Refinería de Talara y aire limpio
El primer pozo petrolero en ser explotado en América Latina fue en Zorritos, en 1863, en los lugares denominados Bellevue y Bebedero, sobre el río Tumbes. Después fue en Negritos, Lobitos, Talara, pero la actividad se detuvo por efectos de la Guerra del Pacífico, señalan investigaciones de George Petterson, un alemán interesado en indagar la riqueza del mar y el desierto ecuatorial.
En esa época, en Tumbes no existía un puerto para proseguir con la aventura industrial, y el petróleo tenía que ser trasladado hasta un vapor con ruedas que posibilitaba su acercamiento a la playa. Esta actividad, en pocos años, se convirtió en fuente de vida para Zorritos y las provincias vecinas.
Por esos antecedentes, la desactivación de la Refinería Talara, en la década de 1990, como parte de la fiebre privatizadora, causó, sin duda, una profunda crisis, que aún persiste. Para enfrentar esa realidad, el Estado, mediante una ley específica, ha decidido modernizar esa refinería, que es el primer proyecto de mayor dimensión en los últimos 25 años.
Un primer paso en ese horizonte es la reciente firma de una Carta Mandato entre Petroperú y Société Générale para lograr un servicio de estructuración financiera integral a un costo estimado de 1,700 millones de dólares, para ser pagados en un plazo de 15 años, según estimaciones de Cofide.
La reactivación de Talara proyecta la generación de más de 8,000 empleos directos entre los campamentos, viviendas, pistas, carreteras, agua, salubridad y otras actividades gravitantes en esa ciudad y la región norte.
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La modernización de esa refinadora permitirá, además, disponer de un combustible menos contaminante. Un cálculo del Banco Mundial señala que para atender los efectos de contaminación se debe destinar unos 7,000 dólares anuales por habitante. La reducción de azufre en los combustibles de 1,800 partes por millón a 50 partes por millón mejorará la calidad del aire en todas las regiones del país, generando un ahorro de gastos de salud y que en Perú puede llegar hasta los 460 millones de dólares anuales.
La Refinería Talara, explican los expertos, se convertiría en una de las cinco más modernas de América Latina y su dinámica incidirá en otras refinerías como Repsol, que también produce gasolina con alto contenido de azufre.
El conglomerado empresarial que llevará adelante el proyecto peruano está integrado por Société Générale, en cuanto a la estructuración financiera. Adicionalmente, se contratará a una empresa que hará la evaluación económico-financiera y así garantizar la viabilidad de la inversión. Las proyecciones de Petroperú certifican la viabilidad del proyecto. Además, se contará con asesoría para el estudio de mercado y precios. Société Générale fue escogida mediante un proceso de selección que Petroperú encargó a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
El compromiso de las financieras europeas revela también el interés en América Latina, y especialmente en Perú, que se encuentra en pleno crecimiento y en busca de desarrollo inclusivo.
¿Presidente regional o gobernador?
En la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República se aprobó el Proyecto de Ley Nº 554/2011-CR, que propone modificar el artículo 191 de la Constitución, sustituyendo la denominación de Presidente Regional a la principal autoridad política de la región por la de Gobernador Regional.
Estamos a la espera de su aprobación en el pleno del Congreso, pero al tratarse de una reforma constitucional tiene que seguirse un procedimiento complejo para su aprobación final.
Un argumento inicial es que los presidentes regionales hacen un uso indebido de la denominación de su cargo, parecida a la del Presidente de la República o que, en algunos casos, cumplen funciones que se asemejan a las del Presidente de la República.
Las normas son claras, si se hubiera presentado esta circunstancia, se es pasible de una denuncia penal. La ciudadanía tiene perfectamente identificados los distintos niveles de Gobierno.
Los congresistas, especialmente de provincias, reciben cotidianamente a ciudadanos que quieren que les ayudemos a abrirse las puertas de un ministerio o tramitar documentación, esa es la mejor evidencia de un claro conocimiento de las diversidades funcionales.
Siendo así, pareciera que es un proyecto formulado desde la perspectiva de un centralismo limeño.
Un segundo argumento es que "los gobiernos regionales o municipales, excediéndose en el ejercicio de sus competencias, se han arrogado funciones que no les correspondían o han reclamado algunas que recaían en cabeza de otros órganos u autoridades políticas".
Este planteamiento no deja de ser verdad, porque aún no se tiene con claridad definida las competencias y funciones de los distintos niveles de gobiernos, estamos aún inmersos en un proceso de descentralización.
Y en el caso de un exceso manifiesto, como que los ha habido, llámese las ordenanzas regionales sobre la hoja de coca, la ropa usada, los buses-camión o recientemente en el caso Conga, éstas han sido corregidas a través del ente rector de la jurisdicción constitucional, cual es el Tribunal Constitucional.
Es decir, el propio orden democrático, previniendo posibilidades de conflictos de competencia, estableció procedimientos y jurisdicciones específicas. Y en nada alteró el orden institucional del Estado. Como tampoco nadie puede determinar si en el futuro se presenten nuevos conflictos entre este orden vertical de Gobierno.
Durante el anterior Gobierno se cambió la denominación de prefectos regionales a gobernadores regionales, ¿cuánto ha mejorado dicha institución a efecto de esa modificación, acaso se ha fortalecido? ¿Tiene mejor percepción en la ciudadanía? ¿Es parte importante en la estructura de gobierno? Claro que no.
En el derecho comparado, encontramos importantes experiencias, a estas mismas autoridades se les llama gobernadores, pero no soslayemos que las denominaciones no solo son nombres sino arraigo e identidad, y éstas ya lo tienen en el Perú. Y aun cuando se diga que dicha propuesta no plantea cambios en las funciones y competencias de los presidentes regionales y que únicamente se persigue un cambio en su denominación para evitar confusiones, no deja de ser una propuesta poco relevante, con escaso contenido.
Y si algún mérito se le reconoce es que nos permite adentrarnos en un tema mayor, la descentralización del país.
Con la transición democrática, se dio un impulso muy importante a la descentralización, al acudirse a las reformas constitucionales. Con el gobierno de Alejandro Toledo y el Consejo Nacional de Descentralización, se impulsó y fortaleció el proceso, para en el lustro posterior decaer en una auténtica parálisis descentralista.
En lo que va del actual Gobierno, y ya con la Secretaría de Descentralización hubo el compromiso de trabajar un proyecto nacional, que de resultados no hay mayores síntomas. El Acuerdo Nacional lo establece como una política de Estado.
Es allí donde debemos ser osados, poner el tema como agenda pública nacional, trabajar revisando lo avanzado, reestructurar si corresponde las relaciones entre gobierno nacional-gobiernos regionales-gobiernos locales, insistir en las macrorregiones, y si corresponde, como debe ser, reformar la legislación vigente, pero que aborde problemas de fondo. Esa es la verdadera asignatura pendiente que, como compromiso de país, tenemos todos que asumir.
