Autor:
Luis Enrique Tantaruna Bedón *
En la historia del hombre siempre ha habido y habrá delincuencia, pero la ferocidad de la violencia delincuencial que inunda hoy todos los rincones del país es preocupante. Durante los últimos veinte años el país ha sido invadido por el culto a lo decadente, lo grotesco y lo violento.
La violencia se adueñó de las calles. Carteristas, narcotraficantes, delincuentes y sicarios nos obligan a enrejarnos. Hoy los ciudadanos somos los presos y los delincuentes propietarios de las calles. Observamos cómo campea la falta de ética del funcionario público que tiene muchas veces a malos policías como cómplices y actores de estos delitos.
La primera línea de la lucha contra la corrupción y la violencia delincuencial son los fiscales. Sin embargo, existe un peligroso adormecimiento en su accionar. Tanto ellos como su principal aliado: la Policía del Ministerio Público, han cedido terreno en esta lucha. Aun así, siguen siendo los fiscales los principales defensores de la legalidad del Estado, por ser los titulares de la acción penal, y deben, con resoluciones debidamente razonadas y motivadas, denunciar todos los delitos. Sin embargo, muchas veces no lo hacen de acuerdo con la real magnitud de los hechos.
Ante la comisión de un delito, generalmente existe una evidente manipulación policial por descuido de la función fiscal que procede a denunciar el hecho, tal como lo recibieron de la policía. En presencia de otros delitos mayores como el abuso sexual de menores, la extorsión, el hurto agravado, la corrupción de funcionarios públicos, la usurpación o el crimen organizado, etcétera, figuras legales que agravan la conducta delictiva, optan por la vía fácil de minimizar los hechos, sin tomar en cuenta que los mismos denunciados son reincidentes que usan un mismo modus operandi. Es allí cuando se detecta la mano invisible de los grandes estudios de abogados que consiguen resoluciones de archivamiento, sobreseimiento o de prescripción del delito.
Apenas unos días atrás vimos cómo un grupo de desadaptados asesinaron sin piedad a un prometedor joven, haciéndonos recordar otros crueles asesinatos en esos mismos recintos deportivos, o el balazo que recibió la niña Romina cuando asaltaron a su abuelo. Hace un par de semanas, un semanario local describió la crueldad con la que una familia de empresarios se ensaña con campesinos del Callao para despojarlos de sus terrenos con la ayuda de delincuentes digitados desde la prisión por el prontuariado "Cholo Jacinto".
El imperio de traficantes de terrenos se repite en Trujillo en donde delincuentes balean a un camarógrafo con la indiferencia cómplice de varios policías. Lo registrado hace un año en Chilca con la escandalosa participación de altos dirigentes de Cofopri, se repite en todo el Perú. Estos traficantes se disfrazan de "empresarios" y utilizan a avezados delincuentes y policías corruptos. He aquí un caso clamoroso de violencia delincuencial que tiene que enfrentar valientemente el Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, con firmeza y sin ceder a la presión de los poderosos para desbaratar estas bandas que actúan bajo la manifiesta protección de algunas autoridades venales sin importarles que, con el despojo de terrenos, se afecten física y sicológicamente a los agraviados, llegando hasta el asesinato de las víctimas.
No puede ser que la Policía y el Ministerio Público solo investiguen estos hechos como si fueran líos de vecinos por unos pocos metros de tierra, o como desacuerdo en los límites, omitiendo determinar que son delitos cometidos en asociación ilícita por una organización criminal. En muchos casos se ha individualizado a los autores intelectuales de estos crímenes, pero permanecen en la impunidad.
Está entonces en manos del Fiscal de la Nación actuar en concordancia con la política del combate a la corrupción y a la violencia delincuencial emprendida por el presidente Ollanta Humala Tasso, ya que ahora sí existe la voluntad política del Gobierno para hacerlo.
* Abogado.
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