LA PALABRA DEL DIRECTOR

¿DIÁLOGO PARTIDARISTA Y CONVENIDO EN PALACIO DE GOBIERNO?

 

Aunque la fotografía en blanco o negro que tengan los analistas especializados sobre las reuniones que el Gobierno Nacional, viene convocando con las clase política, lo aprecie para consensuar la buena marcha del país; nosotros, creemos que las conveniencias van por otro camino.

La impresión que se marquetea al país, es el argumento de provocar entendimientos de fondo, retomar la conducción del barco, detener la desaceleración de la economía que puede generar una verdadera crisis. Se agrega, la impresión que debe vender el Perú al sector inversionista, debe transitar en una visión de un Perú que otorgue confianza. Es decir, cuando sentimos temor que se ausenten los inversionistas, hay que tomar medidas de urgencia, pero este sentir, no se opera para los graves problemas del interior del país.

Frente a esta primera cita palaciega del gobierno del Presidente Ollanta Humala, tenemos dos conjeturas: Primera.- El gobierno poniéndose en sus zapatos, acusa preocupación por el descenso de popularidad; los analistas califican los resultados por haberse extraviado la brújula. Estando ad-portas el resultado de La Corte Internacional de la Haya, las discrepancias internas del Perú, hacen temer una probable influencia en el fallo.

SEGUNDA: Los cálculos de los representantes de Partidos Políticos, se desplazan por otro sendero. Gran oportunidad para poner condiciones. Si vemos el fondo de la realidad, en muchos caso, no hay congruencia entre el proyectos de un gobierno nacionalista, y el accionar de partidos cuyos perfiles de su vida política, andan por los suelos. Nos preguntamos, ¿tiene algo de ético y positivo, que el Gobierno discuta la marcha del Perú, con Perú Posible, cuando su máximo caudillo, se encuentra hasta el cogollo cuestionado por las macro compras de mansiones?

¿Tiene sentido moral que a Palacio de Gobierno vayan los representantes del Fujimorismo, cuyo fundador de este engendro político, abandonó, fugó, y se fue a postular al Japón?. Tiene coherencia que el aprismo de Alan, vaya a proponer soluciones cuando se le investiga por los corruptos macro-indultos?. Tienes sentido que se dialogue con instituciones políticas que se reducen a una cúpula de jerarcas limeños y en el resto del país no existen?

Ocurre que esos señores representantes de la desprestigiada clase política Nacional, han visto en este compromiso, que no deja de tener buenas intenciones, la oportunidad de canjear el balotario; tal vez, la solicitud de la prisión domiciliaria en favor de Fujimori, o, solucionar la grave situación de los ex-presidentes Toledo y García, o, el silencio para las denuncias de los 10 a 12 congresistas ligados al narcotráfico.

Y, esos no son los problemas fundamentales de los peruanos. En esa cita, que no deja de ser importante e histórica; los peruanos hemos debido conocer de antemano la agenda. Una agenda en cuya estructura se aborde y emplace al Ejecutivo, ir al cumplimiento de sus promesas electorales: Inclusión social, trabajo, seguridad jurídica para los peruanos, respeto a las decisiones de los gobiernos regionales, caso el de Cajamarca en su defensa del agua y sus minerales, en el PROYECTO CONGA.

A Talara, le llamará profundamente la atención que un tema fundamental, gravitante al desarrollo de nuestra industria petrolera nacional, como lo es el PROYECTO MODERNIZACIÓN DE REFINERÍA TALARA, no haya sido tocado hasta el momento por los representantes de nuestra clase política nacional. Era urgente, puntual, aprovechar la coyuntura y, emplazar al Presidente y al Consejo de Ministros, a que respondan con responsabilidad sobre la ejecución de un proyecto que le dará autonomía, potestad, solidez petrolera al Perú. Entonces, ¿qué discuten, qué les preocupa a los partidos políticos, si no conocen lo prioritario de la exigencia en favor del Perú?.

OPINIÓN: ASPETA

ES POSIBLE PENSAR OTORGANDO CREDIBILIDAD? 

 

 

Tomamos como base las declaraciones que en algún momento formuló la Primera Dama de la Nación Nadine Heredia. Dijo: "Qué tan difícil es caminar derecho en el Perú"?. Esto en referencia a los casos de: "La Bruja de Cachiche, que comprometieron al entonces segundo vice Presidente de la República Omar Chehade y, que a la postre le costaron la renuncia obligada al envidiable cargo.

Hoy la pregunta la trasladamos al sobrepeso del cargamento de 'opiniones' que desbordan las redes sociales. Mas concreto a las que comentan sobre la realidad política social de la provincia petrolera de Talara. Tienen una primera particularidad que se cargan a discusiones banales, sin mayor razonamiento le retiran la credibilidad a la persona, sin medir el daño y el atentado contra el derecho a la imagen, arrasan sin tomar en cuenta que son derechos que garantiza la Carta Magna de Estado.

Garantizamos ser muy respetuosos del derecho de opinar. La opinión es una garantía en toda democracia y fundamental del Estado de Derecho. Pero la opinión tiene sus cánones, sus cauces, sus mínimos y máximos. Ella tiene que estar premunida de un contenido razonable, lógico, donde le otorgue la garantía que en efecto, no existe delito de opinión.

No somos ni remotamente partidarios de la censura, limitaciones, controles a los contenidos de las redes sociales; sin embargo, lo observado allí, demanda ponderación. Aquel sistema revolucionario de la tecnología informativa, no tiene porque sospechar que bajo su ropaje se violente con la mas abrupta impunidad el derecho al honor de la persona, a su imagen y buen nombre, quedando demolidos y regados. Es mas, quedémonos con la seguridad que como medio de información, debe ser vehículo de cultura. Debe ser la universidad en lo mejor del pensamiento innovador.

El campín que se aspira, no es el mismo que llena las páginas de las redes sociales. Mas concreto, es un escenario de muchas posturas mentales cargadas de amarguras, resentimientos, envidias, triquiñuelas, conceptos caprichosos, contradicciones. La carga 'intelectual' que exponen las redes sociales, no enriquecen, no establecen paisajes maravillosos donde se de rienda suelta a la capacidad creativa del expositor.

Muchas veces al amparo que no existe ningún requisito legal para inaugurar una página, se recurre a lo

grotesco y para evitar las responsabilidades legales cuando se calumnia, se difama, se injuria, se recurre al anonimato de la autoría. Bajo muchos disfraces cobardes se auto-otorgan permisos, destruyendo el honor o dignidad de personas.

Las redes sociales, deben usarse solo para promover valores. Por ejemplo la excelencia de una opinión, pensamiento; una creatividad intelectual, una propuesta ingeniosa de cualquier índole. Lo que se aprecia es una olla de grillos sin ninguna regulación. El contenido de esas redes deben ser para fortificar los conocimientos, alegrar el espíritu y fomentar permanentemente el desarrollo cultural.

Claro, reconocemos que fuera del radio de acción al que sometemos el presente análisis, existen acuciosos participantes de las redes que enriquecen su contenido, que ejercitan la crítica en un nivel muy diferente, que plantean opiniones muy calificativas . Ojalá que por esta opinión o crítica, no nos vayan a tocar hasta las tatarabuelas, o nos mencionen pecadillos ocasionados desde nuestra vida intrauterina.

“Que un medio tenga casi total predominio es perjudicial para la libertad de expresión”

 

Santiago Cantón fue el primer relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También ha sido, por once años, secretario ejecutivo de la CIDH. En la siguiente entrevista, este abogado argentino, actualmente director del RFK Partners for Human Rights, analiza la actualidad de la libertad de expresión en América Latina. Advierte que si bien hay avances, se mantienen pasivos, entre ellos los asesinatos de periodistas, las arremetidas del poder político contra el ejercicio de la prensa y la concentración mediática que perjudica la pluralidad informativa.

 

¿Cómo ve la salud de la libertad de expresión en América Latina?

Yo creo que ese tema hay que verlo mejor desde un punto de vista histórico. Este año se cumplen 15 años de la creación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese tiempo, ha habido avances muy importantes.

 

¿Cuáles?

 

Entre ellos, varios países han derogado lo que se conoce como las leyes de desacato, que penalizan las críticas a los funcionarios públicos. Otros han aprobado leyes de acceso a la información. Hay una conciencia más amplia en la región de la importancia de la libertad de expresión. Eso ha sido un gran logro no solamente gracias a larelatoría, por cierto, si no porque estamos en una región con países democráticos.

 

Pero los pasivos son enormes.

 

Por cierto. El primero es el asesinato de periodistas. Cuando fui relator me tocó un año en el que América Latina batió el récord mundial de periodistas asesinados. No digo que el récord se mantenga pero el problema persiste. Pasa en México, hay casos en Brasil, en Centroamérica. Honduras es el peor.

 

A los gobiernos no les suele gustar la prensa crítica.

 

Y utilizan mecanismos sofisticados para tratar de capturarla. Ese es otro problema. Lo hemos visto en Venezuela, lo vemos claramente en Ecuador. A los gobiernos les molesta la prensa y buscan métodos para silenciarla. En el pasado ponían bombas,ahora se recurren a vías legales.

 

¿Cree que falta pluralidad en los medios latinoamericanos?

 

Ese es otro gran desafío, sobre todo en una región tan diversa como la nuestra. En Guatemala hay más de 30 idiomas pero el 99 por ciento de los medios son en español. Que todos los sectores sociales tengan la posibilidad de expresarse es muy importante, sobre todo para la salud de la democracia, pero ello no se ha logrado.

 

¿Por qué motivos?

 

La concentración de medios lo hace muy difícil. Que una empresa concentre el 60% o el 70% (de medios), complica que otros puedan acceder a ellos. El reto es lograr la pluralidad sin atacar el ejercicio de la libertad de la expresión.

 

Porque detrás de la excusa de romper monopolios, el objetivo real puede ser la persecución a medios críticos.

 

¿Dónde se traza la línea? ¿En qué punto se dice: esto es demasiado para un solo medio? El Estado no debe intervenir de manera tal que se afecte a la libertad de expresión, pero tampoco es aceptable que exista una sola voz. En cada país el acceso a los medios difiere. Y es difícil establecer una regla general que abarque a todos. Pero lo que sí es una regla general, o debería serlo al menos, es que haya pluralidad. Y que exista un medio que tenga predominio casi absoluto sobre otros, es perjudicial para la libertad de expresión. Estamos frente a una distorsión cuando la gente escucha a una sola fuente de información. Supongamos que hay dos personas. Una tiene un altavoz, un altoparlante y la otra tiene que hablar a boca de jarro. Entre las dos, la única voz que será escuchada será la del altoparlante, a la otra no la escuchará nadie. Y esto no es correcto porque todos deberían estar en igualdad de condiciones.

 

El poder económico en la concentración mediática es decisivo. ¿Imponer límites desde el Estado no afectaría el derecho a la libre empresa?

 

Es que es un problema cuando el único factor que hace que uno acceda o no a los medios es lo económico. Nuevamente, eso perjudica a la pluralidad. El Estado tiene la obligación de regular los criterios para distribuir licencias de radios y televisión abierta, sin embargo esa regulación no puede basarse simplemente en función de quién es el que paga más. Hay que tener en cuenta otros factores más democráticos y eso, en general, no ocurre en la región. En algunos países una sola persona es dueña de los cuatro o cinco canales de televisión más importantes, ¿y eso que implica? Que esa persona decide prácticamente quién va a ser el próximo presidente.

 

De acuerdo, aunque insisto, ¿la regulación no puede ser un arma de doble filo? Siempre habrá gobiernos que quieran aprovecharse en nombre de la pluralidad.

 

Los contextos nacionales son muy importantes y es necesario en este tema un debate nacional, una consulta popular. Porque, es cierto, a veces lo que está detrás de esas leyes es el ataque a los medios críticos a los gobiernos. El Estado tiene un rol clave en asegurar de que cualquier reglamentación sea democrática y que la distribución de medios sea realmente equitativa. Tienen que existir criterios. No sé: que ningún medio tenga más del 30%, o más del 40% (de concentración). Son ejemplos nada más. Claro, si un medio tiene el 70%, el 80%, ahí sí hay una distorsión evidente.

 

¿Usted cree que también debería intentar regularse la publicidad estatal?

 

Ese es otro enorme desafío. Muchos de nuestros diarios, sin la publicidad estatal, sencillamente dejarían de existir, y por eso es utilizada como arma, para asegurarse de que no haya cuestionamientos en contra de los gobiernos. Considero algo fundamental que haya pautas, realmente democráticas, para la distribución de la publicidad estatal.

 

Usted es argentino. En su país hay un debate intenso sobre la ley de medios, que enfrenta al gobierno de Cristina Kichner con el Grupo Clarín. El régimen plantea que la norma permite terminar con la concentración mediática. Clarín responde que es un peligro contra la libertad de información.

 

Efectivamente, se han realizado las audiencias públicas. Es un tema sobre el que no hay mucha jurisprudencia. Justo la Corte Interamericana va a estar decidiendo este año casos importantes, entre ellos el del canal RCTV de Venezuela (cerrado en el 2007). Lo que le puedo decir es que los contextos varían de país a país.

 

Usted ha sido secretario ejecutivo de la CIDH. Leí declaraciones suyas en las que afirmaba que algunos países mantienen una ofensiva contra la Comisión.

 

Hay movidas de países para debilitar el sistema interamericano de derechos humanos, en particular a la Comisión. Y desde antes. A mí me tocó, por ejemplo, cuestionar a Alberto Fujimori por el tema de la libertad de expresión en el Perú. Él me respondió que sí había libertad irrestricta de prensa, y puso como prueba la publicación de medios críticos a su gestión. Yo le respondí que la libertad de expresión no se mide por la cantidad de medios críticos. Se mide más bien por la cantidad de medios silenciados o perseguidos.

 

En particular, hay un interés manifiesto por debilitar a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

 

Toda la avanzada en contra de la relatoría surge de dos países, Ecuador y Venezuela, porque es ahí en donde más conflictos hay por temas vinculados al ejercicio de la prensa. Todo indica que la voluntad de esos Estados no es fortalecer a la relatoría. Por el contrario, buscarían debilitarla. Hasta el momento no se ha avanzado en este esfuerzo, aunque si le quitaran sus recursos perdería la vigencia que ha tenido en estos últimos quince años. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se inaugura con fuerza en Perú, en 1998, en la época del fujimorismo. Es la primera vez en la historia que una relatoría visita a un país y cuestiona a un presidente.

 

¿Dice que este ánimo contrario a la relatoría ha podido detenerse?

 

Sí, pero en realidad estas cosas nunca terminan. A finales de los noventas fue Perú, ahora es Ecuador, mañana será otro. Hasta ahora el sistema ha logrado sobrevivir, y eso es lo más importante.

 

En general, la relación entre la Comisión Interamericana y los países de la región siempre ha sido algo tensa. Y es la Comisión el organismo más importante de la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

No solamente es el más importante, es el único importante que tiene la OEA en este momento. Mencióname otra cosa que haga la OEA y le doy un premio.

 

¿Cómo aprecia la relación del Estado peruano con la Comisión Interamericana?

 

A partir de la caída de Fujimori todos los gobiernos han tenido un diálogo con el sistema interamericano de derechos humanos, el de Alejandro Toledo, el de Alan García. El gobierno actual, del presidente Ollanta Humala, es verdad, ha mostrado una posición más crítica y virulenta por ciertos casos que la Comisión ha presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entre ellos, se encuentra el de Chavín de Huántar.

 

Habría que decir algunas cosas. Primero, que el gobierno peruano podría haber resuelto sus casos antes de tener que ir ante la Corte Interamericana. En segundo lugar, lo bueno de la Corte es que si el gobierno está convencido de que tiene razón puede defender su caso, demostrar su posición y ganar. Por ese motivo no entiendo la razón de tanto nerviosismo. Le diría que nuestra historia es trágica en materia de los derechos humanos, sin embargo la región latinoamericana ha logrado avances extraordinarios en los 20 años recientes. El ejemplo de Barrios Altos y La Cantuta ha dado la vuelta al mundo. Que un ex presidente detenido en un país vecino sea extraditado con base en la decisión del sistema interamericano, eso no existe en otro lugar del mundo. Algo así tiene que ser reconocido y apoyado.

A C T U A L I D A D

El 'caso Toledo' perjudica a la clase política del Perú

Con algo de vergüenza ajena por este delicado tema, el congresista Michael Urtecho consideró que las evidencias que involucran a Alejandro Toledo con diversos delitos no solo perjudican la imagen del ex jefe de Estado, sino de toda la clase política del país, pues habla mal de esta en el exterior.

“Creo que es un tema que no solo perjudica a la figura del ex presidente, sino también a toda la clase política del Perú. Esto se tiene que investigar a fondo, y hay que conocer todos los detalles, y hay todo un entorno que también tiene que ser investigado”, dijo.

Despolitizando la política

 

 

Recientemente, la bancada PPC-APP ha presentado un proyecto de ley con la intención de “despolitizar” las elecciones del defensor del Pueblo y de los miembros del Tribunal Constitucional (TC). En palabras de Javier Bedoya de Vivanco, congresista de dicha bancada, “lo que queremos es establecer un sistema más objetivo, menos politizado y que no se preste a tanta controversia. Que sean entidades y órganos independientes los que escojan a los precandidatos”.

 

La idea es buena, pues, para lograr su objetivo, el proyecto de ley propone alejar la selección inicial de los candidatos de las manos de los partidos. Para la elección del defensor del Pueblo, por ejemplo, se plantea la creación de una comisión en la que participen un representante designado por el presidente del Congreso, uno designado por el fiscal de la Nación y otro más designado por el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta comisión recibirá y evaluará propuestas de candidatos remitidas por entidades como los colegios de abogados, las facultades de Derecho o la Corte Suprema de Justicia, las que además serían publicadas en la web y filtradas por Servir o alguna entidad privada reconocida en el ámbito de selección de recursos humanos. La comisión, finalmente, le presentará una terna de candidatos al Congreso, el que votará por alguno para elegir al defensor.

 

Este sistema haría más difícil que ocurra una nueva ‘repartija’, donde los partidos se repartan los cargos públicos como si estuviesen sirviéndose una torta y sin tener empacho en designar a personas cuyo único mérito es ser incondicionales de una facción política.

 

Ciertamente, hay aspectos del proyecto que se podrían mejorar. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto antes que los miembros del TC sean elegidos de entre los árbitros más prestigiosos del país (y es que la mejor prueba de su competencia es que los ciudadanos voluntariamente los escogen para resolver sus conflictos). No obstante, el proyecto de ley es un paso en la dirección correcta para realizar estos importantes nombramientos. Y es que, en este caso, para que la política funcione, aparentemente hay que despolitizarla.

 

INTEGRACIÓN QUE SÍ VALE

La semana pasada informamos que la Alianza del Pacífico (bloque formado por el Perú, Colombia, México y Chile) alcanzó un acuerdo para eliminar aranceles comerciales. El consenso beneficiaría al 92% de bienes y servicios comercializados, los que se transarían libres de aranceles tan pronto como el acuerdo entre en marcha, aproximadamente durante el cuarto trimestre de este año (el resto de los bienes y servicios se iría desgravando en el transcurso de los años, según refirieron representantes de los gobiernos de los países miembros de la alianza).

 

Por qué esto es una buena noticia para nuestra economía, ya lo hemos dicho antes: los cuatro países miembros de la alianza tienen una población combinada de alrededor de 210 millones de habitantes, y su PBI combinado representa más de un tercio del de toda América Latina, lo que supone una gran oportunidad para nuestros consumidores y empresarios.

 

La Alianza del Pacífico, además, es una prueba de que las economías de mercado son las que más tienden naturalmente a la integración. Sin muchos aspavientos, sus miembros han alcanzado un nivel poco antes visto en la región en lo que respecta al levantamiento de las barreras que impiden que sus ciudadanos puedan acercarse entre sí. No sorprende, por eso mismo, que ya se haya confirmado la incorporación de Costa Rica, que se espere que pronto Panamá se convierta en el sexto miembro, y que países como Japón, Estados Unidos, Australia o Indonesia hayan manifestado intenciones serias de integrarla.

 

El contraste con lo que sucede con otros esquemas comerciales donde prevalecen economías con tendencias más estatistas es revelador. La integración del Mercosur anda congelada hace ya varios años. Unasur, por su lado, no pasa de ser una cumbre que prácticamente solo ha servido para legitimar una serie de prácticas poco democráticas de los gobiernos que en ella participan. Y es que, después de todo, las economías de mercado lo que tienden a buscar es la mayor cantidad de oportunidades para sus consumidores; mientras que las economías estatistas, la mayor cantidad de oportunidades para sus gobernantes.

Estudiantes talareños piden jornadas de orientación vocacional

  

 

Solicitan ayuda para elegir una profesión. Se requiere de pruebas de aptitud y exposiciones.

Estudiantes de diversos colegios de secundaria que están casi para terminar el quinto año vienen solicitando a la Ugel Talara para que por su intermedio convoque a profesionales de distintas empresas públicas y privadas para que los orienten en elegir una carrera profesional o técnica.

Los estudiantes, quienes pidieron la reserva de su identidad, sostienen que esta actividad debería ser dirigida a los alumnos de cuarto y quinto de secundaria y debe consistir en la aplicación de una prueba de aptitud especialmente diseñada por un conjunto de profesionales, tal como se hace en otras provincias de la región.

También sugieren que se realicen breves exposiciones acerca de las diferentes carreras que se ofertan en la educación superior. Agregaron ser conscientes que la aplicación de la orientación vocacional e información ocupacional apoya a los estudiantes en la elección de una carrera profesional, técnica u ocupacional, ajustada a las características personales de los interesados.

T A L A R A

Nuevo alcalde de Talara anuncia conformación de Mancomunidad con Paita y Sullana

Timaná Galecio desistió de presidir la mancomunidad por el desarrollo de la provincia de Talara, debido a que viene trabajando junto con las autoridades municipales de Paita y Sullana en la conformación de una mancomunidad que logre captar mayor inversión para la provincia de Talara a partir de captación de mayores beneficios tributarios. Queda abierta la decisión de Sechura para que también se integre.

 

En ese sentido, el actual alcalde de Talara sostuvo que en anterior reunión sus homólogos de Paita y Sullana acordaron integrar un equipo técnico con un representante titular y alterno de cada municipalidad para ser los encargados de exponer ante cada consejo municipal la justificación de la creación de la nueva mancomunidad.

 

Timaná Galecio explica que el objetivo central de la futura Mancomunidad es integrar las zonas y que los productos que generan no se limiten únicamente a los mercados tradicionales a los que están acostumbrados, sino también que se cree toda una zona de servicios que se puedan ofrecer a través de los puertos de Paita y Talara.

 

También sostiene que esta iniciativa sería la cabecera del muelle del corredor bioceánico Paita – Belém. Sin embargo, precisó que Paita ya no estaría sola pues en un futuro inmediato estaría con Sullana y Talara.

 

Al referirse a la Mancomunidad por el Desarrollo de la Provincia de Talara, sostuvo que ha dejado en libertad a los alcaldes distritales para que designen al nuevo presidente; resaltando que en la última reunión se acordó proponer a los alcaldes Sigifredo Zárate Vite (El Alto) y Pero Hoyos León (La Brea) para que en próxima reunión se elija al nuevo presidente. Timaná, además, remarcó que desde su gobierno continuará con el apoyo económico a la Mancomunidad Provincial.

 

PARA TENER EN CUENTA...

 

Ha quedado abierta la posibilidad para que otras provincias (como Sechura) también se integren.

 

Proyectos como el de la Carretera Costanera serían más viables.

 

La Cámara Andina de Desarrollo brindará el apoyo técnico y legal al equipo responsable para ver la creación de la mancomunidad.