O P I N I Ó N

SUPEREMOS LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA.

 

Otro objetivo es incrementar los recursos del canon petrolero y de gas, que favorece especialmente a los departamentos de Piura, Tumbes y, en menor medida, a los departamentos de Loreto y Ucayali en razón de la declinante producción de crudo, de los lotes 8 (Trompeteros) y en particular del Lote 1-AB (Andoas), que tiene importantes reservas probadas, probables y posibles a pesar de más de 40 años de explotación.

Este lote, ahora denominado 192, bajo responsabilidad de la empresa Pluspetrol Norte, será licitado el próximo mes conjuntamente con otros lotes bajo la modalidad de contratos de licencia, y no se adjudicarán hasta terminar el proceso de la consulta previa, compromiso asumido por el Gobierno para promover las inversiones con responsabilidad social.

A diferencia de los lotes próximos a licitarse, el Lote 1-AB tiene una producción en marcha con reservas probadas y probables de crudo, más una serie de instalaciones, ductos, campamentos, aeropuerto, tanques de almacenamiento y hasta una pequeña refinería, pues sus operaciones datan de mediados de la década de 1970 con la OXY de Arnold Hammer.

Es evidente que el valor de mercado del Lote 1-AB se incrementa por la cercanía del lote 64, donde la empresa Talismán descubrió más de 42 millones de barriles de reservas de petróleo ligero, con inversiones cercanas a los 500 millones de dólares, y cuyo contrato ha sido transferido a Petroperú por decisión de su matriz, capitalizando la participación estatal.

Por ello, si se tiene presente que la salida de estos hidrocarburos solamente es posible por el uso del Oleoducto Norperuano bajo responsabilidad de la petrolera estatal, se tiene en prospecto la realidad positiva de una alianza público/privada, que se vigoriza con la producción adicional de otros lotes vecinos.

La posibilidad de hacer del Lote 1-AB un centro de acopio de la futura producción de los lotes colindantes, como el 64, 67, 39 y del crudo proveniente del Ecuador interesado en salir por el Oleoducto Norperuano, constituye un activo que le otorgaría un mayor valor al lote próximo a licitarse, de allí el interés de importantes compañías petroleras.

Sin embargo, existe una legítima preocupación sobre la participación de Petroperú en el contrato próximo a licitarse con el 25% o más, como una forma de alcanzar la integración vertical en un lote que tiene yacimientos no explotados que asegurarían una mayor producción para superar los 15,000 barriles diarios que se extraen actualmente.

El contrato del mencionado lote ha sido renegociado en dos oportunidades.

 

Primero, con la OXY en 1986, durante el primer gobierno del expresidente Alan García, cuando fue concebido como un contrato de servicios, en el cual se le pagaba una retribución al operador en función de una canasta de crudo pesado de 22 grados API.

En verdad, la calidad del petróleo era de 19 grados API con tendencia a la baja. Al contratista (OXY) se le abonaba una retribución y los hidrocarburos eran propiedad del Estado, representado en esa época por Petroperú.

Esta renegociación contractual debía terminar en agosto de 2007 y su retorno al Estado incluía las reservas probadas y probables, con todas sus instalaciones incluidas.

Sin embargo, durante el gobierno de transición democrática (2001) no solamente se extiende la vigencia del contrato con un nuevo operador, sino que se modifica la naturaleza del contrato, es decir, se pasa de un contrato de servicios a uno de licencia, donde los hidrocarburos fiscalizados constituyen propiedad de las empresas.

Así, en 2001 la empresa petrolera argentina Pluspetrol, que había asumido las operaciones del Lote 8/8X en junio de 1996, cuando se transfirió al sector privado el lote de Petroperú, amplió sus operaciones asumiendo el contrato del Lote 1-AB en una negociación privada con la OXY

Esta operación le permitió convertirse en el principal productor de hidrocarburos en el país.

Por esa transferencia privada realizada en el exterior con la OXY la petrolera argentina abonó más de 300 millones de dólares.

Lamentablemente, el organismo promotor de la inversión en el sector y de la supervisión de los contratos, Perúpetro, suscribió también una prórroga del contrato con el nuevo operador que vence en agosto de 2015.

De allí la decisión del presente Gobierno de convocar a una licitación internacional, la que, según mi criterio, debiera reconocer el potencial de hidrocarburos y la ubicación estratégica del Lote 1-AB, ahora denominado 192.

Del mismo modo, considero que hay que privilegiar los mayores compromisos de inversión, el mayor respeto ambiental y la participación minoritaria de Petroperú con regalías competitivas.

"A diferencia de los lotes próximos a licitarse, el Lote 1-AB tiene una producción en marcha con reservas probadas y probables de crudo, más una serie de instalaciones, ductos, campamentos, aeropuerto, tanques de almacenamiento y hasta una pequeña refinería

N A C I O N A L E S

MAS CANON Y SOBRE CANON PETROLERO

Gracias a la nueva fórmula en la determinación del canon y sobrecanon petrolero homologándolo con el canon gasífero que percibe por ahora el departamento del Cusco, se han incrementado los ingresos para los departamentos de Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali y la provincia Puerto Inca de Huánuco.

Así, comparando el primer trimestre de 2011 en relación con 2012, las transferencias por canon petrolero se han incrementado de 259 millones a un poco más de 447 millones de nuevos soles.

 

Es decir, los gobiernos regionales, locales, universidades públicas e institutos pedagógicos de dichos departamentos en su conjunto han percibido 188 millones de nuevos soles más, lo que significa una variación positiva de 73 por ciento.

 

Estos mayores ingresos por concepto de canon petrolero se explican por la modificación en la base de su fijación. Su elevación del 10 por ciento del valor de la producción de petróleo y gas al 15 por ciento del valor, y en el caso del sobrecanon por el incremento del 2.5 al 3.75 por ciento sobre el valor de la producción explica, en lo fundamental, estos mayores recursos.

 

Sumado a ello, alimenta el canon y sobrecanon, el 50 por ciento del impuesto a la renta abonado por las empresas que explotan los hidrocarburos más el 50 por ciento del impuesto a la renta pagado por las empresas de servicios complementarios, según lo dispone la Ley Nº 29693 promulgada el 31 de mayo del 2011 por el Congreso de la República.

 

Si bien esta norma fue aprobada en el final del gobierno pasado, es la actual administración la que está abonando los recursos del canon bajo la nueva fórmula. De allí la necesidad de analizar los determinantes que explican estas mayores transferencias en cumplimiento del mandato constitucional.

 

Si bien el precio internacional del petróleo, adoptando como precio referencial el marcador West Texas Intermediate (WTI), tiene una influencia relativa en el aumento del canon petrolero, al pasar de un promedio de US$ 79.48 dólares el barril en 2011 a un precio de US$ 94.88 dólares, lo que determina una variación de 19.4 por ciento. Es decir, el efecto precio explica una parte del valor de la producción, la otra tiene que ver con los volúmenes producidos de petróleo y gas, que lamentablemente tienden a la disminución, más el impuesto a la renta pagado por las empresas directamente e indirectamente.

 

De allí, los efectos diferenciados en las transferencias del canon y sobrecanon entre los departamentos mencionados. Así, Piura pasa de percibir en el primer trimestre de 2012 por dicho concepto un poco más de 230 millones de nuevos soles, montos muy superiores a los 119 millones que percibió en el primer trimestre de 2011.

 

Esto hace una variación positiva de 93 por ciento, lo cual significa mayores recursos para los gobiernos locales piuranos que debieran servir para fomentar inversiones en el desarrollo de ventajas competitivas, con educación y salud de calidad, en obras de infraestructura de impacto regional.

 

Sirva de ejemplo el caso de la provincia de Talara de donde se extraen los mayores volúmenes de petróleo y gas superiores que en la región (Piura y Tumbes) superan los 42 mil barriles diarios bajo responsabilidad de una serie de empresas productoras.

 

De la Cuenca Talara y Zócalo Continental se han extraído en más de 120 años de explotación un aproximado de 1,500 millones de barriles de crudo. Sin embargo, el servicio de abastecimiento de agua potable de la ciudad es una calamidad. Las familias tienen a lo sumo una hora o dos horas diarias de acceso a tan vital recurso. Lo cual resulta contradictorio con la riqueza creada.

Sin embargo,distinta es la realidad del departamento de Loreto que pasa de percibir en el primer trimestre de 2012 por dicho concepto un poco más de 96 millones de nuevos soles, montos superiores a los 62 millones que percibió en el primer trimestre de 2011.

 

Esto hace una variación positiva del 57 por ciento, lo cual significa mayores recursos para los gobiernos locales del departamento amazónico, que hoy se debate en emergencia ante las crecientes de los ríos que han provocado tragedias afectando a miles de compatriotas.

 

Si Piura percibe en el primer trimestre del presente año, 230 millones de nuevos soles y Loreto un poco más de 96 millones por concepto de canon y sobrecanon a pesar de la nueva fórmula, ello demostraría la preocupante disminución de la producción de crudo en los lotes 8 y sobre todo en el Lote 1-AB cuyo contrato se vence en agosto de 2015. De allí la necesidad de promover las mayores inversiones en el sector, para aumentar la producción, el valor creado y el canon petrolero.

 

N A C I O N A L

El fortalecimiento de Petroperú

En el mundo y en América Latina, en especial, las mayores reservas de hidrocarburos (petróleo, gas y líquidos de gas natural) están bajo responsabilidad de los Estados, pues se asume que los recursos energéticos, desde el punto de vista económico y político, tienen un carácter estratégico para los países, y no puede existir política de Estado sin seguridad energética ni alimentaria.

Prueba de ello es que en los últimos 100 años las guerras que han sacudido al mundo, en especial se explican por el control de los mercados y el acceso a los recursos como los hidrocarburos.

 

Como ilustración se debiera mencionar a las empresas estatales de terceros países que operan en nuestro país generando utilidades a sus matrices, desde la década de 1990, cuando el gobierno de turno, con la condicionalidad del Banco Mundial y el FMI, impuso la privatización fragmentada de Petroperú.

 

 

Así, se privatizaron rentables lotes petroleros, filiales como Solgas, la empresa envasadora que controlaba más del 45 por ciento del mercado del gas licuado de petróleo (GLP), la flota naviera de Transoceánica, los grifos, terminales. También el más valioso activo de Petroperú, la moderna refinería La Pampilla, se vendió a la transnacional española Repsol a un precio cuestionado en su momento.

 

El discurso liberal que justificó la privatización fragmentada de Petroperú, iniciada en 1991, tuvo como argumento superar las pérdidas que generaba la petrolera estatal, así como la necesidad de incrementar la producción y las reservas probadas de hidrocarburos.

 

En verdad, entre 1986 y 1990 el conjunto de la actividad empresarial del Estado y de Petroperú, en especial, tuvo que experimentar con el llamado "modelo heterodoxo", que era simplemente la versión criolla del populismo económico e irresponsable que obligaba a las empresas públicas a vender sus bienes y servicios por debajo del costo de producción, aunado a una corrupción que asaltó las arcas del Estado para el enriquecimiento privado.

 

Por ello, el sinceramiento brutal de precios impuesto por el llamado "fujishock" significó un incremento del índice de precios de 400 por ciento en un día, con ajustes en los precios de bienes y servicios brindados por las empresas estatales, entre ellas de Petroperú, permitió que hacia 1992 la petrolera estatal generase nuevamente utilidades netas que llegaron a ser más de 365 millones de dólares en 1994.

 

Sin embargo, las mayores utilidades de Petroperú en lugar de fortalecer la decisión estatal con mayores inversiones, para superar el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos, asociándose con empresas privadas de nivel que aportasen capitales y tecnología, asumiendo éstas los riesgos exploratorios, se constituyeron en un problema. Había que demostrar a cómo dé lugar que la empresa estatal era ineficiente y arrojaba pérdidas económicas.

 

Por tanto, hubo una campaña ideológica para justificar la irracional privatización, se tuvo que violentar la democracia con un "golpe de Estado" el 5 de abril de 1992, imponer un control sobre los medios de comunicación, instaurar un régimen represivo y corrupto que malgastó los recursos obtenidos por la privatización.

 

Ahora, con el nuevo gobierno del presidente Ollanta Humala, por primera vez existe una decisión política para el fortalecimiento y modernización de la petrolera estatal apostando por la integración vertical de Petroperú. Ello supone la participación en la explotación, refinación, transporte, distribución mayorista y minorista de los derivados de hidrocarburos.

 

Así, respetando la ley de hidrocarburos y negociando con las empresas integrantes del Consorcio de Camisea se han recuperado para el país los 2.5 trillones de gas natural de las reservas probadas del lote 88 comprometidas en el proyecto de exportación del lote 56. En esa línea, Petroperú debe volver a la producción en los contratos de explotación que están por vencer, en especial del lote 1-AB que debió retornar al Estado en 2007 y que indebidamente se prorrogó hasta el 2015 durante el gobierno de transición del 2001.

 

Con una negociación estratégica e inteligente, dialogando con las empresas, adelantando la fecha de término de los contratos para amortiguar la caída de la producción y de las inversiones, Petroperú, como titular de los contratos, debiera asociarse con las empresas privadas, con ello el Estado asegura los mayores montos de inversión, más regalías, impuestos y utilidades sin asumir los riesgos exploratorios.