Escribe:
Ricaldi Ramírez Ruiz (*)
Nadie puede discutir el rol que el Estado de Derecho asigna a este organismo reconocido como Bienes Nacionales. Que por ley cumple un papel regulador, de control y disposición de bienes, terrenos, espacios aéreos, marítimos, geografía eriaza, bosques, puentes, carreteras y todo lo que pertenece a la Nación. Esta Institución, maneja el margesí de bienes y está facultada para otorgarle la mejor utilidad al servicio nacional.
También se sobre entiende que entre las facultades de la institución mencionada y los gobiernos regionales, locales, y otros como instituciones integrantes de las FF. AA., Policía Nacional del Perú, sector allegados a inversionistas privados que tienen concesiones con el Estado; deben existir coordinaciones y delimitaciones de funciones.
Con el cuadro funcional de atribuciones; Bienes Nacionales antes de disponer la adjudicación de terrenos en cualquier jurisdicción del territorio nacional debe hacer la consulta a los Municipios de esa jurisdicción en respeto al fuero constitucional. No respetarse esto, como ahora viene ocurriendo, implica que se produzca una sobre dimensión de decisiones que alteran afectando la autonomía administrativa, política y otras, reservadas por ley a favor de municipios y gobiernos regionales.
La escasa coordinación o desconocimiento a los derechos de las regiones y municipios por parte de Bienes Nacionales, viene alimentando un grueso conflicto de naturaleza social, ya eclosionados en muchos territorios del suelo patrio generando controversias y enfrentamientos; muchos de ellos que se ventilan en los poderes del Estado. Es necesario, que el Congreso de la República en respuesta a las demandas, apure disponer las medidas más prontas que pongan paridad y justicia en los excesos.
Uno de los tantos municipios quejosos, sorprendido por los excesos como viene actuando Bienes Nacionales es el Municipio de la provincia de Talara. Que como todos sabemos es zona petrolera, con una geografía social perfectamente definida, demarcaciones reconocidas entre los territorios reservados para la exploración y explotación de los recursos petrolíferos, actividades pesqueras, otras y demarcación urbana regulada por ley y en disposición de las municipalidades respectivas.
El avasallamiento que viene poniendo en ejercicio el organismo administrador de los Bienes de la Nación, ya da lugar a la incubación de sendos conflictos con afección de la estructura institucional del país. Por lo menos, en toda la provincia petrolera de Talara se viene observando que territorios, bienes, playas, áreas urbanas, reservas geográficas para el desarrollo social urbano, bosques y otros; con asombrosa arbitrariedad vienen siendo otorgados, vendidos a terceras personas en flagrante desconocimiento del papel que le corresponde a los gobiernos locales.
El conflicto que ya toma una dimensión preocupante en la zona petrolera está llegando a un punto de quiebre, al desmadre. Muchas áreas de terreno en el mismo centro urbano, patrimonio de la Municipalidad de Talara por desaporte histórico y otros efectuados en el marco de la Ley por Petróleos del Perú a partir de 1985; se adjudican con resolución misteriosa de Bienes Nacionales. Es el caso, que una área de terreno de playa de 40 mil metros cuadrados perteneciente a Talara y particularmente en posesión del gremio de pescadores por espacio de 60 años, ha sido vendido en beneficio de una firma coreana.
Esta última semana, los más prestigiosos programas de la televisión nacionales en sus reportajes dominicales, ya en calidad de denuncias, dieron a conocer el tráfico de terrenos, las disputas a mano armadas de territorios turísticos en la codiciada Máncora. Extraños, gente con poder económico, representantes de cárteles, conocidas familias de representantes de la política nacional, aparecen como dueños titulados por Bienes Nacionales.
Estas situaciones alarmantes se vienen produciendo en todo el litoral de norte peruano. Zona apreciada por el valor de sus exquisitos patrimonios turísticos, ahora pertenecen por decisión de Bienes Nacional a extraños. Esa toma de decisiones absurdas, conlleva a provocar un desajuste en el plan regulador de desarrollo de la Provincia que debe respetarse en favor de sus gobiernos locales. Un ejemplo patente de la intromisión de Bienes Nacionales es que la Bahía de Talara, sus ricas playas que son potenciales circuitos turísticos, se encuentran precariamente ocupadas, trastocando los objetivos sociales históricos. Hay que demandar estos abusos ante el Congreso de la República antes que nos volvamos inquilinos precarios de nuestro propio derecho.
(*) Periodista
Director NoticiasTalara.Com
Prensa Digital
No hay comentarios.:
Publicar un comentario