomprensibles. Entre tantos otros ejemplos.

A estas sobrerregulaciones transversales se suman, por otro lado, las sectoriales. Hemos reseñado varias veces las normas que interfieren seriamente con el funcionamiento de los colegios privados y las que amarran las decisiones de los institutos superiores –además del hiperintervencionista proyecto de ley universitaria–. A esto se ha venido a sumar una resolución de 62 páginas de la Secretaría General del Ministerio de Educación que impone un diseño utópico de los locales para la educación inicial, la misma que obligará a los nidos formales a cerrar y desalentará cualquier nueva inversión. 

En el sector farmacéutico el nuevo reglamento obliga a colocar zonas de frío en todos los locales, mientras se debe competir con el Estado que distribuye el 44% de las medicinas en el país y que, con toda probabilidad, no cumplirá con esa normativa. Al mismo tiempo las inspecciones de la autoridad se realizan solo en las farmacias formales para verificar si cuentan con químicos farmacéuticos y técnicos en farmacia titulados, cuya disponibilidad en el mercado –en ambos casos– es muy escasa. 
En el sector comercio, por su lado, ya no se puede hacer promociones 2×1 o similares sin pedirle permiso al Ministerio del Interior

Y así sucesivamente. 

Aunque nunca se justificaron, tal vez el barco de nuestra economía podía darse el lujo de sobrecargas así cuando avanzaba a todo vapor, con la inversión privada creciendo a ritmo del 14% anual (como en el 2012). Pero ahora que esta última se ha desplomado hasta las cifras rojas que tuvo en el primer bimestre de este año, ya no cabe hablar de lujos para referirse a este tipo de barreras, sino solo de inconsciencia y falta de solidaridad para con quienes menos tienen. Después de todo, como lo ha demostrado la realidad incontables veces, no hay reducción de la pobreza sin crecimiento y no hay crecimiento sin inversión como esa que, a la fecha, decrece en el Perú.

viernes, 21 de marzo de 2014

 CADENA DE FAVORES.

Editorial: Cadena de favoresSi es que –como dice el Gobierno cada vez que sale a la luz alguna escandalosa nueva revelación sobre sus privilegios en prisión– Antauro Humala es realmente un preso más, resulta difícil explicar por qué acaba de costarle la cabeza al comandante general del Ejército, general Ricardo Moncada. Como resulta difícil de explicar también por qué este comandante autorizó que su institución llevase a cabo una conciliación extrajudicial en la que cedió al preso el derecho a cobrar S/.70.000 por devengados de gasolina, pese a tratarse de un derecho que el Poder Judicial (PJ) le venía sólidamente negando (las dos primeras instancias habían fallado en contra del etnocacerista). De hecho, ese 14 de enero, fecha en que sus custodios lo dejaron salir de la prisión que lo alberga para ir al banco a cobrar su cheque, fue precisamente el día siguiente de aquel en el que el Ejército fue notificado de la resolución judicial de segunda instancia.


Desde luego, el gobierno también ha tratado de explicar el episodio del cheque como algo sucedido fuera del radar del presidente: habría sido una decisión tomada por cuenta y riesgo de algunos funcionarios en el Ejército. En otras palabras, el gobierno dice que, por lo que a él toca, lo ocurrido fue un accidente. El problema con esta explicación, sin embargo, está en la consistente cadena de favores que Antauro Humala viene recibiendo desde que su hermano es presidente y aun antes de que estuviese preso en un penal militar.  Numerosos funcionarios de diferentes entidades parecen haber decidido lo mismo (beneficiar a Antauro) por su cuenta y riesgo a lo largo del tiempo.

En efecto, en el tiempo descrito el menor de los Humala ha podido hacer las siguientes cosas desde prisión (de hecho, desde una prisión que se supone de máxima seguridad): editar y dirigir un pasquín subversivo, recibir en su celda a las cabezas de su movimiento, fungir de buscador de empleos gubernamentales para una serie de personas y actuar como “tramitador” usando sus buenos oficios para agilizar procedimientos frente a entidades públicas. Esto, además de, por supuesto, consumir estupefacientes y organizar en su celda románticos encuentros con su novia, los cuales fotografió con el mismo iPhone que usaba para comunicarse cómodamente con un mundo exterior  al que,  por si lo anterior fuese poco, salía en Navidad y Año Nuevo, a fin de poder celebrar, como es tradición, con los seres queridos.

No se puede afirmar pues que haya nada accidental en los privilegios de Antauro Humala; hay más bien todo lo contrario: algo sistemático que trasciende a las diferentes instituciones bajo cuyo cuidado ha estado. Es más, la mayoría de favores antes descritos los recibió Antauro Humala mientras estaba en una cárcel que dependía exclusivamente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), cuyos trabajadores, dicho sea de paso, también visitaban la celda de Humala cuando necesitaban ser ratificados en sus puestos. Por otra parte,  la desconcertante sucesión de escándalos protagonizados por el hermano del presidente en la prisión del INPE jamás hizo que se removiera a quien hasta hoy dirige esa institución.

Es posible que la antes descrita cadena de favores haya sido en efecto solo la consecuencia de una serie de coincidencias ocurridas en diferentes niveles de diferentes entidades públicas sin llegar jamás al presidente. Sea ese o no el caso, una cosa es indiscutible: se dé cuenta o no el mandatario, ni a él ni a su gobierno les ha convenido, en el balance, que estos eventos hayan ocurrido y sigan ocurriendo.  Si algo hiere en el corazón  la imagen de una autoridad eso es la sensación de que esta utiliza el poder público para beneficios privados, incluyendo los familiares. Y, por supuesto,  esta herida se acrecienta considerablemente cuando el familiar beneficiado es una persona que, entre otras cosas, intentó un golpe de Estado contra un gobierno democrático, asesinando en el camino a  4 policías. 

Entonces, si el presidente no está detrás de los continuos escándalos de privilegios en torno de su hermano, él tendría que ser el primer interesado en zanjar de manera contundente el tema y colocar de forma definitiva al golpista ahí por donde solo pasó raudamente, a manera de gesto engañabobos, hace más de un año: la Base Naval del Callao. La versión de que estas cosas ocurren a pesar de él no es ni será verosímil mientras él mismo, que tiene el poder para hacerlo, no se asegure de que no vuelvan a suceder

jueves, 13 de marzo de 2014


ALAN GARCÍA SOBRE PENA DE MUERTE: EL ESTADO TIENE DERECHO A MATAR.

  
El ex presidente Alan García insistió hoy en que se debe establecer la pena de muerte para los sicarios y para los violadores de niños.

“Soy católico y en ningún caso el catolicismo ha abolido la pena de muerte de sus evangelios. Quien a hierro mata, a hierro muere. Cuando uno ve a un violador que se ensaña con un niño y encima lo asesina, se pregunta si se quiere tener a esa clase de persona en la cárcel”, manifestó.

En el noticiero “90 Segundos”, García Pérez dijo que no se puede abarrotar los penales del país con esa clase de personas, porque existe la posibilidad de que otros internos, sentenciados por delitos menores, los copien.

“Hay que poner mano firme. El Perú tiene un problema de seguridad, se debe duplicar los agentes policiales, mejor los sueldos, los hospitales de la policía y darles viviendas, que se sientan respaldados. Debemos asociarnos con empresas privadas de seguridad, que tiene 120 mil agentes”, añadió.

Al ser consultado sobre si el Estado debe tener el derecho a matar, el ex jefe de Estado señaló que sí.

“Cuando un policía ve que están atacando a una persona, este debe responde a la criminalidad con sus armas”, indicó.

Recordó que la Constitución Política establece ya la pena de muerte, pero solamente para aquellos que cometen traición a la patria.

“Lo único que sé es que si se aplicará (la pena de muerte para sicarios y violadores) con mano firme y ejemplar, estoy seguro de que los delincuentes sabrían que se enfrentan a un Estado serio y se reduciría fundamentalmente su insolencia ante la sociedad”, refirió.

HUMALA Y MINISTROS SON RESPONSABLES

En otro momento, García Pérez señaló que no cree que todavía el supuesto cogobierno del presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, “se convierta en un problema legal”.

“Si los ministros creen que una persona, que no es el presidente, tiene más influencia que este, ese es un problema de ellos, ellos son formalmente los responsables. Si vuelven los ojos y oídos a recibir órdenes de otra persona, eso no hace el delito de usurpación de funciones”, indicó.

Consideró que el país ha perdido velocidad. “Vamos creciendo a 5%, pero pudimos crecer en 8%”, agregó.

Para concluir, opinó que a la población le interesa reducir la inseguridad ciudadana y mantener sus empleos.

martes, 28 de enero de 2014

 No más distancia
 
 
Ayer fue un día histórico que ha dejado al Perú un saldo sumamente positivo. Para comenzar, luego de casi 200 años nuestro país tiene, finalmente, sus fronteras definidas. Terminaron los días de las controversias territoriales que se convertían en obstáculos para la integración y el crecimiento conjunto con nuestros vecinos.
 
Por otro lado, una razón más para alegrarse es que se puso punto final a la última excusa para la discordia que podíamos tener con Chile. Una nación a la que, de hecho, cada año nos acercamos más y con la que, después del cumplimiento del fallo, será aun más fácil seguir hermanándonos.
 
No podemos dejar de mencionar tampoco que el pronunciamiento del tribunal de La Haya supone una importante ganancia en términos geográficos para el Perú. La corte nos reconoció más de 50.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo que antes, en la práctica, no teníamos (los que incluyen el área que Chile argumentaba que eran aguas internacionales y parte del área que reclamaba como suya). Y, si bien hay que ser objetivos y reconocer que la zona que tiene los mayores recursos pesqueros ha quedado en el dominio chileno, el nuevo espacio marítimo peruano tiene cierto potencial económico por explorar. Concretamente, en lo que se refiere a la pesca de especies en alta mar, como el tiburón, el perico, el pez espada, la pota o el jurel.
 
La clara delimitación fronteriza, por lo demás, permitirá que se reduzcan los problemas de las embarcaciones peruanas que eran detenidas por las autoridades chilenas por pescar en aguas que ellas consideraban de su soberanía.
 
Las razones para alegrarse no terminan en las ya mencionadas. Adicionalmente, los gobiernos del Perú y Chile demostraron que son capaces de resolver sus diferencias de manera madura, respetando los compromisos asumidos y amparándose en el derecho internacional. Algo que ha sido celebrado por la gran mayoría de ciudadanos de ambas naciones.
 
En el caso del Estado Peruano, asimismo, debe reconocerse que la política de la delimitación marítima con Chile fue manejada como asunto de Estado por tres gobiernos sucesivos, lo cual prueba su notable voluntad de hacer las cosas seria y responsablemente.
 
Hay, entonces, mucho que celebrar. Y, por ello, debemos felicitar especialmente al destacado y profesional equipo peruano que llevó adelante todo el proceso ante el tribunal de La Haya, equipo al que el país le debe mucho.
 
¿Hacia qué tipo de futuro común deberíamos mirar ahora? Pues, sin duda alguna, hacia uno de profunda integración con Chile. Integración que, en efecto, ya empezó hace buen tiempo y que el fin de nuestras disputas territoriales solo debería acelerar.
 
Como recordábamos en nuestro editorial del domingo, la colonia peruana es la más grande en Chile, pues la mayoría de inmigrantes que viven en el vecino país son peruanos (más de 100 mil). Paralelamente, desde el 2010 el mayor flujo migratorio a nuestro país proviene de Chile. Además, para el 2012 el intercambio comercial entre nuestras naciones llegó a US$3.500 millones, tenemos inversiones en el país del sur por US$1.000 millones (incluidos más de 200 restaurantes de comida peruana) y hay más de 650 proyectos que vienen siendo ejecutados por capitales chilenos en el Perú.
A todo ello hay que sumar, como destaca nuestro columnista Roberto Abusada en su artículo de hoy, que los distintos proyectos energéticos que tiene nuestro país posibilitarían la venta de electricidad a Chile, lo cual supondría importantes ganancias para los peruanos y para los chilenos.
 
Y no perdamos tampoco de vista que ambos países somos socios en el mayor intento de integración de nuestra región: la Alianza del Pacífico. Una iniciativa que une a las democracias latinoamericanas que más han progresado en los últimos años y que está por consolidar un bloque que conjuntamente formaría la segunda economía más grande de América Latina.
 
Los peruanos y los chilenos no tenemos más excusas para tomar distancia entre nosotros. Ya no hay nada que nos deba separar.
 

lunes, 13 de enero de 2014


CONFIEP RECHAZA INJERENCIA  POLÍTICA EN DIFERENDO DE MEDIOS.


Alfonso García Miró es el presidente del gremio empresarialLa Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su preocupación por los recientes acontecimientos que están generando debate en los diversos sectores del país: político, económico y educación.

Respecto a la posiblidad de que en el Parlamento se presente una ley que regule los medios de comunicación, la Confiep señala que “la súbita intervención política, que tomando partido en una controversia privada entre empresas periodísticas, pretende alterar las reglas establecidas”.

Como se recuerda, el presidente Ollanta Humala se mostró a favor que en el Congreso de la República se debata sobre la asociación de los grupos Epensa y El Comercio. Y ahora, la bancada Acción Popular-Frente Amplio plantea prensentar en los próximos meses un proecto de ley al respecto.  

En ese sentido el organismo precisó: “Corresponde que sea el Poder Judicial quien se pronuncie y resuelva, en lugar de dictar leyes a pedido con objetivos poco claros que amenazan la propiedad privada, la libertad de empresa y […] la libertad de expresión”. 

La Confiep también manifestó su preocupación por la aprobación del proyecto de ley de la universitaria, los cambios de reglas en el sector pesquero y el marco regulatorio que retrasa las inversiones privadas. Para la entidad estos sucesos “están afectando la confianza empresarial, alterando el clima de inversiones […] generando una sensación de discordia y división entre peruanos”. 

De ese modo, invocó a las autoridades y líderes políticos a rectificar estos hechos con la finalidad de fomentar la inversión y no ponerla en riesgo. 
 

miércoles, 8 de enero de 2014

O P I N I Ó N

SU DERECHO A ELEGIR.
 
 
(Editorial) Su derecho a elegirHasta ahora, señor lector, este Diario había evitado pronunciarse sobre la controversia generada por el grupo La República en torno a la asociación del grupo El Comercio con el grupo Epensa, presentada como una forma de “acaparamiento” que pondría en peligro la libertad de expresión.
 
Esta era la razón de nuestro silencio: nos parecía que el doble estándar detrás de los argumentos dados para presentar la aludida asociación como un tema no estrictamente empresarial era demasiado evidente como para ameritar una respuesta. Al fin y al cabo, como se sabe, justo antes de empezar su campaña de “denuncia” en contra de la “concentración”, el grupo La República había intentado comprar Epensa a la familia Agois en una adquisición hostil que le hubiera dado la propiedad del 66% del mercado de prensa escrita a nivel de provincias. Y cuidado que este era un 66% que implicaba la compra de una concentración significativamente mayor a la que existe ahora: a diferencia de lo que ha hecho el grupo El Comercio, la operación ensayada por el grupo La República no contemplaba dejar la línea editorial de los cuatro medios de Epensa en manos de una empresa que continúa siendo enteramente controlada por la misma familia Agois. Es decir, si el grupo La República hubiese tenido éxito en su adquisición, tendríamos en el mercado de prensa escrita solo dos grandes grupos editoriales de alcance nacional en lugar de los tres que existen hoy.
 
No obstante lo anterior, la incesante campaña del grupo La República por intentar confundir a la opinión pública sobre este tema (campaña que recientemente llevó a la SIP) y sus obvias tentativas de lograr algún tipo de intervención estatal en el mismo, nos han convencido de la necesidad de responder a esta operación mediática y de mostrar lo endeble de sus razones. Particularmente, luego de las ambiguas declaraciones en las que el primer ministro ha aludido a un supuesto “vacío” en nuestra regulación de medios y ha implicado que este caso es un ejemplo de cómo el derecho a la “libertad de expresión” de las empresas puede perjudicar el “derecho a informarse de las personas”.
 
No queremos que nuestro silencio posibilite que, aunque solo sea a punta de repetir falacias, se confunda a muchas personas de buena fe y eventualmente se acabe creando el ambiente propicio para alguna futura intervención estatal en la prensa al estilo de la Argentina de Cristina Kirchner, el Ecuador de Correa o la Venezuela de los chavistas.
 
Por todo esto, nos parece importante exponer lo siguiente:
 
La única manera en que un medio puede alcanzar sosteniblemente un porcentaje dado del mercado de prensa escrita es mediante la elección de las personas que lo leen. Luego, no es posible limitar el derecho de un medio a alcanzar tal o cual porcentaje del mercado sin limitar al mismo tiempo el derecho de los consumidores a elegirlo.
 
Dicho de otra forma: la libertad de crecimiento de los medios no es más que la otra cara del derecho de las personas de elegir sus fuentes de información.
 
Así las cosas, si hoy el grupo El Comercio tiene el mayor número de lectores de prensa escrita en el país es porque en los últimos años logró desarrollar productos innovadores –como “Trome”, “Perú21” o “Depor”– que gustaron al consumidor, quien los convirtió en los líderes indiscutidos de sus respectivos segmentos. De esta forma fue como el grupo El Comercio, que hace 11 años tenía solo el 10% del mercado de prensa escrita, pasó a tener el 50% del mismo antes de la asociación con Epensa, mientras que en el mismo período el grupo La República cayó del 29% del mercado al 16%. En otras palabras: el grupo El Comercio tiene su posición actual solo por obra y gracia de la elección del consumidor, que puede “concentrar” o “desconcentrar” según quiera, cualquier día. De hecho, nadie podría impedir que los lectores del grupo El Comercio se fuesen al grupo La República si un día este desarrollara diarios que los consumidores comenzasen a preferir. Después de todo, a diferencia de los políticos, la votación a la que estamos sometidos los medios es diaria: esa que ocurre todas las mañanas en los quioscos.
 
El Derecho, por lo demás, toma en cuenta lo antes descrito. Al menos cuando no se le intenta torcer. El artículo constitucional que prohíbe el “acaparamiento” de medios está pensado exclusivamente para la radio y la televisión, porque ambas dependen de un espectro radioeléctrico cuyo número de frecuencias es limitado. Es decir, porque existen en un espacio donde la puerta no está siempre abierta al ingreso de nuevos competidores, como sí sucede con la prensa escrita, donde el ingreso es ilimitado (en cuyo mercado, por cierto, está confirmada la próxima llegada de un nuevo competidor, aparición que nosotros, que sí creemos en la competencia, aprovechamos para saludar). No hay, pues, un “vacío” legal por “reglamentar”, como lo ha sugerido equivocadamente el primer ministro.
 
Por su parte, igual es el caso de la hoy tan mentada “posición de dominio”. Esta posición no está sancionada en el Perú justamente porque ella puede ser –como de hecho ocurre en el mercado de prensa escrita– la simple expresión del éxito en la satisfacción de los consumidores. Lo que está sancionado es “el abuso de la posición de dominio”: su uso para prácticas anticompetitivas. De esto último nadie nos ha acusado ni nadie podría hacerlo fundadamente.
 
No hay que dejarnos engañar. Esta campaña no busca recortar “el poder” del grupo El Comercio: busca recortar el poder de elegir del lector. Y busca hacerlo aun a costa del peligroso juego de meter al Estado a trazar límites que solo correspondería dibujar a usted, señor lector, con sus preferencias. Y busca hacerlo intentando emplear las banderas de la libertad de expresión como disfraz. Y todo esto, para servir a un interés empresarial privado de lograr en el mercado, a través de la ventana del Estado, lo que no le cupo por la puerta de la competencia.

martes, 26 de noviembre de 2013

LA PROPUESTA CANGREJO
 

El Comercio de Perú / Algunas variedades de cangrejos han desarrollado la habilidad de hacer que sus caparazones tomen la apariencia de los corales donde viven. De esta manera, pueden camuflarse confundiéndose con su entorno, evitando así a sus depredadores y sorprendiendo más fácilmente a sus víctimas.

Copiando la estrategia de estos crustáceos, resulta que en el Congreso se han inventado las propuestas 'cangrejo'. Se trata de iniciativas que, intentando que pasen desapercibidas para facilitar su aprobación, se incluyen en el articulado de un proyecto de ley más grande que trata sobre un tema distinto. Y así, al igual que un cangrejo que pretende ser parte de un coral, se camuflan frente a los ojos del público.

Pues bien, queremos contarle la historia de una de estas propuestas. Hace ya buen tiempo se viene elaborando en la Comisión de Educación del Congreso un proyecto de ley universitaria que, de aprobarse, crearía la controversial figura de una superintendencia estatal que decidiría a su antojo cómo se diseñarían y manejarían las universidades públicas y privadas. Esta idea ha hecho que el proyecto de ley universitaria avance muy lentamente y se quede estancado en la Comisión de Educación debido a que muchas personas lo critican sosteniendo que su aprobación implicaría, entre otros problemas, un atropello a la autonomía universitaria garantizada por la Constitución. A raíz de esta situación, aparentemente, alguno de los impulsores de la discutida idea decidió camuflarla (cual cangrejo) en un proyecto de ley distinto. Se tomó el proyecto de ley de organización del Ministerio de Educación (entidad que hoy no regula a las universidades) presentado por el Ejecutivo y se le añadió una disposición final que crea la Autoridad Nacional de Educación Universitaria, organismo autónomo con poder para mandar sobre las universidades. Así, con esa disposición final adicional, se introdujo la figura que venía encontrando oposición en la discusión del proyecto de ley universitaria, y se consiguió que la Comisión de Educación emitiera un dictamen que ahora busca su aprobación en el pleno del Congreso.

Lo lamentable de todo esto no solo es que se usen estas técnicas para evitar el debate público, sino que además la propuesta en cuestión es sumamente peligrosa. Y es que, como ya hemos advertido, la creación de la mencionada entidad solo agravaría los problemas de la educación universitaria.

Primero, imponer un diseño de universidad uniforme "desde arriba" impediría a estas instituciones adaptarse a los requerimientos del mercado laboral y a las necesidades y posibilidades de sus alumnos. Este sistema, además, reemplazaría la libertad de los ciudadanos de elegir los programas universitarios que desean llevar por la decisión de un burócrata sobre qué se puede estudiar y qué no. Y resulta increíble, adicionalmente, que alguien proponga encargar el destino del sistema universitario al gobierno, que ha logrado poner nuestro sistema educativo escolar en niveles africanos.

El control estatal de las universidades también representaría varios riesgos políticos. Las universidades son importantes centros de expresión de opiniones y, en ocasiones, de legítima oposición al gobierno. Algo que pondríamos en riesgo si este último se transformase en quien controle sus destinos. Y, además, no olvidemos que las universidades están encargadas de nombrar a importantes funcionarios públicos (por ejemplo a miembros del Jurado Nacional de Elecciones y del Consejo Nacional de la Magistratura) justamente para proteger a las instituciones a las que ellos pertenecen de la interferencia política. Si el gobierno tuviese tanto poder sobre las universidades, podría presionarlas para que nombren en tales cargos a quienes mejor sirvan sus intereses.

Para mejorar el nivel universitario peruano se necesita de más competencia y de más información. Se requiere que los ciudadanos tengan más opciones entre las cuales elegir y que cuenten con elementos que les permitan tomar mejores decisiones sobre dónde estudiar. Justamente lo contrario a lo que pretende esta lamentable propuesta 'cangrejo'.
EL CABALLO REGALADO.
 

(Editorial) El caballo regaladoLa noticia de que el pueblo de Yarabamba en Arequipa, de 1.057 habitantes, usa los ingentes recursos que desde el 2009 recibe por efecto del canon minero para construir tres estadios (a la vez), incluido uno con capacidad para 3.000 espectadores, además de una municipalidad de tres pisos para sus 30 trabajadores, no ha dejado de causar indignación. Se trata, después de todo, de un pueblo que a la fecha no tiene acceso al agua potable.
 
Por muy chocante que haya podido resultar, sin embargo, el dato no ha dicho en realidad nada nuevo. El país está lleno de pueblos así, que, en medio de una súbita lluvia de millones ocasionada principalmente por el canon de la minería, han aprovechado falencias en el marco regulatorio del SNIP (que recién ha incluido a Yarabamba dentro de su sistema a partir de este año) para construir no solo estadios, sino también piscinas, ahí donde no hay agua potable, y para erigir municipalidades-monumento de varios pisos ahí donde muchas veces no hay ni energía eléctrica ni alcantarillado.
Desde luego, existen muchas razones que sirven para explicar este tipo de gastos irresponsables y varias de ellas han sido expuestas más de una vez. Acaso, sin embargo, haya una clave más de las que se suelen mencionar que podría coadyuvar a entender la situación. Nos referimos a la misma clave que explica, por ejemplo, por qué muchos centros comerciales y diferentes espacios de uso público cobran algo, aunque sea muchas veces simbólico, por el uso de sus baños: las personas son más cuidadosas con aquello que les cuesta. Y así, probablemente, Yarabamba no despilfarraría tan alegremente el dinero que le está cayendo del cielo en cantidades que, para el tamaño del pueblo, son industriales (unos S/.12 millones anuales), si este proviniese de los bolsillos de sus ciudadanos –vueltos contribuyentes– y no de la mera suerte de tener cerca una minera explotando una veta.
 
Evidentemente, puede que la situación económica de los habitantes de Yarabamba haga difícil que paguen sus impuestos municipales, pero el punto sirve para ilustrar lo que sucede en muchísimos otros lugares del país donde ya hay gran presencia de la nueva clase media y donde, sin embargo, la regla es igualmente que las municipalidades sacan sus presupuestos de ingresos que les son redistribuidos por el Gobierno Central (vía el canon y la distribución de dos puntos del IGV) y no de impuestos que pagan sus vecinos. De hecho, fuera de algunos distritos centrales de Lima, en el Perú son pocos los que pagan Impuesto Predial. Y a los otros tributos municipales no les va mucho mejor: hace poco el alcalde de un distrito emergente como Comas se quejaba de que no podía recoger la basura en su jurisdicción porque el 70% de sus vecinos no paga arbitrios.
 
Parecería, pues, que la clase media informal, que con enorme mérito creció al margen y aun a pesar del Estado, se ha acostumbrado a vivir en este margen, al menos para lo que toca a sus obligaciones, y no tiene mayores intenciones de salir de él.
 
Incluso hace un mes hubo una rebelión en la pujante Juliaca contra una municipalidad que se había puesto seria con la exigencia del predial y que había logrado elevar la recaudación de S/.2’141.000 en el 2007 a S/.14 millones en el 2012, pasando en el mismo período de un promedio anual de S/.39 por predio a otro de S/.133 (y demostrando en el camino que dinero sí había). Se decía que el paro era por la corrupción del alcalde, pero lo que se exigió –y lo que se obtuvo– revela que se trataba también de una rebelión contra el pago del predial en sí: la masiva protesta solo se levantó luego de que el alcalde se comprometiese a una amnistía tributaria, a la exoneración masiva del pago de las moras y a que no habría cobranzas coactivas ni embargos en Juliaca. Es decir, solo luego de que el pago del predial se volviese optativo.
 
Naturalmente, esta “normalidad” no puede continuar. Sus consecuencias son demasiado extensas y nocivas. De hecho, el ejemplo del gasto es únicamente el de un caso concreto. El verdadero problema que está detrás de esto es el de la desconexión esencial entre Estado y ciudadano que el no pago de impuestos cimenta. Después de todo, no se puede esperar mucho compromiso con la cosa pública de quien no ayuda a subvencionarla. ¿Por qué, por ejemplo, alguien tendría que poner especial cuidado en informarse a la hora de elegir a un representante si este, al final del día, decidirá sobre recursos que otros ponen? ¿Y cómo podemos pedir a los ciudadanos un interés serio para exigir cuentas si no han hecho los pagos a los que estas cuentas se refieren? Puede muy bien que al caballo regalado no se le suela mirar los dientes, pero, ciertamente, tampoco se lo acostumbra cuidar igual que al que sí costó.
 
¿Queremos, en fin, ciudadanos? Comencemos teniendo contribuyentes.

jueves, 14 de noviembre de 2013

SE LA QUIEREN LLEVAR FÁCIL.
(Editorial) Se la quieren llevar fácilPetro-Perú tiene un complejo de enanismo. A toda costa, quiere crecer. Primero lo intentó por medio de una serie de proyectos faraónicos que, por mucho que la empresa lo negase, iban a comprometer el dinero de los contribuyentes (proyectos que, con buen sentido, el Gobierno ha detenido hasta la fecha). Ahora lo está ensayando con un camino más creativo: subiéndose a los hombros de otras empresas.

En efecto, Perú-Petro, el confusamente nombrado organismo estatal que está a cargo de las concesiones petroleras en el país, ha anunciado que renovará las concesiones de los cinco lotes petroleros ubicados en Talara por 10 años más, siempre y cuando las empresas concesionarias acepten el ingreso de Petro-Perú como socio con un 25% de su participación en sus respectivas operaciones. Y ha confirmado también que el próximo 21 de noviembre sacará a subasta otros 9 lotes en el litoral, cuyos postores tendrán que asumir al mismo socio forzoso, en los mismos términos.

Como se verá, para decirlo en palabras que ya forman parte de nuestra cultura popular, Petro-Perú se la quiere llevar fácil. A fin de hacerse de un lote, cualquier empresa o consorcio privado tiene que demostrar que será el más eficiente en su explotación, de manera que el Estado sepa que entrega sus recursos a quien le sacará el mayor provecho y a quien, por tanto, podrá otorgarle las mayores regalías. Petro-Perú, en cambio, no requerirá probar nada de esto: por mandato de la norma, la empresa estatal será socio del ganador de nuestros lotes, sea este quien sea.

Ahora bien, no debe deducirse del hecho de que Petro-Perú se la vaya a llevar fácil, que el país se la vaya a llevar gratis. Como saben bien los economistas –y, en realidad, cualquier adulto– todo en la vida tiene un costo. Y así, es predecible que el prospecto de tener que compartir forzosamente sus proyectos –y sus eventuales futuras utilidades– con una empresa que no le aportará experiencia alguna en la explotación petrolera, será un elemento que los posibles futuros postores de estos lotes pondrán en su columna de “contras” a la hora de sopesar su decisión.

Es importante resaltar, por otro lado, cómo la mencionada columna viene ya bastante nutrida desde antes de esta imposición: en el Perú las regalías que tienen que pagar los inversionistas son altas en comparación con otros países similares, mientras que los trámites son interminables. A lo que hay que agregar los conflictos sociales. Y todo ello, en un contexto en el que no hemos tenido ningún hallazgo realmente importante en el campo de los hidrocarburos desde Camisea.

Así pues, a la fecha hay en el país 30 contratos de hidrocarburos paralizados por dificultades y demoras en la aprobación de sus estudios de impacto ambiental, y por conflictos sociales. Por si esto fuese poco, ahora se ha decidido la aplicación de la consulta previa en un lote –el 1AB– que tiene explotación petrolera desde hace más de 40 años (con lo que lo más apropiado sería comenzar a hablar de “consulta posterior” en lugar de “previa”). No es extraño, luego, que varias de las más importantes empresas que estaban explorando o explotando yacimientos en el país se estén yendo (entre otras, Conoco-Philips, Talisman y Petrobras). Después de todo, los peruanos no tenemos, como acostumbramos creer, el monopolio de los recursos naturales: sin ir más lejos, mientras nosotros mantenemos el estado de cosas descrito, Colombia está esforzándose agresivamente por atraer operadores petroleros de talla mundial.

Se equivoca, pues, el presidente de Perú-Petro cuando dice que hay que “garantizar el retorno de Petro-Perú a la explotación”. Ese no es el objetivo de la institución que él dirige. Al menos hasta donde se sabe, lo que Perú-Petro debe buscar a la hora de dar concesiones es potenciar nuestra exploración y nuestra explotación petrolera, no potenciar a Petro-Perú. Lo primero requiere asegurarse que quienes se lleven las concesiones sean quienes demuestren la mayor experiencia, presenten los mejores planes de inversión, ofrezcan las mayores regalías y demás. No quienes estén más dispuestos a cargar con Petro-Perú.

Petro-Perú, en suma, no debe ser un fin en sí mismo ni un estandarte de determinada concepción del rol del Estado en la economía que hay que levantar a cualquier costa sobre el suelo peruano, mientras nuestras principales riquezas de hidrocarburos permanecen ocultas, abajo del mismo.

lunes, 11 de noviembre de 2013

CUREMOS LA FIEBRE.
 
Editorial: Curemos la fiebreAcaba de publicarse una nueva edición del Latinobarómetro (encuesta de percepciones realizada en 18 países de América Latina) y algunos resultados sobre el Perú son sin duda preocupantes. Nos referimos, específicamente, a que el 36% de los peruanos encuestados considera que la democracia puede funcionar sin partidos; a que el 35% cree que esta puede funcionar sin Congreso; y, finalmente, a que solo el 25% de nuestros compatriotas declara sentirse “muy” o “bien” satisfecho con la democracia. Así, una de las cosas que permite diagnosticar el Latinobarómetro es que, en nuestro país, la fiebre antidemocrática sigue alta.
 
Por supuesto, tampoco es que estas cifras sean una novedad. Después de todo, en cada elección presidencial alrededor de un tercio de los peruanos no tiene inconveniente en apoyar a un movimiento “antisistema”. Uno que represente el descontento popular con el sistema político y que ponga en riesgo la estabilidad democrática y económica de la que gozamos hace ya varios años.
 
Ahora, ¿cómo curar esta fiebre? Pues empecemos por reformar el sistema electoral. Para comenzar, reduzcamos el tamaño de los distritos electorales y hagamos que se elija solo un parlamentario en cada uno.
 
Esto, por un lado, permitiría que la gente identifique claramente quién es su representante en el Congreso y facilitaría la rendición de cuentas, lo que a su vez haría que los ciudadanos se sientan mejor representados y que confíen más en la democracia.
 
Por otro lado, al competir los movimientos políticos por un solo escaño en cada distrito, tenderían a unir fuerzas en pocos partidos (idealmente dos), lo que los llevaría a que para ganar elecciones tengan que apuntar a la mayoría de votantes (que son moderados y creen en la necesidad de democracia), en vez de a grupos de votantes radicales y de extremos. Así, también se reduciría el incentivo para que aparezcan “antisistemas” que pongan en riesgo al país.
 
Por supuesto, hay mucho más por hacer. Pero sin una reforma seria del sistema político será muy difícil que, finalmente, baje esta peligrosa fiebre.
 
NO LE HAGAS A OTROS...

Como se sabe, la Ley del Servicio Civil estableció, para los que se incorporen al nuevo régimen, que la compensación por tiempo de servicios (CTS) se pagará al final de la relación laboral y su monto será el que resulte de multiplicar el sueldo promedio de los últimos tres años por el número de años trabajado. Este procedimiento difiere del que rige en el sector privado, donde la empresa debe depositar semestralmente en el banco un dozavo del sueldo anual del trabajador.
 
¿Por qué se estableció este trato diferenciado? La explicación del Ejecutivo fue que la fórmula que rige para el sector privado es financieramente inviable. Es decir, el gobierno admitió que la regulación laboral general es tan gravosa que prefiere crear una excepción para él.
 
Claro, tampoco es que esto sea una sorpresa. Por años, el Estado inventó numerosas triquiñuelas para pagar a sus empleados sin asumir el costo del seguro, de la CTS y de otros beneficios, con lo cual se convirtió en el mayor empleador informal del país. Mediante la Ley del Servicio Civil se ha realizado un gran esfuerzo para eliminar la mayoría de estas situaciones, pero ni aun así el Estado está dispuesto a someterse a un régimen igual que el de los privados.
 
Todo esto es un argumento más para una reforma laboral profunda, no solo para evitar que el Estado tenga que crear estos regímenes discriminatorios, sino además para fomentar la creación de nuevos trabajos y las inversiones. Podríamos empezar, por ejemplo, suprimiendo la indemnización por despido y convirtiendo a la CTS en un seguro por desempleo que proteja a quien busque una nueva ocupación. Así, se flexibilizaría el mercado laboral, se crearían más oportunidades de empleo y se protegería a los trabajadores.
 
En todo caso, la controversia por la CTS le debería enseñar al Estado que la medida que él debería aplicar para evaluar la razonabilidad de una carga laboral bien podría ser la que dicta el viejo dicho: “No le hagas al resto lo que no qui eres que te hagan a ti”.

miércoles, 26 de junio de 2013

LAS PLANTAS USAN LAS MATEMÁTICAS PARA SOBREVIVIR.
 
Las plantas usan las matemáticas para sobrevivirLas plantas saben contar. Tienen una capacidad incorporada para las matemáticas, que las ayuda a regular las reservas de alimentos durante la noche.
 
Científicos en Reino Unido dijeron estar “sorprendidos” de encontrar un ejemplo de un cálculo aritmético tan sofisticado en biología.
 
Modelos matemáticos muestran que la cantidad de almidón consumido durante la noche se calcula a través de una división en un proceso que involucra productos químicos de las hojas, de acuerdo a un reporte de un equipo del John Innes Centre en la publicación e-Life.
 
Las aves podrían utilizar los mismos métodos para preservar los niveles de grasa durante la migración.
 
Los científicos estudiaron la planta Arabidopsis , considerada una planta modelo para experimentos.
 
“ASOMBRADOS”

Durante la noche, cuando la planta no puede utilizar la energía de la luz solar para convertir el dióxido de carbono en azúcares y almidón, debe regular sus reservas de almidón para asegurar que duren hasta el amanecer.
 
Los experimentos, realizados por científicos del Centro John Innes, en Norwich (este de Inglaterra), muestran que para ajustar su consumo de almidón de manera tan precisa la planta debe realizar un cálculo matemático: una división aritmética.
 
“Están haciendo realmente matemáticas de una manera simple y química: eso es increíble, a los científicos nos sorprendió ver eso”, le dijo a la BBC la encargada del estudio, la profesora Alison Smith.
 
Los científicos usaron modelos matemáticos para investigar cómo una división puede llevarse a cabo dentro de una planta.
 
Durante la noche, los mecanismos dentro de la hoja miden la cantidad de almidón. Y la información sobre el tiempo proviene de un reloj interno, similar al del reloj biológico del cuerpo humano.
 
“CÁLCULO SOFISTICADO”
Los investigadores sugirieron que el proceso está mediado por las concentraciones de dos tipos de moléculas, llamadas “S” para el almidón y “T” para el tiempo.
 
Si las moléculas de “S” estimulan la descomposición de almidón, mientras que las moléculas “T” evitan que esto ocurra, entonces la tasa de consumo de almidón se establece por la relación de moléculas “S” a “T”. En otras palabras, “S” dividido “T”.
 
“Este es el primer ejemplo concreto en la biología de un cálculo aritmético tan sofisticado”, dijo el profesor Martin Howard, del John Innes Centre.
 
Los científicos creen que mecanismos similares pueden operar en los animales, como las aves que controlan las reservas de grasa durante la migración a larga distancia, o cuando se les priva de alimentos al incubar los huevos.
 
Al comentar sobre la investigación, el Dr. Richard Buggs de Queen Mary, Universidad de Londres, dijo: “Esto no es una prueba de la inteligencia de una planta. Simplemente sugiere que las plantas tienen un mecanismo diseñado para regular automáticamente la velocidad con la que queman carbohidratos en la noche”. “
 
Las plantas no hacen matemáticas voluntariamente y con un propósito en mente, como lo hacemos nosotros”, agregó.