OPINIÓN… Humala: la clave del apoyo social

Escribe:

Santiago Pedragio (*)

El gobierno del presidente Ollanta Humala tiene muchos desafíos, pero uno es el más importante y urgente: construir una base social, un apoyo popular que le permita mantenerse los próximos seis meses por encima del 40% de aprobación. Es el mínimo que requiere para emprender las reformas a las que se comprometió en su 'hoja de ruta’. No hablemos del plan original con el que ganó la primera vuelta, que exigiría una fuerza superior.

Es verdad que Alan García gobernó con solo 30% o menos de aprobación, pero el detalle es que lo hizo de la mano de quienes no solo valen un voto en las urnas, como cualquier ciudadano, sino de aquellos que representan los principales poderes fácticos: empresariales, financieros, mediáticos y religiosos. El caso de Alejandro Toledo fue parecido: navegó democráticamente, pero sin pretender reformas sustantivas, excepto el inicio del proceso de descentralización.

¿Cómo conseguir esa difícil meta sin desbarrancarse por la vía del autoritarismo ni perder el rumbo concertador y centroizquierdista que el presidente Humala está imprimiendo a su gobierno? Lo primero es ejercer a plenitud la voluntad de gobernar y demostrar que se está haciendo. Aunque parezca una tautología, la mayoría de peruanos quiere un gobierno que gobierne.

Lo segundo es cumplir con las promesas de la 'hoja de ruta’, ni más ni menos. Pésimo sería que los gobernantes se perdieran en batallas distractivas, como la reforma de la Constitución. Esto sobre todo cuando, vía Petroperú, Electroperú y otras, se puede lograr una mayor presencia del Estado en negocios rentables sin tener que abrir debates parlamentarios interminables. Muchos peruanos verían esa discusión como una “pelea de blancos” en la que, además, difícilmente los pro reforma alcanzarán la mayoría calificada. Parte de gobernar bien es poner orden en sus filas: está bien que sea un frente y que existan tendencias, pero estas no se pueden convertir en una oposición de hecho.

Es urgente para el Gobierno, igualmente, no solo anticiparse a los conflictos sino cambiar inmediatamente algunos parámetros del esquema de producción extractiva impuesto en los últimos veinte años: se requiere subir el estándar medioambiental, y el Estado debe cumplir su doble papel de promotor de la inversión y protector de los derechos ciudadanos.

Otras prioridades son tolerancia cero a la corrupción, presencia directa y constante del presidente en las regiones, programas sociales bien ejecutados –Juntos, Pensión 65 y Cuna Más– y ampliación de la cobertura del seguro de salud.

(*) Analista Político.