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miércoles, 10 de setiembre de 2014

Eso del roba pero hace obra no es ninguna broma.

SIMPATÍA POR LA CORRUPCIÓN
 
 
Augusto Álvarez RodrichUn resultado decepcionante de este fin de semana fue la constatación –por si hacía falta– de que eso del ‘roba pero hace obra’ no es broma pues tiene más adeptos de lo que se pensaba (o, al menos, lo que pensaba este columnista).
 
Eso concluyó Datum cuando le preguntó a los limeños si votarían por el que ‘roba, pero hace obra’, obteniendo la frustrante respuesta de que el 41% sí lo haría, mientras el 56% no votaría por alguien así.
 
Que cuatro de cada diez ciudadanos no tenga problema en reconocerle a un encuestador, cara a cara, que no tendría reparos con un ‘corrupto eficiente’, y que no se haría mayores ‘paltas’ con entregarle su voto a alguien con vocación por el ‘choro’ pero habilidad para la obra, es francamente decepcionante.
 
El resultado puede ser más lamentable aún si se tiene en cuenta que entre el 56% que no votaría por el que ‘roba pero hace obra’ debe haber un segmento quizá no pequeño que sí lo haría pero que le da vergüenza reconocérselo al encuestador por eso del ‘qué dirán’.
 
Se puede concluir, entonces, que, al menos, la mayoría de la ciudadanía puede convivir sin mucho problema con la corrupción con la condición de que esta provea cierta obra. Hechos y no palabras. Goles son amores y no buenas razones.
 
Quizá esto explique el hecho de que la grave denuncia contra Luis Castañeda por el caso Comunicore, respecto del cual la procuradora de lavado de activos Julia Príncipe ha dicho que el ex alcalde podría ser incluido otra vez, no perjudique en modo alguno la intención de voto por Solidaridad Nacional.
 
O, también, que no cumplir con el requisito elemental de un candidato de llenar con rigurosidad la hoja de vida no le produzca al elector promedio ni una levantada de ceja.
 
O, para más señas, que Alberto Fujimori tuviera simpatía política incluso entre un segmento de la población que reconocía los hechos de corrupción que protagonizó.
 
¿Qué puede haber pasado para que tengamos esta tolerancia tan grande por el robo? Ojalá que no sea una simpatía por la corrupción, sino, quizá, solo una resignación ciudadana ante la vocación tan grande por el ‘choreo’ que exhibe la política peruana que –con excepciones tan dignas como escasas– se tiene desde los tiempos de la Colonia hasta nuestros días, y en donde la honestidad en el manejo de la cosa pública es toda una extravagancia.
 
Significa, también, un fracaso de nosotros los periodistas por no haber sido capaces de explicarle a la población que la corrupción perjudica tremendamente su calidad de vida, lo cual constituye un gran desafío para el oficio. Mientras eso no ocurra, como dicen, caballero nomás, roba, pero hace obra.

martes, 18 de diciembre de 2012

O P I N I Ó N

La carta de Álvaro
 
El debate sobre Torre Tagle y la política exterior.
 
 
Augusto Álvarez RodrichLa reacción más absurda frente a la carta abierta dirigida a Torre Tagle por Álvaro Vargas Llosa –enviada ayer desde el diario chileno La Tercera– sería explicarla a partir de enfoque patrioteros que, ni vienen al caso, ni apuntan a lo valioso que resulta hoy el debate no solo sobre la posición del Perú en la Corte de La Haya sino, lo que es más importante, sobre la orientación de largo plazo de nuestra política exterior.

 AVLL cree –a diferencia de, entre muchos, este columnista– que la demanda peruana en La Haya tiene pocas posibilidades de éxito, y manifestarlo es, sin duda, su derecho.


La verdad es un concepto complejo que se construye de muchas formas, lo cual explica que cada persona tenga ‘su verdad’, y defenderla es, especialmente en el periodismo –a diferencia de la diplomacia o la política– más importante, incluso, que la posición del país en la corte.
 
Pero la carta de AVLL permite adentrarse en un asunto más relevante para la política exterior y del país, a partir de su percepción de que “ha llegado la hora de que Torre Tagle dé un salto mental muy grande. El Perú tiene que poner su política exterior a la altura de su progreso económico y del mundo en que vivimos, que exige menos fronteras psicológicas y más imaginación. Una forma de hacerlo es acelerar la integración con nuestros vecinos”.
 
Por supuesto que dicha orientación de política exterior es la correcta, pero creo que Álvaro no reconoce que esa es, precisamente, la dirección en la que Torre Tagle viene avanzando, como institución, desde hace algunos años, a pesar de los problemas que imponen las urgencias políticas de los inquilinos del otro Palacio, el de Gobierno.
 
Y ese es el enfoque con el que, precisamente, se ha encarado la controversia con Chile en La Haya, sin hablar de la guerra, pues el mar es, sin duda, un asunto de la agenda del futuro, como se refleja en el interés de las naciones de todos lados por hacer valer sus derechos marítimos.
 
El manejo de la controversia con Chile refleja que Torre Tagle tiene una estrategia para ver el futuro a partir de la solución de los pendientes del pasado –de acuerdo al derecho internacional–, con el fin de que esto permita consolidar una relación bilateral que ya ha venido mejorando en los últimos años gracias a una creciente integración económica, cultural y en muchos otros campos.
 
En el corto plazo, el desafío de Torre Tagle será preparar, con inteligencia y sin triunfalismo, el momento del anuncio del fallo con el fin de que, cualquier que sea su inclinación, sea el punto de partida hacia dicho objetivo de política exterior, tal como ya lo ha venido haciendo para construir el clima propicio para administrar la relación bilateral durante la controversia en La Haya.

jueves, 13 de diciembre de 2012

O P I N I Ó N

Periodistas a la reja
 

Augusto Álvarez RodrichNo son buenos tiempos, estos que corren, para la libertad de expresión pues en distintos ámbitos del Estado peruano se está fortaleciendo la intención de limitarla con mecanismos indebidos.
 
 
La más reciente proviene del Poder Ejecutivo, el cual ha perpetrado un grave atentado contra la transparencia, el acceso a la información y la libertad de expresión mediante la publicación, el viernes pasado, del decreto legislativo Nº 1129 que regula el Sistema de Defensa Nacional.
 
El artículo 12º de esta norma establece que la opinión pública ya no podrá conocer ninguna información relacionada con la seguridad y la defensa nacional porque esta ha pasado a ser considerada secreta, sin excepciones ni límite de tiempo.
 
La naturaleza secreta de una información debe ser declarada, en cada caso concreto, mediante una decisión expresa y demostrando debidamente que su divulgación arriesga la seguridad o la defensa nacional.
 
Esto vulnera la convención interamericana de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 
Esta norma implica el riesgo de que el periodista responsable vaya a la cárcel por hasta quince años.
 
Con un mundo militar y policial donde le ponen ‘secreto’ hasta al rancho del día, los ladrones que abundan en estos ámbitos deben estar hoy celebrando la nueva norma.
 
No es la única amenaza. Ayer, en el Congreso, las comisiones de Justicia y Constitución aprobaron un proyecto que sanciona con hasta quince años de cárcel a quienes, públicamente, nieguen los delitos de terrorismo con la finalidad de promover la comisión de estos ilícitos, hacer apología, o utilizarlos para adoctrinar con fines terroristas.
 
Este proyecto pretendería corregir las graves deficiencias de la iniciativa previa preparada por el Ejecutivo, enfatizando la provocación a la comisión de delitos de terrorismo a través de la negación. Además, exceptúa a los abogados que defienden a un acusado de terrorismo, a sus familiares, y a los periodistas que difunden información relacionada con actos de negacionismo, sin intención apologística ni incitadora.
 
Esto mejora el proyecto previo, pero igual sigue transitando en zonas grises que se van a prestar a confusiones y eventuales abusos, mientras que no va a significar una herramienta significativamente útil para combatir al terrorismo.
 
Finalmente, en el ámbito del Poder Judicial, preocupa la facilidad creciente con que se aceptan demandas absurdas contra periodistas cuya única finalidad es amedrentarlos para que no sigan investigando a delincuentes, asesinos y ladrones .