Lima, jun. 18. El director adjunto del Instituto de Defensa Legal (IDL) recordó que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en San José de Costa Rica, en el caso Barrios Altos y La Cantuta confirman que hay una prohibición expresa. “Si el presidente Alan García, vía el ejercicio de sus potestades presidenciales, quiere indultar al ex mandatario Alberto Fujimori debería pedir la opinión de la Corte IDH”, sostuvo Carlos Rivera Paz.
“La consulta sobre el indulto a Fujimori tendría que ir dirigida a que si es el Estado peruano –porque es el que ha sido sancionado– tiene la atribución, vía el ejercicio de las potestades presidenciales, de generar una excepción autorizada por la Corte IDH de hacer una interpretación de que una persona que tiene determinadas condiciones graves y extremas que afectan su salud pudiera aplicar el indulto humanitario”, indicó.
“Eso es una salida de carácter institucional y que estaría blindada con todas las coberturas de legalidad posible, que creo que son las que deben valorarse y ejercitarse en un caso de esta naturaleza, para que no aparezca como una suerte de toma y daca político sobre algo tan importante que se está discutiendo”, agregó.
Comentó que es usual que los Estados le pidan una opinión al organismo supranacional, tras recordar la consulta que el Perú formuló sobre el carácter vinculante de la sentencia emitida en el caso Barrios Altos y la Ley de Amnistía. “Es decir, los Estados tienen la posibilidad de solicitar una interpretación del conjunto de las sentencias o de específicos párrafos contenidos en una determinada resolución”, apuntó.
Corte prohíbe indulto para violadores de derechos humanos
Paz Rivera recordó que las sentencias emitidas por la Corte IDH en el caso Barrios Altos y La Cantuta confirman que hay una prohibición expresa para el otorgamiento de una amnistía, de prescripciones o indultos para los condenados por violación de derechos humanos. Indicó que un indulto político a favor de Alberto Fujimori sería ilegal y contrario a las obligaciones internacionales contraídas por el Perú.
“Por eso, el marco legal sobre la cual hay que hacer una evaluación del indulto tiene que confrontarse con esas decisiones de la Corte Interamericana y con las normas penitenciarias peruanas, curiosamente dictadas en pleno gobierno de Fujimori, que prohíben el otorgamiento de indultos para secuestro agravado. Fujimori está condenado por eso, hay una doble prohibición legal para su otorgamiento: ni la norma penal peruana ni las sentencias de la Corte establecen una excepción a la regla”, comentó.
Nuevo gobierno debe respetar independencia del PJ
Por otro lado, el letrado confirmó que el balance de la administración de Alan García en materia de derechos humanos es bastante negativo en todos los ámbitos, sobre todo en el tema del proceso de judicialización, donde se registró un claro retroceso.
“No es una imaginación nuestra [sobre el estancamiento], eso fue [parte de] campañas diversas del Gobierno que tuvo punto de culminación en este Decreto 1097, que era la mayor evidencia de que estaba decidido a liquidar todas las causas de derechos humanos. Los casos de las víctimas han sufrido un estancamiento y ese es uno de los retos más importantes de este gobierno”, añadió.
El director adjunto del IDL rencionó que el nuevo gobierno deberá dar muestras de que dejará trabajar con independencia al Poder Judicial, sin presiones políticas y sin desarrollar actos encaminados a garantizar la defensa legal de militares implicados en la violación de derechos humanos. “Uno de las cosas más nocivas que generó el gobierno de García fue crear una situación de inequidad hacia las víctimas. Hay una responsabilidad alta de Humala al respecto”, concluyó. (Andrés Abad Tejada)
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