Autor:
Llamil Vásquez *
Parlamentario andino Alberto Adrianzén rechaza discriminación y persecución contra migrantes ante inminente repatriación de paisanos.
El vicepresidente del Parlamento Andino, Alberto Adrianzén, dijo que en Alabama empezará una persecución contra unos 50 mil inmigrantes latinoamericanos, entre los que hay aproximadamente cuatro mil peruanos.
Adrianzén condenó el fallo de la jueza federal Sharon Blackburn que admite las medidas más severas antiinmigrantes estipuladas en la ley HB 56.
Una de esas medidas obliga a los Policías de Alabama, a arrestar a personas que “se vean, parezcan, o suenen a extranjeros” y mantenerlos detenidos sin derecho a fianza si su situación migratoria es irregular.
“De ahora en adelante, la Policía de Alabama perseguirá a gente por su aspecto y su acento. La jueza Blackbum ha ratificado los puntos de tinte racista de la ley HB 56 y esto lo rechazamos contundentemente”, dijo Adrianzén en diálogo con este matutino.
ALERTA
Una de esas medidas obliga a los Policías de Alabama, a arrestar a personas que “se vean, parezcan, o suenen a extranjeros” y mantenerlos detenidos sin derecho a fianza si su situación migratoria es irregular.
“De ahora en adelante, la Policía de Alabama perseguirá a gente por su aspecto y su acento. La jueza Blackbum ha ratificado los puntos de tinte racista de la ley HB 56 y esto lo rechazamos contundentemente”, dijo Adrianzén en diálogo con este matutino.
ALERTA
Indicó que hay suficientes razones para temer que en Alabama empiece una persecución en contra de los migrantes latinoamericanos, cuya población total asciende casi a 50,000 habitantes, entre ellos aproximadamente 4 mil peruanos.
“Este es un hecho sin precedentes en lo que concierne a leyes antiinmigrantes en los Estados Unidos, pues a diferencia del fallo emitido por la jueza Blackburn en Alabama, cuatro resoluciones de cortes federales de distrito y una de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito mantienen suspendida la instrumentación de medidas antiimigrantes de leyes en los estados de Arizona, Utah, Indiana y Georgia”, sostuvo Adrianzén.
El fallo de la jueza norteamericana ratificó puntos duros de Ley Alabama como la que pide sanción para los empleadores que contraten a irregulares y la que obliga a las escuelas a revisar el estatus migratorio de los estudiantes.
LEY DE CONSULTA
“Este es un hecho sin precedentes en lo que concierne a leyes antiinmigrantes en los Estados Unidos, pues a diferencia del fallo emitido por la jueza Blackburn en Alabama, cuatro resoluciones de cortes federales de distrito y una de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito mantienen suspendida la instrumentación de medidas antiimigrantes de leyes en los estados de Arizona, Utah, Indiana y Georgia”, sostuvo Adrianzén.
El fallo de la jueza norteamericana ratificó puntos duros de Ley Alabama como la que pide sanción para los empleadores que contraten a irregulares y la que obliga a las escuelas a revisar el estatus migratorio de los estudiantes.
LEY DE CONSULTA
Estarán todos los actores en reglamentación
El viceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, indicó ayer que la reglamentación de la Ley de Consulta dará a este mecanismo de diálogo un alto grado de legitimidad social debido a que su elaboración tendrá la mayor participación posible.
Indicó que el gobierno ha adoptado todas las previsiones para que se tomen en cuenta a todos los actores que estarán involucrados en los procesos de consulta, entre ellos, las comunidades indígenas. La Ley de Consulta otorga a los pueblos nativos el derecho a ser consultados sobre proyectos de extracción de recursos naturales en sus territorios, con el objetivo de llegar a un acuerdo que respete sus derechos. “La idea es que este proceso sea lo más participativo posible para lograr una reglamentación consensuada con el Estado, los agentes económicos, las comunidades, a fin de lograr que la ley tenga un alto grado de certificación y legitimidad social”, declaró.
Indicó que el gobierno ha adoptado todas las previsiones para que se tomen en cuenta a todos los actores que estarán involucrados en los procesos de consulta, entre ellos, las comunidades indígenas. La Ley de Consulta otorga a los pueblos nativos el derecho a ser consultados sobre proyectos de extracción de recursos naturales en sus territorios, con el objetivo de llegar a un acuerdo que respete sus derechos. “La idea es que este proceso sea lo más participativo posible para lograr una reglamentación consensuada con el Estado, los agentes económicos, las comunidades, a fin de lograr que la ley tenga un alto grado de certificación y legitimidad social”, declaró.
* Periodista
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