Autor:
César Inga Ballón (*)
El desborde de la corrupción durante el gobierno aprista tiene, sin duda, su rostro más repudiable, su efecto jurídico más agravado, en los malos manejos detectados por la Controlaría General de la República en la ejecución de los programas sociales destinados a aliviar la situación de la población más vulnerable de nuestro país, como son las madres y niños desnutridos, las familias que no cuentan con los mínimos ingresos para su subsistencia.
Cierto es que la corrupción en la administración pública, en mayor o menor medida, es un flagelo que afecta a prácticamente todos los estados modernos. Su efecto es gravemente pernicioso, no solo por el daño económico, sino porque empeora otras lacras como el subdesarrollo, la pobreza, el crimen y menoscaba la moral de los pueblos.
En este escenario, una degradación moral y delincuencial generalizada como la que ha denunciado la Controlaría, con más 10 mil casos investigados en todo el aparato estatal, habla por sí sola de las dimensiones de un problema nacional que tiene que ser cortado desde la raíz, con sanciones legales enérgicas, oportunas y efectivas.
De los casos que fueron denunciados en su oportunidad y que el gobierno aprista pretendía presentarlos como acciones delictivas individuales, como por ejemplo el robo de donaciones para los damnificados del terremoto en el sur, ahora sabemos que no eran precisamente hechos aislados.
Una actitud permisiva o tolerante de los poderes del Estado no solo mantendría vivo un cáncer que corroe nuestra sociedad desde hace ya muchos años, sino que alimentaría la comprensible y justificada actitud de desconfianza y rechazo que mantiene la ciudadanía respecto de nuestras dependencias públicas.
Con toda razón, el padre Gastón Garatea, quien tiene autoridad moral y experiencia propia para hablar en defensa de los pobres del Perú, ha manifestado que las denuncias contra altos funcionarios en la ejecución de los programas sociales y de obras públicas durante el gobierno anterior constituyen un "crimen moral" contra los más pobres.
El respetado sacerdote ha solicitado la pronta creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, para definir las políticas y los lineamientos necesarios que combatan las irregularidades cometidas en todos los estamentos públicos.
El fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, ha adelantado que el Ministerio Público será severo con los casos detectados por la Contraloría y, a su juicio, las sanciones drásticas elevarán la moral de la ciudadanía y le devolverán la confianza en sus autoridades.
En cuanto al futuro de los programas sociales, cobra aquí la mayor importancia la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, planteada por el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, cuyo proyecto ha sido enviado por el Ejecutivo al Congreso. Así se evitará distraer esfuerzos y recursos para los más pobres, con menos trabas burocráticas, con transparencia y control, sin corrupción.
(*) Analista Político.
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