Me hicieron una pregunta muy curiosa y sugestiva; y se formuló de manera comparada. La misma se desplazó de la siguiente manera: Cuando se alteran las capacidades, idoneidad, eficiencia de muchos de los servicios que facilita el aparato del Estado, municipalidades, sector privado y otros... existen una gama de organismos creados especialmente para asumir la consulta, resolver, y de ser el caso, resarcir a la persona o ciudadano afectado.
Así por ejemplo, existe Indecopi, consucode, Sunass, Osinergmin; entre otras ocupadas en ventilar ya no irregularidades; más que esto, delitos; se tiene la Contraloría de la República, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Ministerio Público Tribunal Constitucional,, otras más, y hasta las comisarías.
La consulta específica tenía como naturaleza: Los costos y tarifas que aplican las municipalidades por los bienes y servicios que facilitan en los camposantos. Si bien, somos conscientes que esas tarifas están registrados en los respectivos cuadros tributarios aprobados en las respectivas sesiones de Concejo; no contempla, no preserva la mínima oportunidad, para que los vecinos tengan vela en el entierro; es decir, que puedan expresar sus universales opiniones defendiéndose de sistemas especulativos.
Las consultas compiten con los costos y tarifas onerosas, pareciera que el sistema municipal tiene en mente balancear sus ingresos, poniendo sobre costos -así lo afirman los afectados- al alquiler de nichos, partidas de defunción, venta de áreas de terreno dentro del camposanto para la construcción de mausoleos. Incluyendo, que hasta para sepultar a una persona que murió en condición de indigente en las fosas comunes, las exigencias no son compatibles con la realidad.
En la Municipalidad de Talara, la población cuestiona y rechaza, por ejemplo, las peticiones exageradas por compra de áreas para la construcción de mausoleos. Las tarifas son elevadísimas que no registran una racionalidad. Las escalas oscilan desde 4 a 8 mil nuevos soles por una área de 6 metros cuadrados. En otras ciudades del Perú, se tiene especial cuidado en establecer y aplicar una política que linde con lo estrictamente social; para esto, intervienen las Beneficencias Públicas, que regulan mecanismos internos de los cementerios.
Recusa la población a lo ya mencionado, que el Cementerio La Inmaculada de Talara, no responde al respeto que debe brindarse a las personas y difuntos que pernoctan en eterna morada. No se tiene establecida una adecuada zonificación que propicie el orden en la medida de ir copando el territorio del campo santo. La suciedad, falta de auténticos programas de higiene, servicios internos, agua son deplorables.
Se hizo la cuenta que al fallecimiento de una persona entre: Partida de defunción, traslado, alquiler de movilidades, caja mortuoria, atención a los asistentes y en otro caso a las plañideras, servidumbres, compra de dicho; como el muerto ya bien muerto, ya no puede autorizar gastos; la carga la asumen terceros, familiares, sumándoles los gastos de la enfermedad; se termina con deudos aniquilados, con grave desbalance de sus patrimonios económicos.
Por estas razones, que todavía no son todas; los honorables señores regidores encargados de copar con sus entendimientos está muy humana función, debe obrar con mayor tino, sentido social. y convencerse que este rubro, no es la panacea para cubrir desfinanciamientos municipales, o que les ayude en parar la olla. Hay que funcionar, tener mejor visión, mejores ideas y dejar de seguir persiguiendo y presionando a los difuntos en su irreversible viaje al más allá.
(*) Ricaldi Ramírez Ruiz
DIRECTOR
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