EL ÚNICO MINISTRO DE HUMALA

 

El drama de Eleodoro Mayorga y su secuela no han terminado todavía. Su desenlace y el sentido que toda la obra tendrá no son totalmente descifrables todavía. Pero hay cosas notables que han sucedido por el camino. Datos duros y datoides sin confirmar, pero todos parte de la obra, única en la breve historia de las relaciones entre este Ejecutivo y el Congreso.

 

Da la impresión de que Mayorga ya estaba condenado la semana pasada, y versiones sobre que su cabeza ya era parte del paquete de ofertas de Ana Jara en su gira por la oposición en pos de votos para la confianza. Pero súbitamente Ollanta Humala salió en su defensa, con una frase desafiante: no se dará la renuncia de un solo ministro. 

 

Bajo ese paraguas presidencial, con el que Humala dio a entender que prefería la censura a la humillación, el propio Mayorga declaró que no pensaba renunciar. Gesto de bravura que quizás contribuyó a que el gabinete obtuviera la confianza por un pelo. Pero el balance es que el gobierno ganó su batalla, y dentro del propio gobierno, Humala.

 

Pero la cosa sigue. Ahora Mayorga está enfrentado a la fuerte probabilidad de una interpelación con censura, y a algunos congresistas muy ofendidos porque el ministro ha dicho que los reales lobistas están en el Congreso. Una idea aquí es que la oposición quiere hacer pagar a Mayorga por la derrota que les fue infringida la semana pasada.

 

¿Cuán inmediata puede ser la caída de esa espada de Damocles? Depende mucho de la conducta de Ana María Solórzano, presidenta del Congreso. En sus manos está darle largas al inicio del proceso, pero esa facultad dilatoria tiene un límite. Sin embargo no es descartable que si Mayorga gana tiempo, puede llegar a encontrar con un contexto más favorable.

 

La idea de la interpelación sigue siendo más o menos la misma que la de la semana pasada: el Ejecutivo a merced del Legislativo. Un tipo de confrontación que ha puesto a prueba lealtades en el oficialismo, e incluso ha puesto en evidencia algunas fisuras en la cúpula de gobierno, que hasta ahora no aparecían con tanta claridad.

 

A nadie ha escapado que Humala ha sido el único defensor de Mayorga en el gobierno. El sector vinculado a Luis Miguel Castilla, al que se le atribuye una fuerte influencia por parte de Nadine Heredia, hizo mutis en los momentos decisivos. Momentos en que incluso la cabeza del titular del Ambiente estuvo a punto de rodar en la ruleta de la confianza.

 

En otras palabras, ha habido un instante del drama de Mayorga en que los intereses objetivos de una parte del Ejecutivo y buena parte de la oposición fueron los mismos. Lo que en jerga izquierdista se llama unidad en la acción. Ese es el sentido profundo de la obra.

ANTIALANISMO Y PROFUJIMORISMO.

A Alan García siempre le fue mejor electoralmente cuando ha sido percibido por un público esencialmente conservador como el mal menor en el menú de los candidatos. En 1985 fue la alternativa a la Izquierda Unida liderada por Alfonso Barrantes. En el 2006 obtuvo su triunfo frente a un Ollanta Humala visto como peligroso.

No es el único factor, pero es importante, y hace pensar en cómo le iría a García en el 2016 sin un rival percibido como peligroso al frente. Ese peligro puede venir de dos canteras: el fujimorismo con su raigambre antidemocrática o la candidatura de un bisoño impredecible. Acaso en ambos casos una mayoría se volcaría hacia García, si llega a la segunda vuelta.

El fujimorismo sabe que enfrentado a García lleva todas las de perder, y más con una candidata ligera como Keiko Fujimori. Por eso en el momento mismo en que la inhabilitación ha empezado a hacer agua, el fujimorismo ha salido al ataque del candidato aprista, dando a entender que sus votos congresales están disponibles para el oficialismo.

La parte poco comprensible de lo anterior es que Alberto Fujimori haya sincronizado el fallo del juez Velásquez con una iniciativa de firmas e inscripción en el JNE. García adelanta su ficha, y Fujimori debilita a la hija. ¿Es simplemente un mal manejo de los tiempos políticos? ¿Despecho? ¿O un intento de reorientar la estrategia del fujimorismo?

¿Qué reorientación sería esa? Celebrar y reivindicar el golpe del cinco de abril no parece una táctica productiva en un país que a pesar de todo es celoso de su ordenamiento democrático. Es el tipo de recuerdo que Keiko Fujimori ha estado tratando de dejar atrás, con cierto éxito, durante más de cinco años.

Si el discurso del hijo Kenyi llegara a imponerse, sin duda sería el gran aglutinador en contra del 2016. La hija Keiko avanzó en el 2011 con un discurso suave, no con uno duro.

Frente a la perspectiva de un retorno de los años 90, casi cualquier candidato rival podría ganar. ¿Pero cómo podría García ubicarse en ese lugar?

No parece fácil. De partida todos los candidatos del 2016 van a ser no fujimoristas y a la vez enemigos de García, de modo que él tendría que buscar otra ventaja competitiva para entrar a esa segunda vuelta. Es decir alianzas en torno del aparato aprista, en el estilo de su frente social del 2006. ¿Está todavía disponible ese gambito?

Hoy es temprano para decirlo. Pero al fin de este año ya no será temprano. García tiene que remontar un fuerte deterioro de su imagen e instalarse como un defensor de la democracia frente al peligro de un retorno de la dictadura. ¿Le hará el fujimorismo ese favor?

DE QUE FUGA EL TRÁNSFUGA?

Perú Posible propone sancionar a los tránsfugas del Congreso con la pérdida de la curul. Hay un pequeño problema lógico con este planteamiento, pues solo puede haber tránsfugas si la persona tiene hacia dónde fugar. En este caso dejar la bancada equivaldría a dejar el Congreso, y ser reemplazado por el accesitario. Más que tránsfugas, suicidas.

 

Pero dentro de los cauces de la coherencia, no vamos a ver un retroceso del transfuguismo mientras exista el voto preferencial, que propicia un sentimiento como de propiedad privada de la curul, a menudo entre personas que llegaron al Congreso sin la menor experiencia política. Así, ellos se llevan sus votos de un lado al otro del hemiciclo.

 

Lo cual lleva de vuelta al ya viejo tema de la debilidad de los partidos, que es lo que PP quiere atajar. Al haber dejado de ser una escuela de formación política y al haber perdido el control de su propia votación, los partidos políticos han quedado pintados en la pared del Congreso, sin posibilidad de imponer la menor disciplina.

 

El voto preferencial se impuso como parte de una campaña contra una dictadura de las cúpulas partidarias (una idea que a la cúpula de los militares saliente en 1980 les sonaba muy bien). Tres decenios después estamos viviendo la dictadura de figuras impredecibles en todo, recogidas al paso de las campañas y los membretes electorales.

 

El segundo factor que alienta el transfuguismo es la desaparición de toda ideología en la vida política. Como en el caso de las cúpulas, la crítica implícita en el título del libro El fin de la ideología (Daniel Bell, 1960) puede sonar bien, hasta que uno se topa con la alternativa que surge en la práctica política. Como que ya no se usa tener ideas propias.

 

Por ejemplo, ¿podría decirse que un congresista que ha mantenido las ideas radicales de izquierda con las que entró a la lista parlamentaria del nacionalismo y decide abandonar la bancada es un tránsfuga? En este caso, que en cierto modo replica el del Apra en el 2006, más bien estamos asistiendo al transfuguismo de toda una bancada.

 

De modo que el congresista puede sentirse dueño de su curul también porque no hay un lazo válido que lo sujete a la agrupación que lo llevó al Congreso. Ahora PP propone la expulsión de facto como solución al problema: el partido se siente a su vez dueño del congresista, aun si en los hechos es una suerte de socio al paso.

 

El tercer factor transfuguizante es la cultura de minifundio que cultivan muchos de los congresistas. La pequeña bancada permite lucirse más y llegar a mejores acuerdos que ser militante de una agrupación más grande.