Colaboración: Román Pajuelo Pérez (*)
Me imagino que muchos se preguntarán sobre las razones por las que el presidente del Instituto Peruano de Deportes (IPD) decidió, sin proporcionar mayores explicaciones que lo justifique, la anulación sorpresiva de la venta de entradas al público a la presentación del remozado Estadio Nacional el próximo 24 de julio, tal como lo ha informado la prensa nacional, limitándose a señalar en un escueta nota de prensa que se dará paso a la población más necesitada a fin de que asista en forma gratuita cubriendo la totalidad de sus modernas instalaciones.
Sin perjuicio que se trata de un acto público que debería ser de libre acceso más allá de la filiación política o la condición económica, creo que es importante resaltar que el desarrollo y culminación de esta colosal obra se debe al importante aporte que han hecho todos los contribuyentes a través del pago de sus impuestos y otras cargas tributarias.
Lo que parece que no se conoce es que al seleccionar a los invitados de una forma poco ortodoxa y bajo el pretexto poco creíble que se trata de personas de escasos recursos económicos, es asumir una actitud que discrimina a los demás y que está prohibida por la propia Constitución Política y calificada como delito en la legislación penal, con el agravante que se trata de personas que tienen la calidad de funcionarios públicos y que habrían menospreciado a la opinión pública esgrimiendo argumentos o razones poco veraces que por supuesto nadie las cree.
Es oportuno saber que una actitud de esta naturaleza no solo es cuestionable en términos constitucionales, políticos, sociales o coyunturales, sino que además está tipificada como delito en la legislación penal.
El artículo 323° del Código penal sanciona a aquellos que de por sí o mediante terceros, discriminan a una persona o a un grupo de ellas por razones económicas con el objeto de menoscabar el reconocimiento, el goce o el ejercicio de sus derechos, y agravada cuando se trata de personas que tienen la condición de funcionarios públicos.
Sin perjuicio de las esquelas que se han cursado bajo el pretexto que se trata de invitar a personas de escasos recursos económicos, y otras que buscan darle cierto realce a un evento ya venido a menos (funcionarios allegados al poder, personajes vinculados con el partido que gobierna, connotados ex futbolistas extranjeros, miembros de la FIFA, la Conmebol y otros representantes extranjeros), lo que es evidente es que son las mismas autoridades de gobierno las que fomentan la discriminación entre la población, sin soslayar el manejo poco transparente que se hace de las instituciones públicas para beneficio personal de los que gobiernan.
(*) Abogado y Político Talareño
No hay comentarios.:
Publicar un comentario