ROMA LOCUTA ¿CAUSA FINITA?.

 

 

El Grupo El Comercio ha fijado su posición editorial, después de dos meses de silencio, sobre las consecuencias de su compra en Epensa. Hay que alegrarnos que, por fin, así sea. Escuchar las ideas de un solo lado en un debate resulta, por decir lo menos, aburrido para los ciudadanos.

 

EC no ve problema alguno para el lector en su nuevo negocio. Por el contrario, considera que este beneficia al lector en su derecho a elegir, aun cuando sostenga, en el mismo texto, que este es un tema absolutamente empresarial que no atañe a la libertad de prensa. La contradicción no es poca cosa como veremos más adelante.

 

Sostiene, además, que cuando la Constitución en su artículo 61 prohíbe que la “prensa, radio, televisión y demás medios de expresión” sean objeto de monopolio, exclusividad o acaparamiento de privados o del Estado, solo se refiere a radio y televisión. “Prensa” es una palabra puesta ahí por gusto, de manera vana e inútil. No significa nada porque la norma constitucional no le aplica. Siguiendo ese razonamiento, la primera conclusión, es que no solo el acaparamiento, sino también el monopolio absoluto de la prensa escrita sería constitucional. ¿Y el monopolio del Estado en prensa? También ¿Por qué no?  Sería tan solo un premio al éxito. Como se ve, no parece ser lo que se dice en la Constitución ¿verdad?

 

EC construye su argumento señalando que la radio y televisión usa frecuencias finitas (lo cual dejará de ser cierto dentro de poco) y la prensa escrita es un bien infinito. Cualquiera puede fundar un periódico, señalan. Este argumento sería útil si la realidad tuviera otra cara. Juan Carlos Tafur –a quien nadie podrá acusar de no tener experiencia en fundar periódicos y revistas– ha señalado enérgicamente las enormes barreras de acceso que sufre toda nueva publicación. El cartel de los canillitas que cobra 25% de comisión a los diarios “viejos” y 30% a los “nuevos”; la imposibilidad de vender publicidad el primer año por el veto a la medición de lectoría o la falta de acceso a puntos de venta como grifos y supermercados, son solo algunos ejemplos. Señala Tafur que si el propietario no está dispuesto a perder (y no ver más) por lo menos un millón de dólares el primer año, que ni lo intente. La economía de escala que tiene un conglomerado deja fuera del mercado a cualquiera que trate de competir lealmente. Estas condiciones abusivas deberían ser evaluadas en algún momento
por Indecopi.

 

Sin embargo, el argumento central de EC es que este es un problema empresarial. Cualquiera que diga lo contrario es “chavista” porque encubiertamente está pidiendo regulación estatal en una seudodefensa de la libertad de expresión. Agradezco que citaran mi única columna en este tema en la SIP acusándome de estatista, lo cual no deja de ser sorprendente para quien se declara liberal y declara en esa misma columna que la ley de prensa no debe existir. No he cambiado de opinión. Mi preocupación es que la conducta empresarial de EC nos llevará a todos al Congreso inevitablemente si es que el mercado no corrige solo y pronto la distorsión actual.

 

Lo que creo, a diferencia de EC, es que sí hay un problema. ¿Cuál es la solución? No la sé, pero la respuesta nos la puede dar la línea de argumentación de EC. Si solo es un problema empresarial, entonces la consecuencia lógica es aplicar normas exclusivamente empresariales. Y las normas anti trust son exclusivamente empresariales y aplican a diversidad de giros, por ejemplo, en los Estados Unidos –que no es chavista, ¿no?–. En el Perú los únicos monopolios prohibidos en la Constitución son los de los medios. Entonces, ¿qué normas deben aplicarse? Normas antitrust. No cabe otra respuesta que sea consistente con la defensa de un libre mercado que es enemigo de los monopolios justamente porque la competencia desaparece y el consumidor pierde su derecho a elegir.

 

El debate continuará. Espero que cese el silencio unánime de los medios que agrupa EC. La mejor prueba de un control absoluto de la información que el lector recibe es la desaparición de un tema, un personaje, un debate o una historia en siete periódicos y un canal de TV. Eso no es justo para el 80% de los lectores.

TRONÓ LA VOZ DE UN PUEBLO HARTO TODO EL CONGRESO.

Algo bueno debe sacarse siempre de los días difíciles. La hoy tristemente célebre repartija unió a un país en contra del abuso de un poder del Estado. Y nuestro desconcertado país, a estas horas, ha triunfado. Celebremos pues una victoria. Twitter, Facebook, formularios de peticiones por Google, todo sirvió para hacer ver al presidente Humala y a sus aliados de ocasión que este abuso le iba a costar políticamente muy caro. Todos los medios de comunicación no estatales, con diferentes ángulos y énfasis, recogieron esta crítica y la hicieron propia. Y si al principio fueron miles en la plaza San Martín, en días podrían haber sido millones, canalizando otros hartazgos contenidos.

 

Cuatro fuerzas en el Congreso –fujimorismo, Gana Perú, PP y PPC– creyeron que podían escoger magistrados del TC y Defensora propios, a su personal servicio, en este reparto a la bruta impuesto con los votos. No pudieron con la reacción imprevista de la calle que vio el negociado político desde el instante en que concluyó la votación.

 

La Constitución ordena establecer consensos al pedir altas votaciones para la elección de determinados funcionarios públicos. El consenso puede lograrse de muchas formas, y una de ellas es la de dar mayor capacidad de propuesta a los grupos más numerosos. Pero una cosa es capacidad de propuesta y otra muy diferente canjear cupos partidarios por personajes que no tendrán ninguna autonomía frente a los intereses particulares de Ollanta Humala, Keiko Fujimori y Alejandro Toledo. Porque eso es lo que se ha estado jugando aquí. Ni siquiera intereses partidarios. Tanto es así que son estos mismos líderes los que han tenido que salir a salvar la cara en medio de la protesta.

 

¿Humala, Toledo, Flores unidos con el fujimorismo? ¿A cambio de qué? Es fácil imaginarlo. Humala, frenar toda acción de inconstitucionalidad contra sus leyes con sus tres votos, así como conseguir una acción de amparo para la postulación de su esposa. Toledo, utilizar el despliegue nacional de la Defensoría para hacer proselitismo. Fujimori, conseguir el hábeas corpus que abra la prisión del padre. ¿Y lo del PPC? Es francamente inexplicable y decepcionante.

 

El modelo constitucional de buscar consensos para el TC y la Defensoría está basado en buscar personas, que aún teniendo un pasado político estén más allá de los vaivenes de la coyuntura. Deben tener vida académica o experiencia profesional que acredite su solvencia jurídica y su independencia de criterio. Nada de eso se respetó. Se mezclaron corrección e incorrección, y en ese cambalache de “doy para que des” se quiso pasar por autónomo lo que no lo era.

 

Hay que añadir que el triunfo popular de este viernes no es de los partidos que se mantuvieron al margen. Si están cosechando algo, es el no haberse sancochado con el resto. La cuádruple alianza les regaló esta semana superioridad moral pero no por mucho tiempo. El desprestigio del Congreso y de la política asociada a la inmoralidad los afecta a todos. Bien sabemos que el cuoteo en el TC lo inventó el Apra, aunque con más discreción y salvando los requisitos básicos.

 

El lunes debe cerrarse este capítulo negro. Debe salvarse la elección del BCR que requiere una mayoría de 66 votos y que no estuvo en la discusión pública. Y tal vez, si hubiera alguna generosidad, votar los nombramientos, uno por uno (como debió hacerse) de Eguiguren, Sardón y Blume que, al fin y al cabo, reúnen todos los requisitos necesarios para ser magistrados. Para la Defensoría y el resto del TC se puede pensar en mejores candidatos en la próxima legislatura. Ojalá, esta vez, escuchen.