Pariñas/Talara, jul. 10. En lo que va del año, en el distrito de Pariñas-Talara, un promedio de 500 denuncias, vienen siendo tramitadas por el Ministerio Público por violencia familiar, siendo los niños que viven en diferentes asentamientos humanos los más perjudicados. Casos que con frecuencia se registran y son denunciados en la comisaría de Talara Alta, y que la mayoría de ellos terminan archivándose porque las víctimas no cooperan con el proceso, retractándose o simplemente no acuden al examen médico legal.
Esta estadística se dio a conocer en el "I Encuentro de Actores Locales-Unidos por los Niños, Niñas y Adolescentes de nuestra Región" organizado por el Gobierno Regional en esta ciudad, cuyo objetivo es la de fortalecer políticas públicas, articulando acciones referidas a la atención, protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
El Primer encuentro se llevó a cabo en el Salón Multiusos, a donde acudieron representantes de la Demuna de los diferentes distritos que conforman la Provincia de Talara, UGEL, Ministerio Público, Salud, delegados regionales y Sociedad Civil, quienes luego de escuchar a los ponentes sobre temas de problemática de vulnerabilidad de derechos de niños y adolescentes, decidieron conformar el Consejo Regional de los Derechos de Niños y Adolescentes-Talara.
La representante del área de desarrollo social del Gobierno Regional, Ornela Valladolid, expresó que así como en las diferentes Instituciones Educativas, se difunde a los escolares, temas referentes a sus deberes y derechos, el resto de las autoridades locales, deberían poner en marcha la difusión de la no violencia a estos derechos, formando un comité que encueste, denuncie y vigile los casos de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Provincia, para reducir el alto índice dado a conocer.
La fiscal de la Familia, Paola Gallo Yamunaqué, fue enfática en señalar que en Talara son muchos los casos denunciados por violencia familiar, siendo los más perjudicados los niños y madres que viven en asentamientos humanos, cuyos casos pasan necesariamente por la instancia civil, pero si solo son lesiones siguen el proceso n esta instancia y los que exceden de evaluación 10 del médico legista, pasan a la instancia legal.
Sin embargo informó que la mayoría de los casos ameritan una resolución de archivo, ya que las víctimas no cooperan con el proceso, retractándose luego de denunciar el maltrato y no van a médico legal y para que ello hay que trabajar en la parte cultural, buscando los mecanismos necesarios para crear conciencia que todos tenemos los mismo derechos y nadie pude vulnerarlos. (Colaborador: Víctor Arrunátegui)
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