EDITORIAL…

La represión laboral tiene como espada, la ayuda de la  Policía Nacional (*)

 La represión laboral, se ha convertido en un eficaz método gubernamental, cuando se trata de anular las justas demandas de la clase trabajadora del país.  Durante estos cinco años de la administración nacional del presidente García Pérez, se tornó más evidente; si se quiere se ha convertido en la medida eficaz en el afán de meter miedo, efecto sicosocial, y debilitar la lucha de trabajadores y dirigentes.

Aquí, hay una terrible contradicción; flagrante delito de ignorar, hacer caso omiso a la Ley y la Constitución del Estado Peruano y permitir con ello, que el sojuzgamiento, la explotación y la intimidación cobren sus reales en detrimento de estos derechos constitucionales. Recordamos que somos una República Democrática.

Para poner las cosas en armonía, esto no es meramente de esta hora que vive el país y los trabajadores; si nos remontamos desde atrás, se comprueba que la relación laboral fue mucho peor, más cruenta. La historia está plagada de incursiones de barbarie por parte del Estado quien permitió que un brazo de la justicia peruana, se ponga del lado del empleador opresor.

Es inquietante observar la nula función tuitiva del Estado en la presencia y participación de sus poderes, que no han tenido anido ni reacción para poner coto, parar, proteger al trabajar cuando se le anulan y agravian en derechos. Es la misma Carta Constitucional, que establece como derechos constitutivos para todo trabajador, las garantías de organizar la función de sindicatos, derecho de afiliación, no al despido violento y abusivo.  La ley indica que la jornada normal de trabajo es de 8 horas, respaldada esta cultura laboral, por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) con sede en Bruselas.

La interpretación de incongruencia surge cuando al acudir al mandato legal y confrontarle con el comportamiento del Estado mediante la incursión de las fuerzas del orden, surge el conflicto interpretativo: Cómo puede ser que en este país, el ciudadano, los trabajadores que se amparan en la legalidad constitucional, les envíen fuerzas represivas en claro desafío con el mismo Estado de Derecho?  Los trabajadores cuando acuerdan un paro, una huelga, lo asumen porque estas garantías son armas de legalidad y legitimidad. De tal suerte nadie explica ni comprende cómo la Policía Nacional del Perú en respuesta a esto,  a su Reglamento y ley que la institucionaliza, incursiona en contra del derecho de los peruanos y los somete a un estado de represión.

Los pueblos del Perú viven este agravio, trabajadores de Puno, Huancavelica, Huancayo y de toda jurisdicción territorial, son masacrados, asesinados cuando hacen conocer que se violentan sus derechos.  El Estado interviene proponiendo neutralidad, justicia y derecho. Pero lo lamentable viene cuando la prensa nacional al dar a conocer los resultados de estas movilizaciones; los muertos, los masacrados, es siempre de un solo lado.

Y aquí, vamos al caso Talara. Huelgas, paros por doquier: Interoil, Imi, etc. En todo, las respuestas son dos y únicas: Primero empleadores insensibles y en flagrante desacato al mandato legal; y segundo, que la autoridad de trabajo en representación del Estado, nunca reconoce que la Constitución prevalece, los derechos invocados no han desaparecido; sin embargo no se conoce antecedente alguno desde donde esa oficina haya considerado legal y legítima la posición de trabajadores.

Más grave aún, es verificar como una de estas empresas, contratan desde la ciudad de Sullana, a piquetes de policías ordenándoseles ponerse de su lado, masacren al trabajador, establecen estados de sitio, violación de los derechos constitucionales; todo por miserables platos de lentejas y... alojándolos sin importar los gastos en un conocido hotel de la Urbanización Fonavi. Una Nación es más desarrollada,  no cuando tiene más dinero guardado en el Banco de Reserva, sino cuando reserva sus leyes y respeta a sus conciudadanos.

(*) Ricaldi Ramírez Ruiz

DIRECTOR