A C T U A L I D A D

SALARIOS PÚBLICOS EQUITATIVOS Y JUSTOS

El Estado no tiene una escala única de remuneraciones, si no numerosas escalas, arbitrariamente fijadas con enormes desigualdades entre una entidad y otra y con “bonificaciones especiales” que distorsionan aún más las cosas. Además no existen criterios de transparencia, equidad, racionalidad y eficiencia.

La planilla actual del Estado maneja más de 400 conceptos que componen las remuneraciones públicas. Una vergüenza. Un amplio sector de trabajadores públicos siguen sujetos a regímenes sin una carrera pública. Muchas veces dan vueltas en círculos sin ninguna perspectiva de futuro.

Con García se pretendió hacer creer a la ciudadanía que ningún funcionario público ganaba más que el Presidente de la República. Nada más falso: existen, desde esa época, funcionarios que ganan mucho más de los S/. 15.600 que cobran el Presidente y los Ministros. Así, en el MEF, hay asalariados con más de S/. 21.000, incluidos la remuneración y el concepto “otros beneficios”. En el Banco Central de Reserva, el Presidente gana S/ 41.600 (¿17 veces al año?), el Gerente General S/. 37.500 y los gerentes centrales S/. 34.200. El Contralor de la República gana  S/. 33.100, el vice S/. 27.000 y los funcionarios de quinto nivel S/. 24.600. En la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP la situación es muy similar, el Superintendente gana S/. 33.100 y los asesores de la alta dirección y superintendentes adjuntos S/. 29.000.

Ojo, a la inversa, ocurre en los niveles más bajos, pues sectores como educación y otras áreas tienen trabajadores administrativos que apenas llegan al salario mínimo legal con 20 años de servicio, existiendo quienes ganan menos. Médicos, personal del Inpe, maestros, personal administrativo del Poder Judicial y de los ministerios, enfermeras, etc; se encuentran en el otro extremo de la balanza. Un profesor que ganaba S/. 1.177, con la aprobación de la Ley de Reforma Magisterial, gana ahora S/. 1.244. Mucho menos de lo que se paga, en promedio, a un maestro en los países de la región. En México un profesor de primaria gana 16% más,  en Brasil 17%, en Colombia 28 % y en Chile 69 % más. Un médico, gracias la huelga del 2012, gana hoy en promedio S/. 3.068. Menos del 45% de lo que gana un médico en Brasil y apenas el 35% de lo que se le paga a un médico en Chile.

No se cuestiona que los funcionarios públicos perciban una remuneración proporcional a sus capacidades y las responsabilidades del cargo, pero resulta insostenible mantener una brecha salarial en la que los que más ganan perciben 3.100% más que los que menos ganan. Esto es injusto y golpea a la población, que no contará con una administración pública transparente, eficiente y legitima. Por eso los países más desarrollados tienen una menor brecha entre los que más y menos ganan y buscan garantizar el bienestar de todos los trabajadores.

Para cambiar esto presenté 5 propuestas de ley entre los años 1995 y 2004.  El Congreso no aprobó ninguna de esas iniciativas, optó por mantener el desorden y la inequidad.

El Ejecutivo ha propuesto recientemente un proyecto de Ley del Servicio Civil para “ordenar” esta situación. Este aporta transparencia, pero mantiene una actitud antisindical, contraria a la negociación colectiva y nada dice respecto de la desigualdad que existe entre los salarios de los funcionarios. Más aún, el proyecto fomenta la desigualdad porque propone que los salarios se fijen en función de la “categoría de la entidad” y de acuerdo con una valorización aprobada por la misma entidad en la que labora el funcionario. Es decir, el que puede, puede.

El Congreso no debe aprobar una propuesta que mantenga la enorme brecha salarial que existe en el sector público. Requerimos establecer un Sistema Único de Remuneraciones que fije la remuneración de los funcionarios y autoridades del Estado según la canasta básica familiar, a fin de establecer una proporcionalidad entre las remuneraciones más bajas y las más altas fácilmente mensurables; sin que ello implique desconocer la necesidad de establecer pagos adicionales por calificación, nuevos niveles formativos, horarios extraordinarios, nivel de dedicación, entre otros.

Toca a los trabajadores del Estado unirse para conquistar esta justa demanda.

 

POLÍTICA

Los Fujimori de América Latina

El 24 de marzo de 1976, Jorge Rafael Videla, Comandante Gral. del Ejército argentino nombrado por la presidenta Isabel Perón, la derrocó. Disolvió el Congreso y constituyó una Junta Militar con el almirante Emilio Massera y el Brigadier Gral. de la FAA, Orlando Ramón Agosti. El 26 se declaró presidente de Argentina bajo el lema de “Proceso de reorganización nacional”, hasta 1981, en que cedió el poder al Gral. Roberto Viola. Las denuncias de detenidos-desaparecidos, torturas y la ESMA rebasaron las fronteras. La Comisión Interamericana de DDHH emitió un reporte condenatorio en setiembre del 79 y Adolfo Pérez Esquivel recibió el Nobel de la Paz en 1980 por su denuncia respecto a estas violaciones.

El 83 se restauró la democracia en Argentina. Videla fue procesado por homicidios, secuestros, tortura y otros crímenes. Dado de baja del Ejército (no visto en Perú con los responsables del golpe del 93 y los crímenes de lesa humanidad), fue sentenciado a cadena perpetua. Varios estudios calculan las personas detenidas-desaparecidas entre 30.000, hasta cerca de 12.300 por la Asamblea por los DDHH. Videla mismo admitió, ante el periodista Reato, que ejecutaron a 8.000 personas.

Pero el presidente Menem lo indultó, junto a otros jefes militares y dirigentes de Monteros y el ERP, en 1990. La impunidad terminó al ser procesado y sentenciado en 1998 por el secuestro de niños de los detenidos-desaparecidos, entregados a militares o personas ajenas. Con el gobierno de Néstor Kirchner, el 2003, se acentuó la campaña por evidenciar los delitos de lesa humanidad de Videla y, tres años después, un juez declaró inconstitucional el perdón de Menem a favor de Videla, lo que una corte federal confirmó en el 2007. En julio del 2010 se le impuso la pena de cadena perpetua por delitos que implican terrorismo de Estado y fue trasladado a una prisión civil.

Videla asumió, en declaración ante el tribunal, la responsabilidad de las órdenes que emitió a sus subordinados, lo que nadie ha hecho aquí con el Destacamento Colina y otras masacres, ni tampoco por la parte de Sendero Luminoso y sus execrables crímenes. El 5 de julio del 2012, a los 87 años, fue sentenciado a 50 años más de cárcel por otros casos de secuestros y cambios de identidad de niños en la guerra sucia que encabezó. Nadie reclama indulto humanitario y sus temas de salud son atendidos en prisión.

Otro mellizo de Fujimori es el general boliviano Luis García Meza, que encabezó el golpe de julio de 1980 contra la presidenta Lidia Gueiler, impidiendo que entregue el poder al electo Hernán Siles Suazo. Hoy, a los 83 años de edad y después de haber sido extraditado de Brasil en 1995, cumple 30 años de sentencia en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en la altura de La Paz. Su gobierno fue muy corto: dejó el poder en agosto del 81 a otro militar, hasta que una huelga de la Central Obrera Boliviana en setiembre del 82 trajo abajo al régimen militar y logró que asuma el gobierno Siles Suazo.

Meza fue responsable de cerca de 500 asesinatos, incluyendo al preclaro diputado socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, y de la masacre de 8 miembros de la dirección del MIR al allanar un local en que se reunía. Sus vínculos con el narcotráfico eran evidentes y sus actos de corrupción en contratos ilícitos, hasta el haber vendido los diarios del asesinado Ernesto Che Guevara en Bolivia.

Lecciones de pueblos que no olvidan porque saben que pueblo sin memoria volverá a repetir la historia.

El indulto a Alberto Fujimori es un asunto ético, legal y, sobre todo, político. No solo no asume responsabilidad ni se arrepiente. Se niega a pagar las indemnizaciones por sus crímenes y latrocinios, hace mofa de su “pobreza”. Violenta el derecho internacional y dos leyes nacionales que prohíben el indulto a sentenciados –como él– por secuestros. Carece de las exigencias para un indulto humanitario pues su dolencia, con la que operó políticamente desde 1997, no es terminal ni amenaza su vida.

El objetivo de fondo, como lo admitió Martha Chávez abiertamente, es devolverlo a la arena política con plenos derechos y, de paso, evitar el juicio de los diarios chicha por 120 millones de soles. El indulto consagra la impunidad, agravia al país, a las víctimas y a los más elementales derechos democráticos.

Mañana debaten despenalizar delitos atribuidos a la prensa

Mañana martes 9 la Comisión de Constitución del Congreso de la República debatirá la despenalización de los delitos atribuidos a la prensa.

Gracias a un proyecto presentado por el congresista Heriberto Benítez, se pondrá en el tapete la eliminación de este limitante, que, iría en contra de varios tratados internacionales.

"Las libertades de expresión, opinión y de prensa son la columna vertebral de una democracia y no puede existir amenaza contra quienes desempeñan tan importante tarea”, señala la iniciativa legal.

Además se remarca que los directores de los medios deben ser totalmente conscientes de cualquier falla que puedan tener en su proceder periodístico.

Ante cualquier error se debe presentar, según la moción, una rectificación proporcional a la nota "errónea".

Esto sin menoscabo que los afectados acudan ante el Poder Judicial en las vías existentes y busquen una protección constitucional o reparación por el daño causado, apuntó.